“Ya algo van a inventar”

“Un impuesto multifásico en cascada establece una discriminación arbitraria contra los productos que se ven envueltos en un número superior de etapas en el proceso de producción y distribución. Además, con el fin de evitar el impuesto, las firmas intentarán llegar a acuerdos con sus proveedores, lo que incentivará la integración vertical entre empresas y por lo tanto tenderá a disminuir el grado de competitividad en la economía. [...] Por estas razones, el impuesto multifásico en cascada se considera como un sistema de imposición inferior [...] Afortunadamente, los Estados Unidos nunca han sufrido la existencia de un impuesto multifásico en cascada”. Richard A. Musgrave y Peggy B. Musgrave, acerca del aquí llamado Impuesto a los Ingresos Públicos, en el libro Hacienda Pública. Teórica y aplicada (editorial McGraw-Hill, 1992).

“Ya algo van a inventar”. Esas cinco palabras fueron, a lo largo de este electoralísimo 2019, el mantra con el que terminaban buena parte de las prédicas peronistas de campaña que se manifestaban en contra de las políticas de ajuste del macrismo. Un argumento claramente válido a los efectos proselitistas (Mauricio Macri es el primer presidente argentino en perder una reelección, y encima en primera vuelta), pero con una carga de peligrosa irresponsabilidad administrativa. Como todos los pasillos del laberinto de la economía pública, a la larga o a la corta, terminaban en un único patio central, la pregunta obligada terminaba siendo, con distintas formulaciones, esencialmente la misma: “sin posibilidad de fuentes externas de financiamiento tras el ciclo de endeudamiento de Cambiemos, ¿cómo será posible gobernar sin medidas de austeridad?”. Los dirigentes contestaban respecto del Gobierno provincial, y las autoridades locales respondían pensando en un futuro presidente del mismo signo, con la misma expresión subjuntiva: “ya algo van a inventar”.

Pues bien: a un mes de la Navidad, la coyuntura financiera de la Provincia hace propicio escribirle una cartita al Niñito Dios, redactar una lista de deseos para Papá Noel, sacar un conejo de la galera o, en definitiva, cumplir con la promesa de “inventar algo”. Porque la necesidad de tramitar un préstamo de $ 3.000 millones para garantizar el pago de los salarios es el síntoma de que la plata pública, simplemente, dejó de alcanzar. Y más aún: es el signo de fatiga del mayor músculo político que ha ejercitado el manzurismo durante sus primeros cuatro años.

Movilidades

La de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo viene siendo una gestión que, sin proclamarlo, estatuyó que el pago de los salarios al día, recomponiéndolos año tras año frente a la inflación (“cláusula gatillo”), para no resentir el poder adquisitivo del salario y atemperar la caída del consumo por la crisis económica nacional, también es una política de Gobierno. Claro está, se puede no compartir ese estándar, que ha convertido a Tucumán en una de las provincias con más bajo índice de ejecución presupuestaria de obra pública en la Argentina, pero ese desacuerdo es aquí minoritario: ellos dos fueron reelectos en junio con la mitad más uno de los sufragios, sacándole 300.000 votos de ventaja al macrismo, 350.000 al bussismo y 400.000 al alperovichismo.

Establecido esto, ya sea que el oficialismo hable de justicia social distributiva de la riqueza en tiempos de crisis, o que la oposición denuncie una política de no inversión en infraestructura perdurable más allá de los gobiernos, lo cierto es que ese esquema acaba de mostrar una renguera. Después de saltar limpiamente cuatro ejercicios completos, ahora hay que pedir muletas con forma de crédito. Y ese es doble problema: a la vez que escasean los recursos para abonar los haberes, el grueso del poder del oficialismo tucumano se sustenta sobre la movilidad salarial de los estatales.

A este callejón concurren otros inconvenientes, más bien de índole política, que se pueden sintetizar en una certeza: se gastó de más. Es fácil suponer que ese gasto de más estuvo dado por la campaña provincial, dada la corrosión irrefrenable del valor de la moneda nacional durante el año; el Gobierno tucumano hizo en agosto una corrección del Presupuesto 2019 y lo amplió en el orden del 25% (el plan de ingresos y gastos se había aprobado a finales del año anterior), con lo cual los tantos deberían haber quedado acomodados cuando se llevó el número de la Ley de Leyes a la friolera de $ 125.000 millones de pesos. Sin embargo, igual faltan $ 3.000 millones para que cierren los números.

