El Ministerio de la Defensa suma cargos y potestades

Las “cabezas” de la acusación y de la defensa de la estructura judicial igualaron sus “armas” a través de una nueva reforma impulsada por el oficialismo de la Legislatura.

Con el rechazo de un opositor, se habilitó al Ministerio Público de la Defensa, a cargo de Washington Navarro, a designar “auxiliares de la defensa” a través de resolución. Se trata de funcionarios judiciales que actuarán en la tramitación de un proceso “por delegación y bajo la supervisión y dirección” de los defensores oficiales titulares. El requisito será contar “con título de abogado, con dos años de ejercicio en la profesión o (de) antigüedad en el Poder Judicial”.

El oficialista Roque Cativa, titular de Legislación General, advirtió que la medida está acompañada por “un régimen de responsabilidad personal. Esto es muy importante: en muchos casos serán los auxiliares quienes tendrán a cargo la defensa de los derechos de las personas más vulnerables”.

Marcelo Caponio, autor del proyecto, señaló que esta figura ya está vigente para el Ministerio Fiscal, que conduce Edmundo Jiménez. Advirtió que también se la aplica a nivel nacional y en otras provincias. Insistió en que esto significará un avance “para los sectores más vulnerables” que recurren a la Defensa Oficial en lo Penal, en lo Civil y en Niños, Adolescentes y Personas con Capacidad Restringida.

El radical José Canelada, autor del dictamen de minoría, afirmó que la norma es inconstitucional, ya que no respeta el sistema de concursos fijado en la Carta Magna. “Los auxiliares tendrán las mismas funciones que el defensor oficial”, objetó. Pero no convenció a sus pares.

Al margen de lo funcional, el Ministerio de la Defensa sumó personal y espacio físico. La planta permanente alcanzará 871 cargos. De estos, 585 son para la Capital, e incluyen 28 magistrados y funcionarios. Para Concepción son 165, con ocho magistrados y funcionarios; y para Monteros, 121, con seis magistrados y funcionarios. Además, se aprobó la expropiación de dos inmuebles, uno en Concepción y otro en Monteros, para las sedes del Ministerio Fiscal y de su par de la Defensa.

Titularización Docente

Sumarán 2.000 educadores a la planta

Entre las banderas que colgaban de los palcos del recinto y ante la expectativa de gremios y agrupaciones, la Legislatura sancionó ayer -por unanimidad- la segunda ley de titularización de docentes estatales transitorios de la Provincia. En esta etapa, según el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, quedarán incluidos unos 2.000 educadores que no habían formado parte de la primera efectivización, concretada también por ley el 22 de marzo pasado. “Esta decisión tiene ‘costo cero’ (para el erario). Si llegara a haber algún (cambio) es ínfimo, por al diferencia que pudiera haber entre temporario y permanente, pero que quede claro que el costo es ‘cero’”, insistió el presidente de la comisión de Hacienda, y a la vez autor de la iniciativa. En esta etapa quedaron incluidos los docentes de centros de Educación Física de dicha modalidad; de equipos de apoyo a la Integración Escolar y de apoyo a la Estimulación Temprana; maestro de sección, maestro celador, maestro de taller y maestros especiales de la modalidad Educación Especial. También “personal docente que cumple funciones como maestro de lenguas extranjeras correspondiente al nivel de educación primaria”, entre otros. Al igual que en la etapa anterior, deben cumplir con requisitos, como tres años de antigüedad en la planta transitoria. El radical José María Canelada, que aportó uno de los proyectos, reclamó que la titularización debería ser un “proceso normal, aceitado, y no un trámite excepcional”. El opositor Claudio Viña generó risas en el recinto porque se animó a justificar su postura en inglés, ante docentes primarios de lengua extranjera. “Thank you!”, expresó, tras valorar que la medida es producto de políticas públicas.

