Mediadores del Poder Judicial temen que una ley los deje sin una instancia clave

Para ellos, la situación es como una amarga paradoja. Mediadores del Poder Judicial de Tucumán mantienen gestiones ante la Legislatura para tratar de llegar a un acuerdo y evitar algo que, a criterio de estos profesionales del derecho, significaría un retroceso: la posible eliminación de la mediación prejudicial obligatoria en los procesos regulados por el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán.

Esta normativa, que rige desde inicios de los 90 en los tribunales provinciales, sería reformada de manera íntegra la próxima semana. Hoy, a partir de las 11, la comisión de Labor Parlamentaria se reunirá en la sede de Muñecas 951 para resolver si incluye en el temario ese proyecto de ley, que fue diseñado por un comité especial interpoderes.

El legislador peronista Marcelo Caponio, uno de los impulsores de esta reforma, sostuvo que con la renovación del proceso civil y comercial se mejorarán aspectos esenciales en la tramitación de estos expedientes, ya que se pondrá el eje en la oralidad, en la inmediatez de las decisiones del juez y en la transparencia. “El sistema actual no puede funcionar más. Hay juicios de sucesiones que demoran décadas. La sociedad reclama justicia. En Concepción, donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal, se redujeron 10 veces los plazos. El cambio es necesario, necesitamos una justicia ágil y transparente”, afirmó Caponio en una entrevista con LG Play.

En términos generales, la iniciativa cuenta con el apoyo del oficialismo y de la oposición.

De todas maneras, las principales objeciones con respecto a la nueva redacción del proceso civil y comercial generó luces de alerta fuera de la sede parlamentaria. Representantes del Registro de Mediadores del Poder Judicial de Tucumán manifestaron su preocupación por la posible desaparición de una etapa que consideran clave para aliviar el índice de litigiosidad en los tribunales provinciales.

Unos 50 mediadores, entre ellos Fabiana Saltor y Alejandro Bellomio, advirtieron a los legisladores que “la oralidad y la mediación son perfectamente compatibles y útiles, cada una en el ámbito específico para el cual han sido proyectada, judicial o prejudicial”. ““(Esta herramienta) se ha afianzado en la sociedad tucumana como un modo de alcanzar la autocomposición de los intereses en conflicto con mayor celeridad, menor tiempo, informalidad y nivel de satisfacción que la que pueden llegar a obtener en una contienda judicializada”, advirtieron.

Otro grupo de profesionales, coordinado por la mediadora Dolores Suárez, se expresó en idéntico sentido. “Hemos tomado conocimiento que se omitió en el proyecto la incorporación del artículo que establece la obligatoriedad de acompañar, con la interposición de la demanda, el acta de cierre sin acuerdo de mediación”, indicaron a través de un texto enviado a LA GACETA. Destacaron el inicio de “un proceso de diálogo” con el vicegoberandor, Osvaldo Jaldo, y con los legisladores peronistas Fernando Juri y Stella Maris Córdoba. “El Colegio de Abogados de Tucumán, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y múltiples entidades han manifestado su preocupación ante la posibilidad de la eliminación de la mediación prejudicial obligatoria”, indicó este grupo. Y advirtió que esta herramienta “es fundamental para lograr el acceso a la justicia en forma eficaz”. “Ha coadyuvado a reducir el nivel de litigiosidad y ha devuelto el protagonismo a la partes ayudándolos a resolver sus conflictos a través del dialogo, el respeto y el consenso”, indicaron. Y señalaron que, según estadísticas del Poder Judicial de Tucumán, el índice de acuerdos en el fuero de Familia llega al 70%.