Por Gustavo Rodríguez
22 Febrero 2019
la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo)
El lunes, un día antes de que se cumplan 13 años del crimen de Paulina Lebbos, después de un largo debate oral que duró más de un año, los jueces Rafael Macorito, Carlos Caramuti y Dante Ibáñez darán a conocer la sentencia del juicio más importante de los últimos tiempos. Son seis los acusados que escucharán el fallo del debate que se inició por la privación ilegítima de la libertad, el homicidio y el posterior encubrimiento del crimen de la estudiante.
Todas las otras teorías que surgieron en el debate sobre la desaparición y muerte de la joven no serán tenidas en cuenta por los jueces. Antes de dar a conocer la sentencia, podrían solicitar una nueva investigación de esas hipótesis. El tribunal también comunicará el lunes si se les dicta a los acusados la prisión preventiva, tal como solicitaron el fiscal Carlos Sale y Emilio Mrad, representante de la querella que inició Alberto Lebbos, padre de la víctima.
Esperan la sentencia
- Roberto Gómez: Un celular lo complicó desde un principio
“Soy el perejil de esta causa, el asesino que inventó el fiscal (Diego) López Ávila”, declaró Roberto Luis Gómez, el único imputado por la desaparición y la muerte de la joven. La Justicia le imputó esos delitos porque el electricista de San Andrés colocó un chip que estaba a su nombre en el teléfono de Paulina el mismo día de su desaparición. Su estrategia defensiva se basó en tratar de demostrar que los informes técnicos del aparato no eran correctos y decir que la noche en la que desapareció la estudiante había participado de una fiesta familiar. Sin embargo, cuando habló delante de los jueces, no pudo ni supo explicar cómo el aparato había llegado a sus manos. Sus defensores, Macario Santamarina y Horacio Villalba, mostraron el as que tenía en la manga cuando realizaron el alegato: pidieron la nulidad de los informes que habían realizado los peritos sobre el uso el teléfono, planteo que el tribunal decidió responder antes de la sentencia.
la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo)
Los pedidos de las partes
Pedido de Carlos Sale, fiscal de Cámara: pidió 10 años de condena por considerarlo partícipe secundario en la privación ilegítima de la libertad y posterior crimen de la joven.
Pedido de Emilio Mrad, querella: prisión perpetua por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio.
Pedido de sus defensores, Horacio Villalba y Héctor Santamarina: absolución.
- Eduardo Di Lella: Los careos lo terminaron complicando
El ex secretario de Seguridad de la provincia negó su participación en el hecho, pero terminó complicándose con los careos. Cuando enfrentó a Alberto Lebbos, desmintió cada una de las afirmaciones en su contra y lo trató de mentiroso. “Ninguna causa noble se puede dilucidar y sustentar en la mentira”, le gritó en la cara. Cuando se sentó frente al ex jefe de Policía Hugo Sánchez, dejaron en claro que el 26 de febrero estuvieron juntos en una reunión social del club de Veraneantes de Raco y que no mantuvieron ninguna reunión para tratar la desaparición de Paulina en la que supuestamente participaron Héctor Brito (otro de los imputados) y el comisario Enrique García, que fue condenado por irregularidades. Sin embargo, en el debate nunca llegó a probarse la realización de esa fiesta. Cuando se careó con Brito, ex jefe de la Unidad Regional Capital, trató de demostrar que él no dio órdenes en el lugar donde se produjo el hallazgo. Como estrategia defensiva, su abogado, Gustavo Morales, durante todo el juicio pidió que se ampliara la investigación en contra de Alejandro Noguera (el primer fiscal que entendió en la causa), Edmundo Jiménez (actual ministro Fiscal y ex ministro de Gobierno en la fecha que se produjo el crimen), el el gobernador José Alperovich y sus hijos Gabriel y Daniel; César Soto (pareja de la víctima); y Virginia Mercado (la última persona que la vio con vida) y su entorno, entre otros.
la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo)
Los pedidos de las partes
Pedido de la fiscalía: solicitó seis años de condena por los delitos de encubrimiento real agravado, en concurso ideal con la falsificación de instrumento público. Pidió que se los inhabilite durante 10 años para ocupar cargos públicos.
Pedido de la querella: agravó los planteos de la fiscalía y solicitó que reciba una pena de 14 años y seis meses y adhirió al planteo de inhabilitación de ocupar cargos públicos durante 10 años.
Pedido del defensor Gustavo Morales: absolución.
