La Justicia de Guerra

Toda tierra de nadie termina transformándose en botín de pícaros. Es lo que le sucedió a la Justicia de Paz de José Luis Guerra. “Pepe”, como lo conocen en su ámbito, puso la cara y el nombre a desvíos y excesos incompatibles con las nociones de “juez”. Feudalismo, atraso, descontrol y una mentalidad clientelar rancia confluyeron para que la intención de llevar la ley y el derecho a los parajes alejados de las ciudades quedara en el ultimísimo plano. Si hasta el aspecto edilicio de la mayoría de las oficinas predica sobre el abandono institucional. En ese páramo fue naturalizándose el hábito de cobrar montos adicionales en negro por trámites relativos al ejercicio de derechos elementales. Las cajas abundan, pero ninguna es tan chic como la de los casamientos a domicilio.

Nunca un curro tuvo tanta conexión con el concepto “fiesta”. Los jueces de Paz cobran hasta $ 6.000 por ceremonia civil. Pero el caché puede llegar a duplicarse y triplicarse si la boda tiene lugar fuera de la provincia. Las denuncias contra Guerra (El Manantial) y Josefina Penna (Yerba Buena) refieren que habría habido arreglos de ese calado para ir a Salta, pero nuevas evidencias complican a Juan Cipriani (Gonzalo, Trancas) con una boda all inclusive en Termas de Río Hondo. Y las imágenes de contrayentes enamorados y de jueces de Paz emocionados en extrañas jurisdicciones siguen fluyendo. Los funcionarios “trucumanos” también habrían hecho su gracia en Catamarca y Buenos Aires, según los corrillos casamenteros.

El pecado que empujó a Guerra a la jubilación -con el 82% móvil- alcanza a muchos de sus pares, pero un príncipe del foro al tanto de los tejemanejes sugiere que el juez lego de El Manantial habría sido ofrecido en sacrificio para frenar la avalancha de acusaciones. Ese interlocutor dice que el “cordero” tenía más de una debilidad. Y aunque su denunciante, Mario Vittar, se presentó ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura como “empleado” a secas, a nadie se le escapa la cercanía entre ese agente estatal y Daniel Posse, presidente de la Corte y de la Junta Electoral. Tanta es la influencia de Vittar que varios de sus parientes trabajan en la propia Justicia de Paz. Hay quienes unen estas piezas y postulan que lo de la boda en Salta “saltó” como consecuencia de hechos más indecorosos, que hacen a un verticalismo desbocado. Las disputas de familia no llaman la atención en una institución donada a la práctica del nepotismo, cuyos niveles de endogamia y amiguismo compiten cuerpo a cuerpo con los de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa.

En el corto plazo quedará claro si lo de Guerra es el comienzo de un saneamiento imprescindible, o la mera entrega de una cabeza para que nada cambie y todos sigan de party. Hay que ver qué hará la Legislatura respecto de Penna. Pero también la propia Corte. Sucede que hasta el viernes nadie había dado la orden de investigar el caso de Yerba Buena, pese a que fue un empleado de ese juzgado, Gonzalo Paz, quien “presidió” el rito nupcial en Cafayate. Penna dijo que ella no había cometido la torpeza de casar en otra provincia y que Paz no había viajado en representación suya, pero, ¿qué hacía, entonces, uno de sus colaboradores en el rol de fedatario del enlace? ¿La industria de la boda a domicilio habría llegado hasta el punto de que hay delegados de los jueces que lucran junto a ellos? Las preguntas lucen suficientemente inquietantes como para abrir un sumario, pero la Corte está tomándose su tiempo. ¿Tendrá algo que ver en esa prudencia que Penna se haya encargado de prometer a los gritos que no se quedará quieta ni callada si le sueltan las manos?

El escándalo también golpea las puertas del Poder Ejecutivo. Así como dejó crecer -y hasta alimentó- los ingresos adicionales nefastos de la Policía, el Gobierno toleró (vía Registro Civil) que los jueces de Paz se engolosinaran con el delivery de bodas. La diferencia es que mientras las fuerzas de seguridad perciben salarios promedio de $ 36.000 en blanco, la retribución oficial de los titulares de juzgados arranca en $ 140.000. La caja paralela que resulta deleznable para la Policía tanto más lo es para quienes obtienen remuneraciones envidiables. Penna aseguró, sin embargo, que a ella no le alcanzaba para pagar las expensas del country y que por eso las debía. También informó que cobraba entre $ 2.000 y $ 2.500 por casamiento. Pero en su medio descartan que alguien vaya a moverse por esa suma. Desde luego, no hay facturas ni recibos que avalen los montos demandados por los jueces de Paz, que serían vendedores ambulantes premium gracias a la manicura, el maquillaje, los trajes y los gemelos.

El negocio informal no se sacia con las bodas. A los juzgados también ingresa dinero en concepto de “movilidad” para diligenciar medidas judiciales. Los montos se calculan a “ojo” y el interesado abrocha los billetes en efectivo en las cédulas. El pagador tampoco recibe un comprobante. Dicen que de allí sale otro sobresueldo jugoso, que “derrama” hacia los empleados. Como si esto no fuese suficiente, en algunos despachos exigen sumas pequeñas hasta para autorizar las fotocopias. Hay quienes le encuentran la vuelta a cada prestación: se habla mucho de los réditos que dejarían los amparos a la simple tenencia, que están ligados al auge de las usurpaciones.

El comercio ilegal florece en dependencias creadas para permitir el acceso a la justicia en la campaña. Siempre están los trabajadores decentes que en medio de la decadencia y la corrupción institucionalizadas hacen lo posible para aliviar las necesidades jurídicas insatisfechas de poblaciones permeables a los abusos y a la violencia. El problema es que los incentivos para procurar el bien -y denunciar el mal- son escasos cuando la bellaquería es tan grande. Hartas sospechas sobre la procedencia de los enriquecimientos contrastan con las carencias de las zonas de arraigo de los juzgados. A ello hay que sumar el hecho de que algunos jueces terminaron el secundario a duras penas -pocos exhiben título universitario- y de que la institución está diezmada por las acefalías. Esta es la tragedia de la Justicia de Paz o, mejor dicho, de la Justicia de Guerra.