Preocupados, mediadores tucumanos le enviaron una nota a Highton de Nolasco

Temen que se elimine la mediación prejudicial obligatoria.

PORTESTARON LA SEMANA PASADA. Los mediadores alzaron la voz durante la inauguración del nuevo edificio judicial. PORTESTARON LA SEMANA PASADA. Los mediadores alzaron la voz durante la inauguración del nuevo edificio judicial. FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
12 Diciembre 2019

El proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial que está siendo tratado actualmente en la Legislatura elimina la mediación prejudicial obligatoria. Eso preocupa a más de 50 mediadores de la provincia, quienes le enviaron una nota a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, Elena Highton de Nolasco, para ponerla al tanto de lo que ocurre.

Esta herramienta fundamental del acceso a justicia lleva 15 años de existencia en Tucumán, indica el Centro de Información Judicial. En 2005 la Corte provincial implementó un programa piloto a través de una acordada, con el objetivo de promover e incentivar el acceso a justicia, disminuir la litigiosidad judicial y optimizar el servicio de justicia que se brinda a los ciudadanos. Posteriormente, en el año 2006, mediante la ley 7.844 se implementó la mediación como prejudicial y obligatoria. 

Actualmente genera confusión entre los profesionales el hecho de que haya sido excluida expresamente en el proyecto legislativo para casi la totalidad de las materias.  

La efectividad de la mediación prejudicial obligatoria en Tucumán se puede constatar en los datos estadísticos publicados por el Centro de Mediación Judicial. Según se expresa en la nota, existe en la provincia un promedio general del 44% de acuerdo, y respecto a aquello que las partes no acordaron, solo se judicializa el 30%.

Además, el informe indica que este mecanismo propicia la cultura de la paz, en contraposición a la arraigada cultura del litigio; se estimula el aprendizaje colaborativo; se privilegian soluciones que contemplen los intereses de ambas partes involucradas; se contribuye a la consecución y sostenimiento de la paz social y se sustrae un alto número de casos a los tribunales, posibilitando que estos se aboquen a la resolución de las causas pendientes; entre muchas otras.

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