Por Gustavo Rodríguez
21 Junio 2019
MEDIDA JUDICIAL. El magistrado Roldán Vázquez había llegado al penal de Villa Urquiza cuando golpeaban a un interno. la gaceta / foto de Analía Jaramillo (archivo)
La Justicia pidió investigar a personal del servicio penitenciario y a una funcionaria judicial luego de que un recluso confirmara la versión de un preso que denunció haber sido abusado en el penal de Villa Urquiza por otro reo. El ataque se habría producido porque la víctima se habría negado a comercializar la droga que -según la denuncia- le entregaban los guardiacárceles.
El caso trascendió tres meses después de haberse producido. El reo guardó silencio porque había quedado aterrorizado. Cuando los presos comenzaron a contar lo que estaba sucediendo, pidió hablar. Declaró ante el fiscal federal Pablo Camuña por la causa del tráfico de droga y confirmó que había sufrido un ataque sexual. El fiscal remitió el expediente a la Justicia ordinaria para que investigue el abuso y él siguió con la pesquisa sobre el ingreso de los estupefacientes.
El reo, cuyo nombre se mantiene en reserva, se presentó ante la fiscala María del Carmen Reuter. Contó lo que le había sucedido en marzo. Dijo que varios guardias le propinaron una feroz golpiza que le ocasionó fracturas de las dos piernas.
Relató que estando en silla de ruedas fue atacado sexualmente por un rfeo apodado “El Loco de la Bicicleta” y que, por los problemas físicos que presentaba, no pudo evitar que abusara de él. Agregó que a gritos pidió ayuda, pero que ningún guardia se presentó y que sólo lo hizo un compañero de encierro.
Este compañero también se presentó en tribunales para relatar todo lo que había visto. Con sus palabras avaló la versión de la víctima, pero además aportó otros detalles que serán clave para avanzar con la investigación. Confirmó la identidad del agresor, a quien calificó como “mano derecha de los guardias” y dijo que la violación se produjo en el cuarto que utiliza el personal del servicio penitenciario para dormir.
Señaló además que el atacante tenía en su poder una faca carcelaria que nunca fue secuestrada, a pesar de que un oficial se presentó en el lugar donde se produjo la agresión.
Abandonado
El testigo contó que el reo atacado, después de haber sufrido el abuso, fue arrastrado a los golpes por los guardias que lo encerraron en una pieza destinada a los presos castigados por inconducta. “No le daban de comer y tampoco permitían que recibiera visitas porque no querían que contara lo que había sucedido. Yo le pasaba comida por una ventanita sin que nadie me viera. Una vez lo tuve que asistir porque, como no se podía mover, se había caído cuando intentó hacer todas sus necesidades”, declaró ante la fiscala Reuter.
El recluso confirmó que el interno abusado jamás recibió algún tipo de ayuda por el ataque sexual. Los guardias no le tomaron la denuncia ni se inició un sumario para investigar el hecho. Señaló además que él sí había colocado una denuncia en el buzón que colocó la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia en el penal. Su caso fue atendido, ya que desde esa oficina le solicitaron al defensor público que lo asistiera. Nunca se conocieron los resultados de esa gestión.
Denuncias en balde
El testigo le relató a la fiscala Reuter que un día se presentó en el penal María Nazaret Rodríguez Ponce de León, ex secretaria del juez de Ejecución y Sentencia Pablo Guyot a quien le denunció verbalmente lo que había sucedido. “Ella me dijo que me preocupara por lo mío y no por los otros”, declaró en la Justicia.
La fiscalía, al investigar el caso, se encontró con un problema: pese a las denuncias que realizaron los dos detenidos a las autoridades competentes, no se hizo la recolección de elementos ni los estudios médicos pertinentes para ser utilizados como pruebas.
Reuter, en base a todos los indicios que recolectó hasta el momento, podría citar a declarar como imputado al “Loco de la Bicicleta”, al considerarlo autor del ataque sexual.
Por otra parte, la fiscala envió una copia del expediente para que la Fiscalía Criminal determine si los guardiacárceles y la secretaria Ponce de León incumplieron sus deberes de funcionario público al no haber atendido el caso.
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