En busca de consenso sobre la Ley de Narcomenudeo

La implementación de la Ley de Narcomenudeo ha generado un justo y razonable debate en la provincia. Nadie puede negar que se trata de una norma necesaria para combatir con el flagelo de la comercialización de drogas que avanza a pasos agigantados. Pero también es cierto que la provincia no está preparada para ponerla en vigencia por diferentes razones y si lo hace, irá camino al fracaso, como ya ocurrió en otros lugares del país.

En agosto pasado, el vicegobernador anunciaba en un programa de LG Play la necesidad de combatir a las organizaciones que se dedican a la venta de estupefacientes a menor escala. Sus colaboradores más cercanos explican que esa iniciativa surgió cuando se encontraba en campaña. No importaba la localidad o el barrio que caminara, sus habitantes siempre le pedían lo mismo: erradicar los “quioscos” de venta de drogas. Su iniciativa tuvo respaldo mayoritario en la Legislatura y, en menos de un mes, se aprobó la ley que con un rápido trámite fue promulgada por el gobernador, Juan Manzur.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, atendiendo el planteo realizado por organizaciones no gubernamentales, presentó en la Corte Suprema de Justicia un pedido formal para que la ley no entre en vigencia el 1 de enero. Entre los argumentos esgrimidos aparecen la falta de lugares de detención (otro efecto de la crisis carcelaria que sigue sin resolverse); la demora en el nombramiento de fiscales y jueces en la materia; las fuerzas de seguridad aún no coordinaron cómo trabajarán; no hay un laboratorio para analizar la drogas que se secuestre y, fundamentalmente, no se discutió cuándo un caso deberá ser atendido por el fuero local o el federal. La historia pareciera volver a repetirse. En 2015, por un planteo del MPF, la Corte decidió frenó la aplicación de la Ley que también serviría para luchar contra el narcomenudeo. Los argumentos era muy parecidos a los que se volvieron a presentar hace una semana. El máximo tribunal dictó la medida cautelar, pero aclaró que cuando se solucionaran todos los problemas que la hacían inaplicable, la norma entraría en vigencia. Pasaron cinco años desde que se emitió ese fallo y nada se modificó, sino que se creó otra similar a la que se había frenado.

Pero en medio de la polémica surgió una interesante iniciativa para solucionar este conflicto. El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse convocó a una mesa de diálogo integrada por los tres poderes del Estado para buscar una solución al problema. Su par, el opositor Ricardo Ascárate, se mostró complacido con el convite y sumó algunas propuestas. Funcionarios de las áreas de Seguridad y de Gobierno y Justicia también se ofrecieron a aportar lo que sea necesario para avanzar con la implementación. El MPF ya dio señales de que está dispuesto a buscar el modo de destrabar el asunto y la Corte Suprema observa con beneplácito la búsqueda del consenso.

Y justamente, la Ley de Narcomenudeo debería ser considerada como un ejemplo para el futuro. En temas tan importantes y tan sensibles es fundamental que la norma a aplicar sea consensuada antes de llegar a la sanción y a la promulgación. De nada sirve anunciar la implementación de una ley si no se sabe si se la podrá hacer cumplir. Esas reacciones no llevan a ningún lado y generan más problemas y tensiones o llevan a un punto sin retorno.