“Es deseable que el tribunal oral siga adelante con el juicio de la ex Presidenta”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el ex ministro Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el empresario Lázaro Báez y otros imputados todavía pueden enfrentar el juicio oral y público por las denuncias de corrupción conocidas como causa “Vialidad”, según Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El funcionario de la cartera que encabeza el ministro Germán Garavano enfatizó ayer que el fiscal Diego Luciani había requerido la celebración del juzgamiento pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó posesión del expediente de papel. Casares advirtió que aún había que ver qué sucedía. “Es deseable que el Tribunal Oral N°2 siga adelante con el juicio de la ex Presidenta”, manifestó desde la capital del país en un diálogo telefónico.

El enjuiciamiento, que debía comenzar el 21 de mayo, iba a ser el primero que afrontara la ex jefa de Estado por denuncias de corrupción. Antes de ayer, cuatro de los cinco ministros de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, resolvieron pedir la causa para analizar una serie de quejas presentadas por las defensas. En principio, el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, con Adriana Pallioti como suplente, no podría avanzar mientras el expediente esté en el máximo estrado del país. En juego está la dilucidación de las irregularidades detectadas en la obra pública vial de Santa Cruz que supuso el desembolso de alrededor de $ 46.000 millones.

Lo que parecía un juicio sensible inminente se convirtió en un signo de pregunta con inevitables lecturas políticas. Casares admitió que se vivían horas de agitación y sin duda críticas para la credibilidad de la Justicia.

-¿Está apareciendo en el horizonte una nueva versión de la Corte menemista o todavía es prematuro interpretar eso?

-No podríamos afirmarlo porque debemos ser muy cautelosos y respetuosos con las decisiones del Poder Judicial. Pero sí es preocupante lo que sucedió porque este tipo de intervenciones son muy poco usuales. En general, los máximos tribunales de los países analizan los procesos y los recursos después de la emisión de la primera sentencia, no antes de ella ni mucho menos a pocos días del comienzo del juicio oral.

-¿En el Poder Ejecutivo de la Nación interpretan que el pedido del expediente por parte de la Corte obedece a motivaciones políticas?

-Es una práctica inusual y casi no hay antecedentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de otras solicitudes dirigidas a un Tribunal Oral Federal que se dispone a iniciar un enjuiciamiento de este tipo. Eso por lo menos es raro. Ahora tendríamos que ver cuál es la decisión que va a tomar el tribunal porque el fiscal (Luciani) ya se ha expedido en el sentido de que quiere que el juicio continúe igualmente.

-¿Usted considera que es posible que el juzgamiento acontezca en estas condiciones?

-Creo que es deseable porque, ¿qué mejor instancia que un juicio oral y público para resolver los planteos de las defensas luego de haber escuchado a todas las partes? Nosotros siempre hemos tratado de impulsar reformas para, justamente, tener juicios. Es lo que necesitamos como país porque allí la sociedad puede ver cómo se ventilan los hechos, cuáles son las posiciones y por qué los jueces toman determinadas decisiones. Es el momento de transparencia máxima, o sea, lo que precisamos los argentinos para recobrar la confianza en el Poder Judicial. Hay que entender que las etapas de investigación suelen ser secretas y excesivamente formales, y nadie sabe bien quién resuelve qué y por qué motivos. El juicio oral transparenta todo y permite observar cómo funciona la Justicia.

-Una parte de la sociedad argentina considera que no hay independencia judicial. ¿Usted qué opina al respecto?

-Nosotros debemos promover la realización de los juicios orales, y cortar con esa tendencia tan argentina de que las causas prescriban o sean archivadas por supuestas presiones externas a los Tribunales o internas. Tengamos en cuenta que la independencia judicial también debe verificarse en el interior de la institución. En esa situación están hoy los jueces del tribunal oral que deben evaluar, y decidir si pueden o no continuar con el juicio. El fiscal está diciendo que sí.

