Por Gustavo Rodríguez
01 Marzo 2019
JOSÉ DÍAZ. Renunció a su cargo el miércoles.
El punto 37 de la sentencia del juicio por el secuestro, homicidio y posterior encubrimiento de Paulina Lebbos sigue generando polémicas. Serían al menos otros dos funcionarios del área de Seguridad que deberían ser investigados por haber cometido irregularidades en el caso que conmocionó al país.
José Díaz y Francisco Picón, jefe y subjefe de la fuerza, dejaron sus cargos luego de que se conociera que habían quedado involucrados en el hecho, aunque oficialmente esgrimieron situaciones personales. Ahora en esa lista también aparecería el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, y Néstor Juárez, titular de la Dirección de Institutos Penales.
El lunes por la noche, de manera sorpresiva, los jueces Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti resolvieron que se investigue a todas las personas que participaron en el proceso de la ilegítima reincorporación reincorporación y ascenso de Enrique García, el comisario que fue condenado por haber cometido irregularidades en el hallazgo del cuerpo de la estudiante universitaria.
En la resolución, los magistrados señalaron que los nuevos sospechosos podrían enfrentar procesos por encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Hasta el momento no fueron identificados, pero es muy probable que se conozcan sus nombres el 13 de marzo, cuando se leerán los fundamentos del fallo.
Además de los condenados Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de la fuerza) y Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte), también quedaron involucrados Díaz, Ibáñez (el único que no declaró en el juicio), Juárez, Mario Racedo (ex jefe de Policía) y Heberto Cortés (ex jefe de Seguridad de Atlético y actual responsable de los custodios del intendente bandeño Darío Monteros). Di Lella, Mario López Herrera (ex ministro de Seguridad) y el senador José Alperovich también podrían ser investigados por haber firmado los decretos en los que se aceptaron los beneficios otorgados al oficial condenado.
Detalles
“Se trata de al menos dos juntas que se realizaron. En una de ellas participaron Ibáñez y los funcionarios policiales que luego ocuparon cargos importantes en la fuerza. Era hora que hayan salido a la luz todas esas irregularidades”, señaló Alberto Lebbos, quien asumió el rol de querellante en la causa.
Según el padre de la víctima, una de las juntas se hizo a los pocos meses del homicidio de la estudiante y la otra, en 2010.
Un ex asesor letrado de la fuerza y la actual abogada de la Policía reconocieron durante el debate oral que el tratamiento que se hizo con el caso García fue irregular.
Los acusados, en cambio, se responsabilizaron entre sí. Los testigos dijeron que habían recibido órdenes de Di Lella, Sánchez y Barrera. El ex jefe de Policía, Díaz, indicó además que el sistema de ascensos de la fuerza era perverso. Cortés, en cambio, consideró que este proceso fue irregular.
Otro caso
El caso de Picón es diferente. El tribunal pidió que el ex subjefe de Policía fuera investigado por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsificación ideológica de instrumento público, por haber fraguado un acta.
“Cuando leo el acta veo que no coincidía. García me dijo que los Goitea (los hermanos que habían encontrado el cuerpo a la vera de la ruta 341) no querían aparecer”, explicó en el juicio el segundo jefe de la fuerza. “Esto se hace así, la encontró la Policía”, dijo Picón que le respondieron desde otra oficina. “Hice un acta que no releí, la imprimí y la firmé”, fundamentó.
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