09 Marzo 2019
JUEZ DENUNCIADO. Roberto Guyot al jurar en el cargo.
“La denuncia que hicieron los presos no tienen ningún tipo de asidero”, aseguró el juez Roberto Guyot a LA GACETA. El magistrado dijo que actuó como lo establecen las leyes.
Guyot aclaró que el caso se inició cuando él estaba actuando como juez de feria en enero. “Luego de que se hiciera la denuncia por apremios, se envió al médico forense para que lo revisara. El profesional constató que las lesiones que presentaba tenía una evolución de siete meses, es decir, que no era recientes”, informó.
“Realicé una visita al penal dentro del mismo proceso. En esa visita estuve acompañado con el secretario de Cámara y con otro empleado donde logré entrevistarme con el denunciante”, agregó.
Sobre la existencia de organizaciones que se dedican a la comercialización de droga en el penal de Villa Urquiza, el magistrado declaró: “la Justicia Federal tiene en su poder las causas que se originaron por las denuncias que se hicieron. Tengo entendido que las investigaciones están siendo desarrolladas”.
Guyot también informó sobre la situación de los presos que tienen problemas de adicciones. “Cuando se determina que un interno tiene problemas de adicción o consumo de drogas y ante la necesidad de hacer un tratamiento, el Servicio Penitenciario lo deriva a los lugares donde se realizan estos programas de rehabilitación”, conluyó.
Legisladores opositores piden informes sobre la penitenciaría
“Debemos actuar con celeridad para confirmar o descartar esta denuncia. No puede quedar como si nada hubiera pasado”, aseguró el legislador Julio Silman, presidente de la Comisión de Seguridad. Los radicales José Canelada y Adela Stofán de Terraf realizaron tres pedidos de informes. Uno fue dirigido a la secretaria Derechos Humanos, Érica Brunotto, para que investigue si efectivamente se torturó a los dos internos del penal de Villa Urquiza. También, mediante una nota, solicitó al ministro de Seguridad, Claudio Maley para que explique sobre la situación en la que se encuentra el personal del Servicio Penitenciario. Por último, requirieron además al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Posse que convoque a la reunión pospuesta para que se trate la crisis carcelaria. Eudoro Aráoz dijo que estuvieron hace unos días en el pelan “y el comisario (Néstor) Juárez (renunció el miércoles) y nos pintó una situación de extraordinaria de calma, pero no nos permitió recorrer las instalaciones. El Gobierno oculta la realidad”. Fernando Valdez señaló que este es un problema estructural y la única respuesta que aporta el Gobierno es el recambio y sustitución de los funcionarios. “No hay una solución inteligente para la complejidad que requiere el tema, lo que indica que no hay voluntad de desarmar estas redes internas de tráfico”.
Los legisladores oficialistas consultados prefirieron no opinar.
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