Tampoco se puede atribuir este desajuste a los desfases inflacionarios, porque así como aumentan los precios, también aumenta la recaudación y se licúa la deuda pública. La inflación es un impuesto. Y las “cláusulas gatillo” van, en el tiempo, “detrás” de la inflación: primero aumentan los precios, entonces se recauda bien, y después viene la recomposición salarial.

No es difícil intuir adónde derivará este atolladero: la oposición dirá que el Gobierno tucumano gastó de más ensanchando la base del empleo público con fines electorales, y lanzará la sospecha de que con fondos provinciales se costeó parte de la campaña nacional del Frente de Todos, posterior a la ampliación presupuestaria de agosto, y que por eso el gasto no cierra. El oficialismo, en cambio, contraatacará culpando al Gobierno nacional por resentir los fondos provinciales directamente, mediante la eliminación de subsidios de los que -argüirá- la Provincia debió hacerse cargo; e indirectamente, porque la crisis económica resintió de tal manera el consumo que la recaudación va detrás de la inflación, como ocurre también en el orden federal.

Esencias

En todo ese mentidero, una cosa es cierta: falta información pública. O más bien: sigue faltando. Y la Casa de Gobierno no procura los datos porque la Legislatura tampoco lo exige.

No hay una cultura institucional referida a que los ministros rindan cuenta al pueblo a través de sus representantes (en la Nación, el jefe de Gabinete debe comparecer por ley ante el Congreso todos los meses); no hay una Ley de Acceso a la Información Pública que permita a cualquier ciudadano obtener información del Estado; y no hay tampoco antecedentes de que alguna vez la Legislatura haya debatido, siquiera, los gastos anuales del Poder Ejecutivo, reunidos en la Cuenta de Inversión. Para que se entienda: el Presupuesto General de la Provincia no es una autorización de gastos: es un mandato. El pueblo, a través de los legisladores, manda a gastar así. Luego, el Gobierno rinde cuenta de cómo gastó. Y el Poder Legislativo, aquí, renuncia a revisar esa rendición. O lo que es igual: renuncia a su esencia.

La “Revolución Gloriosa” de 1688, en Gran Bretaña, forjó la moderna democracia parlamentaria y determinó que el rey no podría crear nuevos impuestos unilateralmente. A la corona, además, se le fijó un presupuesto. Porque el monarca podía declararse investido por Dios, pero no era Dios sino los súbditos quienes le daban el dinero. Hay parlamento, primero, para controlar el gasto público. Si no va a ser así, a no sorprenderse con los cuestionamientos hacia el gasto público de un poder que no controla la ejecución del presupuesto de gasto público que aprueba.

Huelga decirlo: que tampoco hagan flamear como bandera de la excusa la publicación de las ejecuciones presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía hace a través de Internet. Desde que se inauguraron, en tiempos del alperovichismo, se publican las de enero a noviembre. Las del último mes no, en nombre de que abundan los feriados y los asuetos bancarios, de que comienzan las vacaciones de los estatales que se prolongan durante todo enero, y de que es un mes atípico porque se pagan dos sueldos y medio a los estatales. Diciembre fue siempre una alfombra, que acomodaba los desórdenes de todo el año, y los metía “debajo de la carpeta”.

Distorsiones

El crédito de 3.000 millones de pesos para afrontar el pago de sueldos (léase, tomar deudas para gastos corrientes, no para gastos de capital ni bienes durables) es el segundo eslabón en una cadena que LA GACETA anticipó hace un mes, cuando un informe de Marcelo Aguaysol reveló que los gobernadores peronistas le plantearán a Alberto Fernández, cuando asuma en la Casa Rosada, que se liquide el consenso fiscal suscripto por Macri, para que no tengan que bajar las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos. Si a eso anuda, además, el hecho de que el presidente electo le ha ratificado al Fondo Monetario Internacional que “ya no habrá más ajustes” en la Argentina, el trago que se avecina, a esta hora, es un cóctel de emisión monetaria nacional e impuestazos provinciales.

