Caso "Lucía": apartaron a Maggio y a Giannoni del proceso

Los ginecólogos que interrumpieron el embarazo de una niña abusada lograron la separación de Facundo Maggio, juez de Instrucción en lo Penal N°2, y de la fiscala Adriana Giannoni de la causa abierta a partir de una denuncia por la presunta comisión del delito de homicidio calificado. Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, emitió ayer un fallo que acoge el temor fundado de parcialidad que había expresado la defensa de los médicos Cecilia Ousset y José Gijena. Ambos profesionales son investigados por haber practicado una cesárea a una chica de 11 años denominada “Lucía” que había informado su voluntad de detener la gestación. La neonata extraída el 25 de febrero falleció el 8 de marzo en el Hospital del Este. Luego, un grupo de abogados denunció a Ousset, a Gijena y a la defensora de Menores, Adriana Mónica Romano.

La intervención de Giannoni en la investigación del presunto homicidio de la neonata llamada “Faustina” había sido cuestionada de entrada por parte de Emilio Guagnini y de Pablo Gargiulo, defensores de los ginecólogos e integrantes de la organización de derechos humanos Andhes. Los letrados objetaron a la fiscala por la colocación en el exterior de su oficina de carteles contrarios a la práctica de la interrupción legal del embarazo y por sus actos previos a la cesárea. Guagnini y Gargiulo consideraron que Giannoni debía abstenerse de participar en la causa hasta que la Justicia esclareciera si había amedrentado al personal del Hospital del Este que atendió a la niña abusada por su abuelastro, como denunció la diputada nacional Teresita Villavicencio.

Respecto de Maggio, la defensa de Ousset y de Gijena planteó, entre otros argumentos, que aquel se había desempeñado como apoderado y vocero del Arzobispado de Tucumán antes de asumir en el Juzgado N°2, y que esa institución había fijado una posición en contra del cese de la gestación en general y en el caso concreto de “Lucía”.

Los cuestionamientos relativos a la fiscala y al juez prosperaron en la audiencia oral convocada por la Cámara de Apelaciones. Luego de oír a los defensores y a María Azucena Sierra de Peñalba, la auxiliar del fiscal Alejandro Noguera que solicitó la desestimación de los planteos con el criterio de que no referían a causales legales concretas y de que las recusaciones debían ser interpretadas en forma restrictiva, el camarista Pedicone consideró que existían razones para temer la parcialidad de Maggio y de Giannoni, que han de ser reemplazados por otros pares. El magistrado adujo que estaba acreditada la existencia de prejuicios que impedían la objetividad necesaria para actuar en casos como el de Gijena y Ousset. Pedicone añadió que la imparcialidad es un “elemento definitorio” del sistema procesal penal democrático, y que, por ello, correspondía debatirla con un criterio amplio, tal y como prescriben la jurisprudencia y los tratados.

La denuncia penal contra los ginecólogos y la defensora Romano lleva la firma de los letrados María Teresa Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Colombres, Constanza del Carril, Raúl Lezana, Angella Vittini, Jorge Javier Ramacciotti y Ricardo Miguel Auad, quienes fueron patrocinados por Salvador María del Carril. Estos dijeron que Ousset y Gijena “habrían recibido dinero” (honorarios) a cambio de practicar la cesárea prematura “sin importarles los riesgos a los que sometían a la niña y a la persona por nacer”. “Ellos sabían que con la evolución natural del embarazo la bebé tenía todas las posibilidades de sobrevida, y que la interrupción del proceso en la semana 24 o 25 quitaba esas chances”, manifestaron los denunciantes a propósito de hechos que generaron una crisis en el Sistema Provincial de Salud; protestas callejeras y repercusiones internacionales.

La causa avanzó este tiempo sin que los denunciados pudiesen acceder a ella, según explicó Guagnini. “Giannoni se ha negado sistemáticamente a darnos vista de las actuaciones a pesar de que existe una resolución a favor nuestro del juez Juan Francisco Pisa. Este miércoles por primera vez después de seis meses hay un mínimo de criterio jurídico”, celebró el defensor.