-Otra parte de la sociedad critica a su administración con el argumento de que no modificó las prácticas institucionales espurias. Ese sector asegura que el Gobierno de Mauricio Macri influye sobre la Justicia. En Tucumán, en particular, hubo críticas por haber nombrado como veedores de procesos locales a dos abogados cercanos a Cambiemos. ¿Cómo responde a esos cuestionamientos?

-En el Ministerio de Justicia siempre hemos impulsado políticas que entendemos que tienden al fortalecimiento del Poder Judicial. Nosotros decidimos cubrir todos los cargos vacantes por concurso. Hablamos de una gran cantidad de despachos que antes eran ocupados por jueces interinos, que, obviamente, al no tener estabilidad, podían ser más susceptibles de recibir presiones. Por otra parte hemos enviado al Congreso de la Nación una nueva ley de subrogancias que reforzó la elección de jueces sustitutos en el Consejo de la Magistratura a partir de la participación del Senado, que debe aprobar esas designaciones provisorias. Tenemos una cifra récord de nombramientos definitivos avalados por la Cámara Alta, institución donde sólo 24 de 72 senadores pertenecen a Cambiemos. De la misma manera hemos logrado la sanción de leyes como la del arrepentido, de la flagrancia y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que nunca antes habían estado en el centro del debate parlamentario.

-Entonces, ¿le parece infundada la acusación de que Cambiemos quiere interferir en la función judicial?

-No es así. Hemos fortalecido la Justicia y dotado de mayores herramientas para que pueda investigar al poder de turno, incluidos nosotros. Consideramos que debemos tener jueces y fiscales independientes que investiguen al Gobierno mientras ejerce el poder, no posteriormente.

“Donde hay un buen juez, la sociedad anda bien”, dijo Francisco a jueces argentinos

El papa Francisco dialogó ayer con magistrados de las provincias argentinas en el Vaticano. “Lindo trabajo tienen ustedes. No es nada fácil la responsabilidad que les corresponde ante la sociedad, ante las personas y ante Dios. Sigan adelante con el corazón abierto y con mucha paz. Donde hay un buen juez, la sociedad anda bien”, manifestó el Pontífice a los jueces que lo abordaron en la plaza San Pedro. Los integrantes de los poderes judiciales rodearon a su compatriota Jorge Bergoglio, y le entregaron una serie de obsequios-, según el video divulgado este miércoles por la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) en su cuenta de Twitter. El viaje a Roma fue organizado por la Junta Federal de Cortes (Jufejus) y en él participaron alrededor de 25 magistrados. Según trascendió, la comitiva se trasladó a Italia por una gestión de monseñor León Kalenga Badikelbele, nuncio apostólico en la Argentina. Mas allá del encuentro en la plaza, los jueces tienen previsto entrevistarse formalmente mañana con Francisco para conversar sobre el trabajo que desarrollan en sus respectivos tribunales.

Fernández lanzó una advertencia a los jueces y Parrilli mandó a Cambiemos a Guantánamo

BUENOS AIRES.- La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de intervenir en la primera causa de corrupción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en vías de ser juzgada generó beneplácito en el entorno de la imputada. Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete, advirtió ayer en la señal televisiva Net que varios de los magistrados que fallaron en contra de Kirchner tendrán que rendir cuentas: “algún día, jueces como (Julián) Ercolini, (Claudio) Bonadio, (Martín) Irurzun, (Gustavo) Hornos y (Juan Carlos) Gemignani explicarán las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”. Fernández precisó que no todos los jueces federales eran iguales, y dijo que había excepciones como las de Sebastián Casanello y Daniel Rafecas. Por su parte, el ex secretario Oscar Parrilli expresó a la radio El Destape: “si algún funcionario nuestro tendría que estar preso, los de Cambiemos deberían estar en Guantánamo”. El ex jefe de los espías dijo que Fernández de Kirchner era blanco de ataques que superaban todos los límites y que la Corte estaba reparando una tremenda arbitrariedad. (Especial)