“Empecé a hacer ayuda social en la parroquia Cristo Rey”

Ruiz contó que gracias a la función pública pudo comprar un auto.

CARA A CARA. El imputado Ruiz y el testigo Heredia durante el debate. CARA A CARA. El imputado Ruiz y el testigo Heredia durante el debate.

No pedía dinero para sí mismo ni para el intendente Carlos Najar, sino para el bien común. Agustín Ruiz, director de Empleo e Intermediación Laboral, y concejal electo de Las Talitas, negó que pretendiese quedarse con $ 5.000 de los casi $ 8.000 que percibían cuatro de sus colaboradores en marzo de 2016, como denunciaron dos de ellos, Dora Beatriz Cura y Víctor Hugo Heredia. El imputado afirmó que él siempre tuvo la voluntad de apoyar al prójimo. “En la Oficina de Empleo teníamos una caja chica para gastos sociales. Empecé a hacer esta ayuda en la parroquia Cristo Rey con los sacerdotes Luis Michel y José Abuín”, comentó ayer al declarar en la jornada inaugural de un juicio que expuso numerosas irregularidades de la gestión municipal de Najar (se informa por separado).

Al presentarse ante el tribunal conformado por Gustavo Romagnoli (presidente), Luis Morales Lezica y Eduardo Romero Lascano, Ruiz expresó que en el presente ganaba entre $ 38.000 y                $ 40.000; que había empezado a estudiar Abogacía en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y que dejó la carrera por razones económicas. Su defensor Luis Monteagudo le pidió, entonces, que hablara de cómo había mejorado su situación cuando Najar ganó la Intendencia en 2015 y lo designó. Ruiz precisó que pasó de tener un plan a adquirir su propio auto. “Yo estaba en el (programa de cooperativas) Argentina Trabaja. Tenía una moto y en el lapso de un año compré un (Volkswagen) Voyage”, dijo.

Ruiz negó que presionara y amenazara a sus ex colaboradores, a los que trató como empleados de la Comuna de El Mollar, y se cerró en que Heredia lo había invitado a él a la reunión en el Hiper Libertad donde discutieron sobre el dinero. El imputado sostuvo esa postura incluso en el careo con el testigo y denunciante mencionado. “Malinterpretaron el mensaje”, concluyó.

Detalles coloridos del debate

DE UNIPERSONAL A COLEGIADO.- El juzgamiento del funcionario público municipal Agustín Ruiz por la supuesta comisión del delito de exacciones ilegales agravadas empezó con más de 45 minutos de demora y con un cambio sustancial en el estrado. La Sala II de la Cámara Penal de esta capital resolvió a último momento transformar el juicio unipersonal, que debía desarrollar el vocal Gustavo Romagnoli, en un acto colegiado a cargo del juez mencionado, que se desempeñó como presidente, y de sus pares Luis Morales Lezica y Eduardo Romero Lascano. Según trascendió, los camaristas invocaron la importancia institucional y el interés público de la causa para modificar el formato.

CUATRO DEFENSORES Y UNA ADMISIÓN.- El director de Empleo e Intermediación Laboral, y concejal electo de Las Talitas por un acople de la boleta del intendente justicialista reelecto Carlos Najar cambió cuatro veces de defensor. Al juicio oral y público de ayer llegó con el abogado Luis Monteagudo, quien no tuvo un buen día. Resulta que ninguno de sus planteos prosperó y, cansado ya de chocar contra el tribunal, en un momento el profesional admitió que no había tenido tiempo de familiarizarse con el proceso iniciado en 2016. En el expediente consta que Ruiz prestó declaración indagatoria con el defensor José Antonio María Aguilar. Luego, el abogado Federico Ortiz presentó la oposición al requerimiento de elevación del caso a juicio. En la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción intervinieron los letrados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig. Y, en medio de todos estos cambios de figuras, el debate comenzó sin que Ruiz lograra proponer una sola prueba a su favor.

RESOLUCIONES ANTIGUAS, “NO HA LUGAR”.- En un intento por modificar el escenario adverso, el defensor Monteagudo trató de incorporar resoluciones de marzo de 2016 donde supuestamente constaba que los denunciantes de Ruiz, Dora Beatriz Cura y Víctor Hugo Heredia, no eran empleados de la Municipalidad de Las Talitas sino que habían sido contratados en forma transitoria por la Comuna de El Mollar. Si bien el fiscal ante la Cámara Penal, Daniel Marranzino, aceptó la documentación en aras de “la amplitud probatoria”, el abogado querellante Gustavo Morales se opuso con firmeza.  “Nadie puede alegar su propia torpeza. (El defensor) pretende algo manifiestamente extemporáneo”, atacó. El tribunal rechazó el pedido de Monteagudo al considerar que se trataba de “pruebas viejas”, que ya existían al comienzo del proceso. Los jueces tampoco aceptaron la intención del abogado de Ruiz de “tachar” la grabación de la reunión en el Hiper Libertad del acceso norte donde las partes discutieron de dinero. “No existe el medio de impugnación que usted citó”, dijo Romagnoli al defensor.

EL MENÚ: UNA PIZZA.- El denunciante Heredia manifestó que el encuentro del Hiper transcurrió en un bar de ese centro y que los participantes compartieron una pizza, que, según su relato, pagaron entre todos. Esa reunión, como se sabe, acabó mal. La querellante Cura describió que Ruiz primero llevó a un aparte a María Pastora Cholffi (se refirió a ella como “Marisa Cholffi”), y que esta regresó llorando al grupo y les contó sobre el pedido de dinero. Luego, y siempre según la versión de Cura, Sleiman habló a solas con el imputado. “Heredia y yo no quisimos ir a conversar por separado. Entonces, el director (de Empleo) dijo que pedía el dinero para Carlos Najar. Cholffi le dio; Sleiman, no sé, y nosotros nos pusimos a discutir”, recordó Cura, quien más adelante advirtió que grabó el intercambio con un celular que depositó sobre la mesa. “No me consta que Ruiz haya desempeñado una actividad caritativa en la parroquia”, añadió después.

PROFESOR DE MANEJO.- Heredia expresó a su turno que sabía que Ruiz se había comprado un auto Volskwagen Voyage porque él mismo le había enseñado a manejar. Antes de empezar a contar su versión de los hechos, el testigo explicó que había trabajado como taxista. Luego admitió que había sido candidato a concejal en junio por una lista acoplada a la de Najar. “Y, entonces, ¿por qué hace esto?”, espetó inesperadamente el abogado Monteagudo.

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