Se trata de la renovación de un protocolo que Ginés González García explicó muy bien apenas asumió como ministro de Salud: está dando actualizaciones médicas a cerca de nuevas técnicas de hacer estas interrupciones legales del embarazo. El protocolo viene a establecer una guía de aplicación de una ley vigente hace casi un siglo en Argentina que contempla la interrupción legal del embarazo por tres causales, riesgo de vida, de salud -entendida en una concepción integral, no sintomática-, y en caso de violaciones. Brinda a las personas encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley las herramientas necesarias desde el punto de vista médico para que estos procedimientos se hagan de la mejor forma.
Me parece que eso es fundamental, hay una discusión de muchos grupos antiderechos que dicen ‘la ley no fue votada’. Ese proyecto de ley con la sanción de Diputados y el rechazo del Senado lo que proponía era legalizar el aborto para que las mujeres accedan voluntariamente a procedimientos de interrupción garantizados por el Estado. Nosotros pedimos la legalización del aborto como movimiento de mujeres, para que sean legales las interrupciones que no están encuadradas en estas tres causales. Esto es algo que seguimos y seguiremos exigiendo hasta garantizar nuestro derecho.
Este nuevo protocolo viene a avanzar en lineamientos para facilitar la aplicación de las interrupciones legales de embarazo, por las tres causales ya explicadas. Esto da un mensaje político, es una clara señal de que les interesa garantizar la vida y la salud de las mujeres.
Independientemente de que la provincia defina adherirse o no al protocolo, la ley debe ser cumplida. Insisto: la ley existe, debe ser cumplida.
Esperamos que sea un avance para que efectivamente se garantice el acceso a este derecho y sin dilaciones. Que esto ayude a que no se judicialice ni a personas gestantes ni a trabajadores de la salud que garanticen el acceso a este derecho. El ministro ha dado cifras importantísimas: es una de las mayores causas de mortalidad materna, 2.000 mujeres mueren por año en Argentina por abortos clandestinos, que en muchos casos son abortos no punibles, y hay 50.000 personas gestantes que terminan con consecuencias graves para su salud o con problemas de internación por estas causas.