Abordar el tema del ingreso a la universidad

Abordar el tema del ingreso a la universidad sin contemplar la trayectoria de los estudiantes desde su formación secundaria hasta la graduación es una mirada mezquina. Pensar el acceso obliga a generar políticas que traten a los diferentes estudiantes de distinta forma para garantizar el progreso educativo. Y para eso hace falta articular bien y permanentemente con el nivel medio y las jurisdicciones.

Asociar cantidad de estudiantes a calidad educativa es una falacia. En todo caso, la relación estudiante/docente será una variable más en el análisis y por cierto para nada definitoria. Por eso la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) acredita carreras con ingreso restricto, pero también con ingreso libre (y estas últimas son la gran mayoría).

Hay que decir también que el ingreso irrestricto, si bien es más democrático, por si solo no garantiza más oportunidades. Se deben tomar medidas de contención y acompañamiento que posibiliten el ingreso efectivo de los estudiantes hasta su graduación. No es serio que los estudiantes abandonen a los meses sin ninguna reacción institucional.

La deserción y el abandono tienen múltiples causas: no suceden solo por cuestiones vocacionales o formativas, sino que existen razones sociales, económicas, laborales, etcétera. Como así también cuestiones institucionales -diseños de planes de estudios, horarios de cursada inaccesibles para quienes trabajan, falta de mesas de exámenes, falta de complementos virtuales, ausencia de acompañamiento y guía, etcétera- que hacen que haya carreras expulsivas, ya que no contemplan la realidad del estudiante en su propuesta académica.

Las universidades públicas deben tomar nota de que hay una mayor demanda de educación superior y de que esa demanda social va a seguir en aumento. Eso exige reorganización para recibir a un número mayor de estudiantes. Si bien no se puede establecer una relación directa, la falta de respuesta en el sistema público favorece la creación de ofertas privadas que vienen a complementar a carreras existentes en la universidad pública.

Atender esa mayor demanda exige ver asimetrías en la distribución presupuestaria en el sistema, pero también dentro de las universidades. Por ejemplo, hay carreras con pocos docentes y muchos estudiantes y viceversa. Para revertir eso, las instituciones deben, en el marco de su autonomía y autarquía, fijar criterios de asignación de cargos docentes a las carreras sobre pautas serias y razonables, pero fundamentalmente equitativas, entre carreras y campos disciplinares.

La educación superior es un derecho humano, un bien público y social y una responsabilidad de los Estados, por lo que las universidades públicas deben garantizar el derecho a la educación a los miembros de la sociedad que la sostiene con sus aportes y ven en ella una oportunidad de progreso.

Argentina precisa que sus universidades estatales tengan más estudiantes y más egresados en esta sociedad del conocimiento.