- Hugo Sánchez: el acusado que perdió la sonrisa en el juicio
“Se acabó, llegó la hora de la verdad”, fueron la palabras que emitió el ex jefe de Policía al cronista de LA GACETA en el primer día de la audiencia. Jamás se imaginó que escucharía la sentencia estando detenido. El lunes, cuando se conozca el fallo, cumplirá 10 meses de encierro por haber amenazado un testigo (el perito Fernando Vázquez Carranza) a través de un mensaje que envió su abogado. El imputado, que fue el que más declaró durante la audiencia para tratar de demostrar su inocencia, fue asistido por tres defensores Andrada Barone (fue separado de su función por el insólito mensaje intimidatorio), José Luis Chabán (renunció por violencia moral) y Alejandro Biagosh. Al hábil declarante le rechazaron una y otra vez sus pedidos de libertad. En un primer momento fue llevado al destacamento que tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto y luego, por un pedido especial del ministerio de Seguridad de la Nación, terminó en una celda de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal, en Barrio Norte. En sus interminables declaraciones, negó sistemáticamente haber realizado maniobras de encubrimiento, pero varios testigos aportaron indicios en su contra.
la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo)
Los pedidos de las partes
Pedido de la fiscalía: solicitó seis años de condena por los delitos de encubrimiento real agravado, en concurso ideal con la falsificación de instrumento público. Pidió que se los inhabilite durante 10 años para ocupar cargos públicos.
Pedido de la querella: agravó los planteos de la fiscalía y solicitó que reciba una pena de 14 años y seis meses y adhirió al planteo de inhabilitación de ocupar cargos públicos durante 10 años.
Pedido del defensor Alejandro Biagosh: absolución.
- Nicolás Barrera: un ascenso lo terminó complicando
El ex subjefe de Policía, como los otros imputados, negó tajantemente haber realizado maniobras de encubrimiento. Barrera, que no estuvo en la escena del hallazgo del cuerpo y que no participó en la polémica y misteriosa reunión que se realizó en Raco y en la que supuestamente estuvieron Sánchez, Di Lella y Brito, se complicó por otra razón: el ascenso de Enrique García, el ex comisario que ya fue condenado por haber cometido irregularidades en la investigación del caso. Él, según se estableció en el debate, realizó varias gestiones para que el funcionario policial fuera ascendido, a pesar de las irregularidades que cometió, y fue quien lo visitó. Por recomendación de su defensor Gustavo Carlino, declaró que él había hecho todas esas diligencias por orden de Sánchez. En una de las audiencias, antes de que se conocieran los detalles de su participación en la promoción de García, sufrió una crisis de nervios y, a los gritos, dijo: “el fiscal López Ávila me cagó la vida”..
la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo)
Los pedidos de las partes
Pedido de la fiscalía: solicitó seis años de condena por los delitos de encubrimiento real agravado, en concurso ideal con la falsificación de instrumento público. Pidió que se los inhabilite durante 10 años para ocupar cargos públicos.
Pedido de la querella: agravó los planteos de la fiscalía y solicitó que reciba una pena de 14 años y seis meses y adhirió al planteo de inhabilitación de ocupar cargos públicos durante 10 años.
Pedido del defensor Gustavo Carlino: absolución.
- Waldino Rodríguez: el acusado que sorprendió por su sinceridad
El ex policía de Raco fue quizás el imputado que más datos aportó en contra de los otros acusados durante el juicio. Como hombre de campo habló lo justo y necesario, pero con una sinceridad abrumadora. Responsabilizó a García y a Brito por los “aprietes” que recibieron los hermanos Goitea para que dijeran que la Policía había encontrado el cuerpo y no ellos. Reconoció además que lo obligaron a firmar un acta y dio precisos detalles de qué ocurrió durante las primeras horas después de que encontraran el cuerpo de Paulina. Sin embargo, en las audiencias hubo testigos que dijeron que él podría haber colaborado para que se cometan estas irregularidades.
la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo)
Los pedidos de las partes
Pedido de la fiscalía: seis años de prisión por ser partícipe necesario en el encubrimiento agravado, en concurso ideal con la falsificación ideológica de instrumento público; por coacción y por falso testimonio en concurso real.
Pedido de la querella: solicitó que se lo condene a siete años por los delitos de encubrimiento, falsificación ideológica y falso testimonio.
Pedido del defensor Carlos Posse: absolución.
- Héctor Brito: ¿un misterioso caso de obediencia debida?
El ex jefe de la Unidad Regional Norte, a lo largo del juicio, trató de demostrar que él no tomó ningún tipo de decisiones en el operativo que se desarrolló en el lugar del hallazgo del cuerpo y que siempre trató de hacer lo imposible para que la investigación fuese lo más transparente posible. Sin embargo, no pudo aclarar situaciones clave como, por ejemplo, por qué ordenó que interviniera la comisaría de Raco y no la de Tapia, que por jurisdicción correspondía. Tampoco pudo despegarse de las acusaciones de varios testigos que lo ubicaron como el hombre que le había dado órdenes a García para que fraguara actas y alterara testimonios; y otros dijeron claramente que él escribió todas las actas irregulares. Tampoco detalló qué responsabilidad le correspondía a cada uno de sus superiores.
la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo)
Los pedidos de las partes
Pedido de la fiscalía: solicitó seis años de condena por los delitos de encubrimiento real agravado, en concurso ideal con la falsificación de instrumento público. Pidió que se los inhabilite durante 10 años para ocupar cargos públicos.
Pedido de la querella: pidió una condena de 12 años por delitos de encubrimiento y falsedad ideológica, entre otras.
Pedido del defensor Cergio Morfil: absolución.
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