Legisladores afirmaron que la Emergencia en Seguridad “no sirvió”

A fines de octubre dejará de estar vigente la Ley de Emergencia en Seguridad, norma aprobada en la Legislatura y reglamentada por la Casa de Gobierno en 2017. En ese año, todos los poderes habían alcanzado el consenso para dar vía libre al nuevo régimen, ante una “situación de peligro colectivo” a raíz del incremento de los delitos. Casi 24 meses después, ese pacto habría perdido fuerza, con vista a una prórroga de las disposiciones.

“La Ley no revirtió la situación. No usaron las herramientas legales”, enfatizó Julio Silman, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad, al analizar el impacto de la normativa.

El viernes último, el parlamentario resaltó en la última reunión de ese cuerpo, integrado por representantes de los tres poderes, que “sigue habiendo motos ilegales en las calles, pese a la recomendación hecha en 2016”. “No se observa una decisión política de sacarlas de circulación en la provincia. En la mayoría de los delitos hay un motovehículo robado. Y aquel que los comete, lo hace en un rodado que no tiene papeles. Un laburante, en cambio, sale en una moto legal”, afirmó el peronista.

“Celebro la realización del mapa del delito, el desarrollo de la denuncia on line, que fueron recomendaciones de esta comisión”, añadió Silman.

Sin cambios

Fernando Valdez, representante de la Unión Cívica Radical en el Poder Legislativo, también tuvo una posición crítica a la norma provincial. “No sirvió”, apuntó. “Un pequeño avance fue tenerlo al ministro de Seguridad (Claudio Maley) en la Legislatura dialogando, hablando, durante las reuniones. Desde esa perspectiva, fue bueno tener la norma”, enfatizó el político. “Pero hay dos puntos, en particular, que no han sido tomados en consideración. Uno de ellos fue incorporar y transferir personal de la Administración Pública para atender en comisarías. Se decidió en el Ministerio de Seguridad que eso no era bueno. Una ley y una comisión de emergencia tienen sentido en la medida en que se puedan acordar políticas que cambien lo que se viene haciendo. Si eso no es así, no tienen mayor sentido”, manifestó.

En esa misma línea, otro legislador radical, José Canelada, reafirmó que se puede aprobar “la mejor ley, pero si el Poder Ejecutivo no usa las herramientas que le damos, la norma no sirve de nada”. Además, cuestionó que el único instrumento que había utilizado el Gobierno había sido la contratación directa para la compra de armas y chalecos a Israel.

El ministro Maley manifestó que se sentía “muy conforme con lo que se había hecho hasta aquí”, con relación a la política de seguridad. “Hicimos un trabajo con mucha responsabilidad, con convicción, buscando revertir toda situación de inseguridad, a partir de las distintas modalidades”, indicó. “Con o sin ley, vamos a seguir trabajando”, agregó.

Stella Maris Córdoba, legisladora oficialista, avaló la idea de mantener la emergencia provincial. “Todavía se sostienen los índices de delincuencia que habían llevado a aprobar la reglamentación”, dijo.