Por Gustavo Rodríguez
08 Marzo 2019
"Nos torturan porque no queremos vender las drogas que nos dan los guardiacárceles"
Un recluso, en un duro testimonio, contó a través de un audio la pesadilla que vive en el penal de Villa Urquiza por negarse a comercializar marihuana y psicofármacos que, según su denuncia, le entregaron miembros del Servicio Penitenciario.
la gaceta / foto de josé nuno
Detrás de los muros de Villa Urquiza hay un infierno que muy pocos conocen. Al hacinamiento, la violencia y la muerte se agregó un nuevo condimento en esa selva donde afloran las miserias humanas: el tráfico de drogas, en el que estarían involucrados los mismos guardiacárceles. La Justicia Federal y el fuero provincial iniciaron investigaciones luego de que un preso denunciara la existencia de esa red de narcomenudeo que comercializaría marihuana y pastillas en la prisión.
“Espero que este mensaje le toque su corazón para que pueda hacer algo. Así no se puede vivir. Somos seres humanos y necesitamos que nos defiendan. Alguien tiene que hacer algo. Esta no es una cárcel, esto es una mafia”, dijo G.G (su nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad), con voz entrecortada de miedo, en un audio que envió a LA GACETA.
El recluso, que se encuentra alojado en el penal por un homicidio, contó que todo comenzó en enero. “Como a las tres de la mañana me llegaron dos bolsas de consorcio negra. Una tenía un poco de marihuana y otra, unas 1.000 pastillas verdes empelotadas para que las venda y que tendría una recompensa. Al no querer vender, a mi compañero llamado A.L le quebraron tres costillas y todas las noches nos torturan porque no queremos vender las drogas que nos dan”, explicó el denunciante.
Representado por su defensor Gustavo Morales, el recluso realizó dos denuncias. Una en la Justicia Federal (para que investigue el tráfico de drogas) y presentó además un hábeas corpus para pedir protección.
El fiscal federal Pablo Camuña declaró la causa como asunto de feria y se inició una investigación en contra del personal del Servicio Penitenciario. Paralelamente, pidió una serie de medidas de protección a favor de los denunciantes y advirtió a las autoridades del Servicio Penitenciario, Néstor Juárez y a Juan Carlos Argañaraz (quienes renunciaron el miércoles por la tarde cuando comenzaba a trascender el caso después de más de 40 días) que serían responsables si les sucedía algo a los denunciantes. La Justicia provincial aún no se expidió sobre el planteo que realizó GG y que, supuestamente tenía carácter de urgente.
De todo
GG, paradójicamente, decidió jugarse la vida realizando esta denuncia para seguir vivo. “Queremos que esto se haga público para que se sepa lo que está pasando en el penal. Todas las madrugadas llega gente de traje, encapuchados y no nos dejan vivir. La Policía (por los guardiacárceles) quiere que les vendamos droga sí o sí. No damos más, nos ahogan poniéndonos bolsas en la cabeza o nos dan electricidad (NdelaR: se refiere a recibir descargas eléctricas, método conocido como “picana”) para que levantemos las denuncias”, dijo. En la audiencia de hábeas corpus que se realizó el 18 de enero, se comprobó que su cuerpo tenía lesiones compatibles a los castigos físicos que denunció haber recibido.
“A cada rato nos están diciendo que nos van a matar si no levantamos la denuncia. Tratan mal y amenazan a nuestras visitas. Hacen llorar a nuestras madres. Nos dicen que no van a terminar hasta que terminemos dentro de las cuatro tablas. No quiero que me pase como los otros casos que quedaron impunes”, agregó G.G.
El preso no se puede olvidar de Francisco Medina, el recluso que murió apuñalado en el penal después de haber denunciado que los guardiacárceles lo venían ‘verdugueando’ porque se negó a vender drogas para ellos. Por ese caso, fueron separadas las autoridades del Servicio Penitenciario y varios funcionarios están siendo investigados por su participación en el hecho. (Ver nota aparte)
Camuña confirmó que en su momento quiso trasladar a los denunciantes a otro lugar, pero los detenidos, por cuestiones de seguridad, decidieron rechazar su ofrecimiento. A Medina, junto a un compañero, lo habían llevado a la seccional 7ª para protegerlo. Sin embargo, meses después fue trasladado sin ningún tipo de autorización judicial, lo llevaron nuevamente al penal donde fue asesinado a los pocos días.
G.G. tiene miedo, pero no se calla. En el audio que envió contó con lujo de detalles lo que está viviendo. “La última vez se presentó una patota en nuestra celda. A la fuerza nos llevaron a la zona de La Granja. Allí hay subsuelo que tiene grilletes de la época de la dictadura. Después de golpearnos nos dijeron: ‘van a amanecer en una bolsa negra’ si seguimos con todo lo que estamos haciendo. No vamos a dejar de denunciar que ellos son los que venden drogas en el penal”, concluyó.
Otro caso
Fue amenazado por ser pariente de un efectivo que investigó a narcos
“Decile a tu pariente que si me llega a dejar pegado en una causa, vos sos boleta”, fue el mensaje que recibió otro recluso en el penal por parte de un guardiacárcel que podría estar vinculado al tráfico de drogas.
El detenido, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, es familiar de un policía que participó en la investigación que desbarató la organización narco que dirigían Luis ‘Gordo Vaca’ Vega y Rubén “Seco Ale” Astorga.
El efectivo del Servicio Penitenciario se habría enterado de que su nombre aparecía en la investigación contra el grupo que está acusado de tráfico de marihuana y cocaína en la provincia, pero no llegó a imputársele ningún delito porque no se reunieron pruebas contundentes en su contra.
Según fuentes judiciales, el denunciante presentó un pedido de hábeas corpus para que sea trasladado a una comisaría (en principio no se podría hacer por la crisis carcelaria) o que continúe cumpliendo la condena que le aplicaron con arresto domiciliario.
Sin embargo, el planteo que fue realizado hace más de un mes por Álvaro Zelarayán, defensor del amenazado, no fue resuelto por el juez de Ejecución Penal, Roberto Guyot.
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