06 Diciembre 2019
El gobernador, Juan Luis Manzur, había solicitado al Poder Legislativo la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 de diversas leyes de emergencia que caducan este año. Sin embargo, los representantes del pueblo resolvieron que, si bien extenderán la vigencia de esas normas de excepción, lo harán hasta que finalice 2020.
Esta decisión, anunciada ayer por el vicegobernador Osvaldo Jaldo, fue acordada en la comisión de Labor Parlamentaria, que reúne a los presidentes de bloque y a las autoridades del cuerpo legislativo.
Además de definir que la próxima sesión tendrá lugar el jueves de la semana que viene, se estableció que en el temario serán incluidas las prórrogas de las leyes de excepción. Una de las más relevantes es la de Emergencia Económica, que permite un “blindaje” sobre las cuentas del Estado provincial, municipal y comuna, ante eventuales embargos dispuestos desde la Justicia.
Manzur había pedido que esta normativa fuera ampliada hasta 2023 -es decir, hasta el final de su mandato-. Sin embargo, legisladores oficialistas aportaron proyectos que establecen como fecha tope el 31 de diciembre de 2020. Hoy, la comisión de Hacienda y Presupuesto emitirá un dictamen favorable basándose en esta última alternativa.
“El criterio de la Legislatura es ir dando año por año las emergencias, con la expectativa de que, a partir de la nueva gestión nacional, la situación de la provincia pueda mejorar en algunas de las áreas que hoy están declaradas en emergencia”, indicó ayer Jaldo, tras la reunión de Labor Parlamentaria. Destacó que, de todas maneras, la Legislatura otorgará prórrogas cada vez que la administración de la Provincia lo requiera.
También se tratará la ampliación de la norma que habilita la extensión del plazo del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y de los contratos del fideicomiso celebrados entre la Caja Popular de Ahorros y los municipios. El miércoles, la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, a cargo de Enrique Orellana, emitió un dictamen favorable. Otra vez, se optó por fijar como plazo el 31 de diciembre de 2020, en lugar de 2023 como había requerido el titular del Poder Ejecutivo.
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