Producción en crisis

Se unieron por el precio del bioetanol

El reclamo en favor de los productores de bioetanol unificó las posturas en la Cámara. Por unanimidad se sancionó un proyecto de resolución que solicita medidas a la Nación para mejorar las condiciones de ese sector. Por un lado, se dirigió un pedido al Gobierno nacional “que arbitre los medios necesarios para adecuar la fórmula de determinación del precio del bioetanol, de modo tal que garantice los costos de producción, rentabilidad razonable y la seguridad jurídica para incentivar la inversión”. Además, se exhortó al Congreso de la Nación, a través de los representantes tucumanos, a “declarar el biocombustible como recurso estratégico para el desarrollo de las economías regionales”. Osvaldo Morelli, presidente de la comisión de Producción, advirtió que las iniciativas, impulsadas por una veintena de parlamentarios, no tenía “color político”. “Necesitamos que la Nación y el Congreso otorguen seguridad jurídica y financiera a las inversiones en la provincia respecto de la generación de este combustible renovable”, insistió. El radical Raúl Albarracín agregó: “en esta época de grandes dificultades económicas y sociales, es imperioso que se restablezca una fórmula que garantice los costos de producción y una rentabilidad razonable”. El peronista Eduardo Cobos instó a que las autoridades nacionales “se pongan firmes con todo lo relacionado con (mejorar) las economías regionales”. El justicialista Marcelo Caponio cerró el debate con un dardos hacia Cambiemos: “el que está matando a la industria azucarera tiene nombre y apellido: se llama Mauricio Macri”.

Mujeres en Acción

Crean un programa para contener a jóvenes y adultas por sus adicciones

La Legislatura aprobó un proyecto que pone en marcha un nuevo programa provincial: Mujeres en Acción sin Adicción. El objetivo es la atención de mujeres mayores de 15 años “que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”. La peronista Nancy Bulacio detalló que había presentado la iniciativa a partir de una propuesta que le habían acercado alumnas de la carrera de Ciencias Políticas. El plan establece la creación de dos centros provinciales para la rehabilitación de mujeres drogodependientes, uno en la Capital y otro en Concepción, y de un equipo interdisciplinario permanente para trabajar en esos dispositivos sanitarios. “Es necesaria la creación de este programa”, señaló el presidente de la comisión de Salud, Reneé Ramírez. Claudio Viña, titular de Prevención de Adicciones, cuestionó que la iniciativa no fuera tratada por la comisión a su cargo. Aunque luego confirmó su apoyo. “Espero que el PE no la vete”, alertó.

Entredicho

Un programa para impulsar el “juego limpio” generó un cruce en el recinto

Un radical y un alfarista se cruzaron ayer en el recinto durante el tratamiento del proyecto que impulsa el programa deportivo “Juego Limpio”. La propuesta, que impulsó el vicepresidente 2° de la Cámara, Ariel García (UCR), establece la creación de ese plan de acción enmarcado en el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU. Entre otros puntos, se apunta a la difusión de valores como “cumplir con las reglas de juego” y “respetar al adversario, a los compañeros y jueces”, y “rechazar la corrupción, las drogas, el racismo, la violencia, y todos los peligros que atentan contra el deporte”. Sólo Alfredo Toscano (PJS) cuestionó la iniciativa. “Este programa dependería de un organismo cuya ley de creación no fue reglamentada, ¿quién está en el directorio (de Desarrollo Sostenible)? Si no tiene cuenta bancaria, ¿por qué puede recibir donaciones? ¿Quién las va a administrar? Hay incongruencias presupuestarias”, reclamó. El radical García le retrucó que el proyecto “busca que se eviten los atajos”. “Tal vez no lo ha leído en profundidad, pero su espíritu apunta a generar una escuela de valores”, argumentó, antes de la votación favorable.

Ingenio

No avanzó una expropiación

El proyecto de los legisladores radicales Ariel García y Raúl Albarracín que proponía la expropiación del Ingenio Santa Bárbara, con el objetivo de que sea administrado por una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria (sapem) fue devuelto a comisión. La iniciativa, planteada sobre tablas, no sumó los votos necesarios para habilitar el debate.

Pedido

De la Cámara al Ejecutivo

A partir de un proyecto del legislador Osvaldo Morelli, se solicitó al Poder Ejecutivo que amplíe el decreto  1.627/3, que exime de Ingresos Brutos a pequeños productores cañeros de hasta 100 has. El planteo es para que se incluya a contribuyentes “independientemente de la explotación total de la cooperativa a la que pertenezca”.

Repudio

Por la política energética

La Legislatura, sobre la base del proyecto elevado por el oficialista Eduardo Cobos, expresó ayer su “repudio” a políticas energéticas aplicadas por la Secretaría de Energía de la Nación. Además se objetó “la falta de respuestas por los hechos del 16 de junio, que dejaron sin provisión eléctrica a los usuarios” de Tucumán y otros puntos del país.