Falta claridad para frenar el conflicto en el transporte

La incertidumbre con respecto a la regularidad del transporte de pasajeros en Tucumán ha retornado puntual. En la edición de hoy, la asociación empresaria del sector alerta que todo se encamina hacia a la reedición del conflicto de febrero. Como se recordará, las firmas habían abonado sólo el 50% de los sueldos, por lo que los trabajadores hicieron dos paros.

Los concesionarios advierten que lo mismo puede ocurrir la semana próxima, cuando comienzan las clases. Alegan que están en crisis por el incremento del valor de los insumos por la inflación, la supresión de subsidios y la no actualización de la tarifa.

Hay tres frentes en esta coyuntura. Y un elemento común: la falta de claridad.

En primer lugar, falta claridad respecto de la realidad de los subsidios nacionales y provinciales para las empresas de colectivos. LA GACETA ha publicado larga y detalladamente, cuando estallaron las huelgas del mes pasado, la polémica entre funcionarios de la Casa Rosada y de la Casa de Gobierno en torno de esas asistencias económicas. La administración federal sostiene que, mediante el “consenso fiscal”, le ha compensado a Tucumán los recursos que ya no remite como subsidios al gasoil para las empresas. El Gobierno provincial, por el contrario, sostiene que hay un desequilibrio del 50% entre lo que se perdió y la compensación nacional.

No puede haber dos versiones respecto de un mismo recurso, que es el dinero de los contribuyentes. La falta de transparencia impide diseñar soluciones porque no hay un plano de certezas desde donde explorar entendimientos.

En segundo lugar, falta claridad en las autoridades acerca de cuáles aspectos de la cosa pública no pueden, de ninguna manera, estar sujetos a las especulaciones de un año electoral. En el sector público, el Concejo de la capital establece el valor del viaje urbano, mediante una ordenanza que puede ser promulgada o vetada por la Intendencia. Y la Secretaría de Transporte de la Provincia fija los precios de los pasajes interurbanos, con el visto bueno de la Gobernación. Aunque lo usual ha sido, durante las últimas dos décadas, que la Municipalidad incremente el valor de la tarifa urbana y que luego la Provincia traslade idéntico porcentaje a la tarifa interurbana, también son numerosas las ocasiones (principalmente entre 1995 y 1999) en que se hado a la inversa. Hoy, una de las razones (no explicitada, pero evidente) por las que no se concede un aumento del “boleto” es porque ni el Ejecutivo municipal ni el Ejecutivo provincial, de signos políticos enfrentados, quieren hacerse cargo de la suba de esa tarifa. Todo por el contrario. Es la educación de los niños y el trabajo de los adultos lo que está en juego. Los primeros pierden días de clases. Los segundos deben desequilibrar los ya ajustados presupuestos familiares para pagarse taxis y no faltar a sus labores. No se debe hacer política con eso.

En tercer término, falta claridad para los usuarios acerca de por qué deben pagar más caro por el servicio que reciben. Las quejas por el mal estado de las unidades, las frecuencias deficientes y hasta la falta de higiene en los colectivos son constantes (como se observa en el servicio de LA GACETA en WhatsApp) contra casi todas las concesionarias.

El transporte público no es un impuesto: es un servicio. El Estado debe vigilar que la prestación sea la adecuada. Pero la calidad y el confort son responsabilidad del sector privado.