Los dos presos que denuncian la venta de drogas en el penal involucraron a un juez

Las dos denuncias eran del mismo tenor y gravedad. Los protagonistas son reclusos que se atrevieron a contar que los guardiacárceles de Villa Urquiza los lastimaban porque no querían vender las drogas que les entregaban en el penal. Uno de ellos murió en el patio de la cárcel, el lugar donde nunca debería haber estado. Los otros siguen clamando por protección, ya que temen por su vida. Y en ambos casos fue cuestionada la actuación del Roberto Guyot, actual juez de Ejecución de Sentencias del Centro Judicial Capital. Incluso el defensor de los reos anunció que pedirá que se lo investigue. El magistrado negó todas las acusaciones.

Fernando Sebastián Medina tenía 31 años. Estaba encerrado en la cárcel por una causa de robo agravado. En setiembre de 2017 se presentó ante Guyot para denunciar que estaba siendo castigado porque se había negado a vender marihuana y pastillas para los miembros del Servicio Penitenciario. Por pedido de la Justicia Federal, que intervino por la venta de drogas y con el acuerdo del magistrado, él y otro compañero fueron trasladados a la seccional 7ª por protección. El domingo 19 de noviembre, sin autorización alguna, los presos fueron enviados nuevamente al penal. Con la investigación del caso se descubrió que el traslado del detenido fue ilegal y por ello fueron imputados cuatro funcionarios del Servicio Penitenciario que luego renunciaron a su cargo.

Los denunciantes, según consta en el expediente judicial, fueron golpeados por los guardias en el trayecto. Medina les contó a sus familiares lo que estaba sucediendo. Estos se presentaron en el juzgado de Ejecución de Sentencias para denunciar su traslado al penal, pero nunca fueron atendidos porque el juez y su secretaria se encontraban “realizando un curso”. Mientras esperaban ser escuchados, Alejandro “Pichi” Mendoza mató al denunciante en un patio del penal el miércoles 22. El magistrado negó haber autorizado el traslado de la víctima, pero no supo precisar por qué no atendió a tiempo los reclamos que le plantearon.

Guyot, por esta actuación, soportó un pedido de juicio político realizado por Graciela Dubrez, representante del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina (OIPA). Consideraba que el juez había incurrido en las supuestas faltas de mal desempeño e incumplimiento de sus deberes respecto del homicidio, pero el trámite fue archivado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia le inició un sumario que está en pleno desarrollo. Además, la fiscala Adriana Giannoni, que investiga el crimen, pidió a la jueza Carolina Ballesteros una investigación jurisdiccional para determinar la responsabilidad del magistrado.

Otro caso

En enero, otros dos reclusos del penal denunciaron que guardiacárceles los torturaban porque no habían aceptado vender la droga que les daban. En esta oportunidad, los reos involucraron a Guyot. “Un día vino el doctor Guyot con una patota para llevarnos a la zona de la granja donde, en un subsuelo, hay grilletes de la época de la dictadura. Allí nos dijeron que nos matarían si es que no levantábamos las denuncias”, dijo G.G, a través del audio que envió a LA GACETA.

I.A.L, el otro preso, declaró en contra del magistrado. “Guyot, con otro funcionario, ingresó a donde estábamos con GG. Allí nos dijo que ‘si no estábamos dispuestos a vender drogas, a la basura nosotros la barreremos”, señaló. El magistrado indicó que esa era una denuncia falsa. (Ver nota aparte)

Gustavo Morales, defensor de los denunciantes, adelantó que el lunes presentará ante la Corte un planteo para que investigue el desempeño del magistrado. “Hay una demora maliciosa en perjuicio de los demandantes”, explicó. El profesional dijo que Guyot sigue sin resolver los pedidos de hábeas corpus que presentó el 18 de enero al igual que los pedidos de medidas de protección. Sí reconoció que envió una copia del expediente a la Justicia Federal para que se investigue la denuncia y fue ese fuero el que ordenó las medidas de protección a favor de los internos.

Advertencia

La Justicia Federal insistió en que se proteja a los reclusos

El fiscal federal Pablo Camuña volvió a insistir en que se tomen todas las medidas necesarias para proteger a los reclusos que denunciaron haber recibido torturas por haberse negado a la venta de drogas que le entregaban los guardiacárceles. Según confirmaron fuentes judiciales, se volvieron a enviar oficios al Servicio Penitenciario y al ministerio de Seguridad solicitando que se extremen los cuidados para que los denunciantes no reciban ningún tipo de represalias en su contra. Los funcionarios del Gobierno no hicieron declaraciones luego de que se hiciera pública la denuncia de los reclusos. Por último, en un nuevo pedido de hábeas corpus presentado por Gustavo Morales a favor de I.A.L ante el juez Francisco Pisa. En este caso, el médico forense sí constató las lesiones que tenía el recluso.