25 Noviembre 2019
Las cifras sobre la cantidad de policías en servicio cada día y la de detenidos, procesados y condenados han generado inquietud acerca de los riesgos en que se encuentra Tucumán. El sistema está en una cornisa, que para algunos significa que se encuentra a punto de colapso y para el ministro de Seguridad es un límite, para él controlable, en el que se irán resolviendo los inconvenientes a medida que vayan surgiendo.
De los 9.000 policías tucumanos sólo unos 1.620 se encuentran trabajando cada día (el resto descansa) y de estos, 745 están afectados a atender a los detenidos en las distintas dependencias policiales y carcelarias, con lo cual el personal destinado a prevención, investigación y custodias se reduce drásticamente, tanto como los vehículos disponibles, que deben también ser afectados a traslados de presos, a veces por largas distancias. Como se sabe, las diferentes comisarías albergan un número excesivo de detenidos, estimado en 1.000, y como hay ingreso constante de personas aprehendidas por los agentes de seguridad, hay un sistema de cupos en cada dependencia que genera constante movimiento de detenidos: a medida que se libera un espacio, se hacen los traslados, a veces de la capital al interior, o viceversa. Eso ocupa gran parte de la tarea de los agentes policiales. Según se informó, en el Poder Judicial se tomaron algunas decisiones para tratar de aminorar este problema: una es comunicar las resoluciones en los centros de detención para que no haya traslado de detenidos por este motivo, y otra es que en los próximos días los presos serán trasladados en unidades especiales a las 5 de la mañana y permanecerán en Alcaidía de la Corte hasta la tarde. Con eso se aliviaría el uso de vehículos policiales.
No obstante, estas son medidas paliativas, y el problema va a agravarse hasta mayo, cuando entraría en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Se estima que la aplicación de este sistema implicará un aumento sustancial de la cantidad de detenidos; se cree que podría haber 3.000 personas privadas de la libertad, con lo cual, de persistir las actuales condiciones, habría no sólo un colapso carcelario, sino una afectación de la seguridad por agravamiento de la crisis de personal para realizar tareas de prevención.
Por cierto, una gran cantidad de policías realizan servicios adicionales, y por una norma de la institución, al estar armados y de custodia se encuentran en “estado policial” y por lo tanto con responsabilidades como guardianes de la sociedad. No obstante, el servicio adicional les genera obligaciones con quienes los contratan, además de que realizan esta tarea en momentos en que deberían estar de descanso, lo cual da lugar a que haya empleados policiales que se encuentran realizando un trabajo complejo y estresante en condiciones que agravan ese estrés. No es fácil medir eso en una provincia azotada por la inseguridad y la violencia -el año pasado se contabilizaron 130 homicidios y en lo que va del año la cifra está cercana a ese número- pero seguramente todos estos elementos están conectados.
Las salidas están en resolver en un programa de largo aliento pero de aplicación inmediata cómo se encontrarán lugares de detención adecuados y con capacidad suficiente y cómo se hará para que los agentes policiales se dediquen a la prevención de modo efectivo en toda la provincia. De eso se debe discutir cuanto antes en las más altas esferas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Lo más popular
