El caso del falso médico y la ineficiencia del Estado

Es uno de los verbos más empleados por los argentinos quizás porque expresa una de las facetas de nuestra idiosincrasia, que no es, por cierto, motivo de orgullo. Pocos se atreverían a precisar en qué momento en la jerga popular rioplatense, el verbo falsificar -copiar o imitar algo haciéndolo pasar por auténtico- se transformó en truchar. Ha hecho desde entonces camino al andar: a lo largo de nuestra historia aparecieron monedas, billetes, documentos, expedientes, objetos, autos, taxis, patentes, cds, dvds, tecnología, ropa, medicamentos, títulos y hasta profesionales truchos.

El martes pasado, un hombre oriundo de Villa la Trinidad convulsionó a la opinión pública cuando se supo que ejercía ilegalmente la medicina y desde 2010 trabajaba como perito de la Regional Sur de la Policía provincial. El individuo había usado la matrícula de una médica actualmente residente en Europa, según informó el Círculo Médico del Sur. Se desempeñaba como auxiliar de la Justicia en casos de violencia de género, abusos sexuales, homicidios y accidentes de tránsito, de manera que en varios procesos judiciales hubo fallos que partieron de consideraciones hechas en los informes que él elevó a los magistrados. El hombre, que atendía pacientes particulares en un centro médico de Villa La Trinidad y en la Mutualidad de la Provincia en Concepción, afirmó que era también docente titular de la cátedra de Medicina Laboral y Enfermedades Profesionales en la Universidad Tecnológica Nacional, lo cual fue desmentido por la casa de estudios. Hasta sus pacientes se sorprendieron cuando se enteraron de la noticia y manifestaron aprecio a su persona.

Esta situación trajo problemas en las Tribunales de Concepción y algunas fiscalías penales, que comenzaron a revisar causas que tuvieron informes periciales firmados por el médico falso.

El caso fue divulgado por el ministro provincial de Seguridad, quien afirmó que el hombre fue denunciado en la Justicia y pasado a disponibilidad dentro de la fuerza. Según el funcionario, fue la ministra de Salud quien le había advertido de la situación irregular del falso profesional, que fue descubierto cuando solicitó el ascenso de cabo al grado superior. La Provincia anunció la instrumentación de auditorías internas en la Policía con el objetivo de corroborar la idoneidad de todos los profesionales que trabajan en la fuerza.

No es la primera vez, que suceden estas anormalidades en el ámbito estatal. En octubre de 2010, un fiscal de Concepción comenzó a sospechar que existían informes mellizos que le enviaba la Policía, cuando solicitó el reporte de antecedentes de un delincuente que era conocido en la zona. Fuentes de la misma Policía indicaron luego que en el último control de calidad, efectuado ese mismo año, se habían detectado alrededor de 15.000 legajos adulterados, pese a que en 2008 se habían adquirido programas informáticos de altísima seguridad para evitar la falsificación. Se atribuyó finalmente el escándalo a “un error humano”.

Nos parece que el caso de este falso médico es de suma gravedad porque está reflejando la incapacidad del Estado para controlar con rigurosidad la veracidad de la documentación académica de los profesionales que ingresan a la administración pública y, en el peor de los casos, una supuesta corrupción en algunos de los eslabones de control. ¿Qué hubiese sucedido si uno de sus pacientes hubiese quedado con alguna discapacidad o hubiera muerto? ¿O si hubiese sido “médico de cabecera” de alguna autoridad de la provincia? ¿Se encontrará a los responsables, habrá sanciones, se revisará exhaustivamente el sistema, o se volverá a hablar de “error humano”?