10 Julio 2019
PARO DE COLECTIVOS. La medida de fuerza se levantó momentáneamente. ARCHIVO LA GACETA
El paro de colectivos que se extendió durante cinco días en toda la provincia continúa dando coletazos políticos y generando enfrentamientos entre las distintas partes implicadas. La medida de fuerza que habían tomado los choferes ha sido levantada al menos hasta la semana próxima, pero las cuestiones de fondo están lejos de solucionarse.
En el piso de Panorama Tucumano estuvieron Jorge Berreta, titutal de Aetat; José Ricardo Ascárate, subsecretario de Infraestructura del Plan Belgrano y legislador electo.
El funcionario nacional fue el protagonista del momento más picante de la entrevista, cuando cuestionó la paralización del transporte.
"Habría que preguntarle a esta gente (los empresarios), que el día lunes dejaron sin poder ir a Tafí del Valle a los miles de turistas que vinieron a Tucumán. Pero el martes (Día del Independencia) hicieron una movilización con ómnibus de Aetat al Parque 9 de Julio para el acto del Gobernador. Mientras no había ómnibus para transportar a los usuarios de San Miguel de Tucumán, los coches se paraban en la avenida Gobernador del Campo y recogían y sacaban gente que iba al acto del Gobernador, identificados cada uno con su pechera", disparó.
Ascárate cuestionó también que sea el propio empresariado el que gestione y controle el corte de boletos, a través de las tarjetas magnéticas, lo cual dificulta -según su criterio- el control del rendimiento del transporte para lograr un uso eficiente de los subsidios del Estado nacional.
Berreta, por su parte, aseguró que los números que ellos manejan son transparentes e insistió con el atraso en la tarifa del boleto. "Lo de hoy (levantar el paro) fue solo un parche. Hay varias soluciones para los problemas estructurales del transporte. El principal responsable es el Estado, que tiene obligaciones que no están cumpliendo. Por ejemplo, garantizar la ecuación económica de las empresas. Nos deben tres subsidios sin razón alguna", dijo, cargando contra la Nación.
"La tarifa es política, no es real. Con los aumentos en todos los insumos y los sueldos, y con los subsidios existentes, la tarifa mínima debería ser $ 37. No pretendemos esa plata, porque sabemos que el usuario no lo puede pagar. Nosotros hay cosas que podemos resignar, pero tampoco nos pueden condenar al fracaso, a la quiebra de empresas de 50 años. Y tampoco condenar al usuario que no tenga servicio cuatro días", finalizó.
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