“Trimarco irá al Juzgado de un modo legal, no compelida”

José D’Antona, abogado cordobés, negó que haya motivos para ordenar a la Policía que busque a Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles, y la lleve al Juzgado Federal N°1 de Tucumán a declarar sobre la supuesta defraudación al Estado nacional que le imputaron. El profesional informó ayer a LA GACETA que impugnó la decisión del juez Daniel Bejas, que, además de disponer la comparecencia de la imputada con auxilio de la fuerza pública, le prohibió salir del país hasta tanto cumpla con la declaración indagatoria. “Trimarco irá al Juzgado de un modo legal, no compelida”, afirmó D’Antona.

El abogado aseguró que no fueron notificados de ninguna citación, y que en todo momento Bejas supo dónde estaba Trimarco y cómo encontrarla. “El juez quiso armar este show de la Policía: él sabe dónde está Trimarco. Hace poco tiempo sufrió un robo y debe atender asuntos personales relativos a su nieta Micaela (hija de la víctima María de los Ángeles Verón)”, agregó el abogado en una comunicación telefónica. Y añadió: “tanto el juez como el fiscal (federal general Gustavo Gómez) conocen, porque han tramitado causas de trata con ella, que Trimarco tiene custodia de Gendarmería Nacional. Lo único que había que hacer era llamar a esa fuerza. Por eso interpretamos que hay algo raro. Tampoco entendemos esta prisa en función de los tiempos que maneja la Justicia Federal”.

D’Antona insistió en que la imputada nunca había recibido ninguna convocatoria a declarar: “aún así, nos presentamos el 14 de marzo. La pusimos a derecho antes de que la llamaran. Es una conducta procesal impecable”. Trimarco, el secretario Gastón Robles y la tesorera Alicia Trimarco (prima de la presidenta) deben rendir cuentas por un anticipo de $ 5,6 millones (U$S 418.000 de finales de 2015) que la ONG recibió de parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para hacer obras públicas. Según el fiscal federal N°1, Carlos Brito, la Fundación María de los Ángeles no ejecutó los trabajos ni reintegró el dinero. Ayer declaró Robles: fuentes judiciales indicaron que se desvinculó del manejo de fondos (se informa por separado).

D’Antona dijo que la búsqueda policial de Trimarco era nula entre otros motivos porque la prensa se había enterado antes que él de la existencia de la orden judicial. “LA GACETA sabe más y más rápido que nosotros. El 9 o 10 de marzo vi una publicación en una cuenta de Twitter vinculada a Gómez que hacía mención a la citación de Trimarco. Este runrún llevó a que Betina Laguna se presentara el 14 de marzo y dijera que era abogada de Trimarco; que ponía en conocimiento el domicilio de la Fundación por si necesitaban conseguirla y que ella estaba en la capital de Córdoba”, relató. D’Antona explicó que aparentemente los notificadores judiciales fueron a una vivienda de esta capital, que está deshabitada: “por ello Bejas intimó a Laguna para que ratifique si es abogada de Trimarco y que dé otro domicilio que no sea el de la Fundación. Laguna hizo ambas cosas. El juez se apartó de la ley y entendió que Laguna no había cumplido el plazo, y, entonces, dispuso la búsqueda policial”. El profesional manifestó que, tras leer el diario, Laguna volvió a ratificar todo ayer y pidió vista del expediente: “pero la secretaria Marcela Cabrera le negó acceso a las actuaciones con el argumento de que el juez no la había tenido como abogada de Trimarco. El lunes la consideró abogada y le exigió otro domicilio, y dos días después le negó aquella condición y el acceso la causa. La contradicción es evidente”.