24 Noviembre 2019
DIJO NO. Áñez, presidenta interina en Bolivia, anticipó que no permitirá un indulto a Evo Morales. REUTERS
El gobierno interino de Bolivia y más de una docena de líderes sociales y sindicales llegaron a un principio de acuerdo para pacificar el país, que incluye el repliegue de militares de lugares no estratégicos y la derogación de una polémica ley que había dado inmunidad para el uso de la fuerza.
La presidenta interina, Jeanine Áñez, tenía previsto promulgar en la mañana una ley aprobada el sábado por la noche en el Congreso que anula las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y prevé la convocatoria a una nueva votación, sin la participación del expresidente Evo Morales.
Ambos acuerdos marcan un avance hacia la pacificación del país, con el objetivo de poner fin a semanas de disturbios que han dejado 32 muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desde las elecciones que le dieron un cuarto mandato consecutivo a Morales, pero que fueron denunciadas por fraude.
Morales renunció a la presidencia bajo presión de las Fuerzas Armadas y manifestantes el 10 de noviembre. El líder socialista, que estuvo en el poder casi 14 años, dijo que fue derrocado en un golpe de Estado y está exiliado en México.
El exmandatario afirmó en una entrevista al diario “Página 12” que renunciaba a su candidatura a la presidencia, que le gustaría regresar a Bolivia, pero que por el momento no lo ve posible y que no descarta pedir asilo en Argentina, adonde el sábado llegaron sus dos hijos.
"No lo descarto (asilarse en Argentina). Quiero estar más cerca de Bolivia. El hermano y la hermana Fernández siempre me cooperaron", dijo Morales refiriéndose al presidente y la vicepresidenta electos de Argentina, Alberto Fernández y Cristina Fernández, que asumirán el próximo 10 de diciembre.
La posibilidad de que Morales sea candidato había quedado descartada en la ley sancionada anoche por el Congreso, que fue aprobada por el Movimiento al Socialismo (MAS) del exmandatario.
Pacificación
El proyecto de "Ley para la pacificación del país y para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano" fue discutido hasta la madrugada entre Áñez y las organizaciones sociales y sindicales y se prevé que ambas cámaras del Congreso lo aprueben hoy para que el Poder Ejecutivo lo promulgue.
Una de las principales demandas de los líderes sociales era el repliegue parcial de las Fuerzas Armadas como condición para suspender las movilizaciones y bloqueos de carreteras, además de la celebración de elecciones generales antes del 22 de enero.
En El Alto, donde las protestas seguían activas en contra del gobierno, la presencia militar se mantendrá para resguardar la planta de YPFB en Senkata, ante el riesgo de vandalismo que podría hacer estallar los depósitos de combustibles.
"Se va a abrogar el decreto y se lo va a modificar disponiendo que las Fuerzas Armadas se mantendrán en todas aquellas empresas estratégicas del Estado para su custodia y conservación", dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en referencia al decreto que permite el uso de armas para reprimir las movilizaciones.
Otro artículo clave de la ley es la protección a los dirigentes sindicales, que establece garantías para que Morales regrese al país como líder de trabajadores.
Pero Áñez se opuso al proyecto de ley presentado por el MAS para darle inmunidad a Morales, al anunciar públicamente que, de ser aprobado, lo iba a vetar. "No podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos", sostuvo.
La ley que el Congreso debatirá esta tarde también establece indemnizaciones para las familias de las personas fallecidas en el conflicto y el pago de gastos médicos de los heridos, la liberación de los detenidos e investigación de las muertes, además de entrega de salvoconductos a exautoridades y dirigentes que lo soliciten.
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