16 Noviembre 2019
Mientras los legisladores que asumieron el 29 de octubre se van instalando en los despachos, organizando en las comisiones y presentando los primeros proyectos de ley, la próxima sesión asoma en el horizonte inmediato. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, convocó a la mesa de autoridades y a los jefes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria para el martes, con la intención de llegar al recinto el jueves o viernes. En principio, se impone en el temario el proyecto del Poder Ejecutivo que impulsa la renovación de la Ley de Emergencia en Seguridad Pública, en Política Carcelaria y Policial, en Asistencia a las Adicciones y en Seguridad Vial, que regía desde 2017 y caducó hace 10 días. Para tratar este tema, se espera que se constituya la comisión específica, con la presidencia del oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, que deberá emitir un dictamen ratificando o modificando la propuesta elevada por el gobernador, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Claudio Maley. Pero no sólo esta norma se vio afectada por el paso del tiempo. Entre fines de este año y comienzos del que viene caducarán otras tres leyes de emergencia. En total, son ocho las disposiciones de emergencia en Tucumán, que abarcan aspectos relativos a crisis que van desde lo económico hasta lo hídrico.
1. Una normativa que deberán renovar
En 2016, luego de que la Nación dictara el estado de excepción por la crisis en el aspecto delictual, la Provincia sancionó su propia ley de declaración de emergencia. La norma incluyó cuatro aspectos: la seguridad pública, la situación edilicia de cárceles y comisarías, la atención y prevención de las adicciones y la seguridad vial. El texto perdió vigencia el martes pasado, por lo que será uno de los temas a abordar en la sesión legislativa prevista para el jueves o viernes próximo. El oficialismo cuenta con mayoría absoluta -35 de los 49 votos-, pero los bloques de Fuerza Republicana y los aliados a Vamos Tucumán tendrán la oportunidad de llevar al recinto los cuestionamientos que vienen expresando contra el Ejecutivo por las políticas contra el delito.
2. Un blindaje para las arcas públicas
El estado de Emergencia Económica del Estado en la Provincia, que establece la inembargabilidad de los recursos públicos, se encuentra operativa desde 2008, y caduca el 31 de diciembre de este año. Si bien este régimen de excepción, que “blinda” las cuentas provinciales, municipales y comunales de posibles embargos, es aplicado desde los 80, fue mutando hasta que, durante la gestión del ex gobernador José Alperovich, se estableció la redacción actual. Se trata de una normativa clave para darle previsibilidad a la administración de los recursos públicos, al punto que, con cada renovación de la Emergencia Económica desde la Legislatura, los Concejos Deliberantes se reúnen luego para adherir a sus disposiciones.
3. Para atender la demanda del servicio
La ley de Emergencia en el Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal -más conocida como “emergencia eléctrica”- rige desde 2010, y además de posibilitar la contratación directa de obras y servicios, declara prioritarios “los estudios y la inversión vinculados con la generación de energía a partir de fuentes renovables aplicadas al servicio público”. Fue renovada por última vez en 2018, y se extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. “El incesante crecimiento de la demanda de energía tanto residencial como industrial por encima de los niveles estadísticos históricos hace necesario prorrogar el estado de emergencia que se propicia”, planteó el gobernador Juan Manzur en el último proyecto que actualizó la norma.
4. Para aliviar a los productores rurales
Las inundaciones de 2015 generaron desastres en los cultivos de la provincia. Por ello, sobre el cierre del alperovichismo, se dictó un DNU que estableció la Emergencia Agropecuaria. Este sistema de excepción posibilitó el diferimiento en el pago de tributos provinciales en favor de productores cuyas cosechas se hubieran visto afectadas por la catástrofe climática. El beneficio fue extendido por última vez en 2018 y finaliza el 31 de diciembre de este año. En concreto, aplaza el pago de las cuotas del Impuesto Inmobiliario de 2015, 2016, 2017 y 2018 por tierras afectadas a producción de caña de azúcar y suspende los procedimientos judiciales y administrativos promovidos por cobro de créditos a favor de la Provincia.
5. Servicios básicos por desastres naturales
Vigente desde 2007, la ley que declara el Estado de Emergencia Hídrica y Social en la Provincia caduca el 16 de enero de 2020, según la última renovación. Teniendo en cuenta que para entonces la Legislatura estará en el receso estival, se espera que sea extendida nuevamente antes de que cierre el período de sesiones ordinarias. En su origen, surgió como un decreto de necesidad y urgencia dictado por el ex gobernador, José Alperovich. Su texto establece beneficios tributarios y garantías en cuanto a la cobertura social y la provisión de servicios públicos a favor de damnificados por desastres climáticos. A la vez, habilita al Poder Ejecutivo a llevar a cabo adecuaciones presupuestarias para cumplir con estas disposiciones.
6. Subsidios locales para evitar despidos
El estado de emergencia con vigencia más reciente en Tucumán es el referido al transporte público de pasajeros. En 2017, en medio de la polémica entre la Nación y la Provincia por los subsidios a las empresas de colectivos, el Gobierno provincial resolvió avanzar con un régimen de aportes estatales en favor de las firmas asociadas a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán. Este mecanismo posibilita la transferencia de hasta $ 130 millones del Tesoro de la Provincia en favor de las prestatarias de ese servicio público. Cuando se concretó su aprobación, hubo un compromiso -consignado en la norma- de que se mantendrán los subsidios en tanto no se produzcan despidos. La ley caduca el 15 de mayo de 2020.
7. Para la protección de víctimas
En 2016, la Legislatura sancionó la ley que establece el Estado de Emergencia en Violencia contra la Mujer. El texto, que caduca el 21 de diciembre de 2020, incluye una serie de medidas de excepción para tratar de prevenir los casos de violencia de género y atender a las víctimas. Entre las disposiciones incluidas por este régimen están: la puesta en marcha de un registro de denuncias; la creación de una mesa institucional para el seguimiento de esta norma; el establecimiento de un cupo para viviendas sociales del IPV; campañas de difusión masiva para la erradicación de estos casos; y la puesta en vigencia de un régimen especial de licencias para víctimas en los tres poderes del Estado.
8. Para evitar embargos en entidades sociales
La Emergencia Económica y Social de Entidades para Entidades sin Fines de Lucro tiene vigencia desde 2008. El texto dispone la suspensión de “los embargos y las ejecuciones de sentencias contra el patrimonio de las instituciones (...) que se encuentre afectado al desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales y/o sociales”. Así, las entidades deportivas y sociales pueden tener previsibilidad en sus finanzas, y evitar sorpresas como medidas judiciales en contra de estadios y salones de actos. El texto, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, declara también inembargables “los aportes oficiales (nacionales, provinciales o municipales) entregados a asociaciones civiles sin fines de lucro mediante subsidio”.
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