“Quieren seguir ordeñando dos vaquitas, la de la moneda de curso legal y la de la capacidad de los contribuyentes, a las que ya casi no les queda nada para dar”, metaforiza el economista tucumano Eduardo Robinson. En todo caso, diferencia, la emisión puede ser por un corto plazo, pero la carga tributaria llegará para quedarse, como siempre lo hace, advierte.

El agravante de este panorama es que hay pocos impuestos tan regresivos y distorsivos como los Ingresos Brutos, que representan en Tucumán entre el 75% y el 80% de los ingresos por recaudación provincial. Al gravar cada una de las etapas de la producción, termina generando una brecha en los productos que más instancias de elaboración demanda. Un bien que demanda de siete pasos pagará la mitad de los impuestos que uno que necesita 15.

“Pero además termina siendo atentatorio contra las pequeñas y las medianas empresas. Las grandes firmas se organizan por departamentos, de modo que los insumos que produce un área y pasan a otra no pagan Ingresos Brutos. Las PyMEs no tienen esa ventaja. Entonces, el Gobierno tiene un discurso para alentar la inversión y, por otro lado, una práctica impositiva que castiga a las PyMEs y a los emprendedores, que nacen siendo una PyME”, ilustra el economista tucumano Gustavo Wallberg.

Endeudamientos

Si no “inventan algo”, se va a poner complicado el asunto. Y no sólo en términos económicos, sino también en términos políticos.

En primer lugar, si el núcleo de la política de Gobierno tucumano, tanto para la gestión como para las elecciones, es el pago de los sueldos indexados a la inflación, que el Gobierno ya reelecto decida tomar deuda para mantener ese “programa” en lugar de ajustar los salarios estatales es todo un indicio. Un presagio de que, cuanto menos en los planes, hay una elección más en breve. Y esa no puede ser otra sino la de una reforma constitucional. Y apenas se caiga del almanaque la hoja correspondiente a 2020, sigue otro año electoralísimo: en 2021 serán los comicios de medio término para el próximo Gobierno nacional. Y los gobernadores deberán renovar su “peso específico” en el Congreso. El manzurismo no necesita un parche, sino un plan, cuanto menos, de mediano plazo.

En segundo lugar, si el grueso de los mandatarios provinciales del peronismo va a plantearle a Alberto Fernández que tienen urgidas necesidades de financiamiento, eso altera las relaciones de poder en el orden federal. Ya se ha planteado que, para garantizarse gobernabilidad en el Congreso, Fernández tendrá que recostarse sobre el kirchnerismo (Cristina Fernández presidirá el Senado, su hijo Máximo Kirchner liderará el bloque en Diputados, y Axel Kicillof gobernará en Buenos Aires) o sobre la Liga de Gobernadores, a quienes responden un número mayúsculo de diputados y de senadores. Políticamente, la opción por la Liga es menos cruenta, pero si es demasiado costosa en términos económicos, el kirchnerismo será una opción considerable.

En tercer término: ¿el poder político tucumano se va a seguir haciendo el otario con el escándalo de Tafí del Valle? Hoy se cumplen 18 días desde que LA GACETA.com dio a conocer el audio en el que, supuestamente, el intendente Francisco Caliva le ofrece dinero del Estado, contratos de obras públicas con sobreprecio y nombramientos en el poder político provincial a cambio de que defraude el resultado en las urnas, y vote como oficialista en lugar de como un opositor; y para que defraude la republicana división de poderes y someta el Concejo Deliberante a la Intendencia. Hoy, si se llega a plantear en la sesión de la Legislatura una cuestión de privilegio contra el jefe municipal, ¿la van a tratar en el recinto o la van a pasar a comisión a la espera de que todo se olvide?

Cuando se gobierna, las deudas que se contraen no sólo son económicas. Eso sí: las deudas de las autoridades democráticas con la democracia no tienen refinanciación. Y son imperdonables.