Nuevo paro en el transporte público de pasajeros

El nuevo paro de ómnibus por tiempo indeterminado ha puesto nuevamente en jaque a los tucumanos que emplean ese transporte público. Se trata de un problema que ya tiene algunos años, y que a medida que pasa el tiempo se profundiza. Parte de este servicio viene siendo subvencionado por el Estado y la crisis del sistema se agrava por el anuncio de la Nación de que se suprimirán esos subsidios. Como ya esos dineros eran insuficientes, según los empresarios, estos solicitaron en varias oportunidades el incremento del boleto (dos veces el año en curso) y vienen presionando por una nueva suba.

La semana pasada, los choferes de ómnibus efectuaron una huelga de 24 horas porque no les pagaron ítems de sus sueldos que forman parte de acuerdos salariales. Frente a la medida de fuerza, Aetat dijo entonces que el sector necesitaba, antes de la Navidad, una asistencia económica de $100 millones.

El Gobierno provincial anunció a comienzos de diciembre que se haría cargo de gran parte de los subsidios nacionales que cesarán en 2019. Para ese año, el valor global de la ayuda económica para las empresas tucumanas ronda los $2.250 millones. El vicegobernador afirmó que la Provincia ya había realizado un esfuerzo significativo con el sector. “Nosotros ya hicimos un gran aporte. Desde el 1° de enero, el Gobierno hará un aporte de casi $1.600 millones anuales. La Nación se comprometió a aportar $700 millones. Nosotros hasta ahí llegamos”, manifestó. Por su parte, el titular de la Unión Tranviarios Automotor, gremio que nuclea a los choferes, señaló que los empresarios les adeudan dos sumas que se acordaron en paritarias y que ya deberían haber sido pagadas.

Ayer el Gobierno inició gestiones para que las firmas pudieran acceder a un crédito de la Caja Popular de Ahorros por $100 millones para que puedan salir del paso y se levante la huelga de los colectiveros. Sin embargo el vicepresidente de Aetat condicionó la toma de ese préstamo al incremento del precio del boleto; está actualmente en $15,50 y piden que suba a $27.

Si se accediera a esta solicitud a la mayoría de los trabajadores se les haría prácticamente imposible viajar, debido a sus salarios están muy rezagados respecto de la enorme suba de tarifas que han experimentado servicios básicos como la luz, el gas, el agua. Las personas que trabajan en el comercio, llegan a gastar cuatro boletos en un día y si a ellos se les agrega el grupo familiar el gasto diario sería insostenible.

El servicio arrastra asignaturas pendientes desde 2006, tales como la falta de cumplimiento de la ley provincial 7.811; una queja constante de los usuarios es la escasa limpieza, el mal estado de muchas unidades, así como la falta de aire acondicionado y el déficit en la frecuencia horaria de varias líneas. Cada vez que se les concede una suba en la tarifa, los empresarios se comprometen a mejorar el servicio.

Un paro de ómnibus perjudica económicamente no sólo a los trabajadores, sino también al comercio, a la actividad pública y privada, a la gente. Los empresarios condicionan la prestación del servicio a que el Gobierno provincial les dé más plata y al municipal para que aumente el boleto; naturalmente, los trabajadores tratan de cobrar lo que les deben. Como ocurre generalmente en estos casos, la variable de ajuste es el usuario, quien paradójicamente es el que con su bolsillo mantiene el servicio. Es hora de que autoridades y empresarios busquen una solución de fondo a este conflicto.