20 Diciembre 2019
El trágico accidente de Miguel Francisco Robinson abrió anticipadamente la temporada. El domingo pasado, este reconocido visitador médico de 49 años se estrelló con su cuatriciclo contra un poste y perdió la vida. Fue en El Cadillal, en un camino de tierra. Testigos dijeron que circulaba a gran velocidad y, por motivos que aún no se conocen, perdió el control del vehículo.
Lejos de escarbar en culpabilidades ni en responsabilidades sobre lo que ha sido una lamentable tragedia, esta vida que se apagó debería servir para encender todas las alarmas y agilizar la puesta en marcha de normativas específicas y controles sistemáticos vinculados a estos vehículos de cuatro ruedas, usados principalmente como medio de recreación en las villas veraniegas de Tucumán y de todo el país. La de Robinson es otra de una larga lista de conductores y acompañantes que perdieron la vida a bordo de cuatriciclos. En muchas ocasiones, los fallecidos fueron menores de edad.
Como en muchas ocasiones, las acciones de los gobiernos llegan después de las tragedias. La muerte del visitador médico aceleró reuniones, planes y promesas de control durante la temporada en las villas turísticas de Tucumán. En la edición de LA GACETA de hoy (TUcumanos, página 4) se informa que intendentes y comisionados rurales comenzaron a solicitar apoyo de la Provincia para reforzar los controles durante el verano.
Pero además, las autoridades advirtieron la necesidad de contar con normas claras en cada municipio vinculadas a esta problemática, que tiene sus particularidades respecto de otros vehículos como los autos o las motocicletas. Justamente, desde 2014 rige en nuestra provincia la ley 8.694, que fue creada específicamente para regular el uso de cuatriciclos. Fue una respuesta al descontrol que se vivía en San Pedro de Colalao, Tafí del Valle, El Mollar y El Cadillal, entre otros puntos turísticos.
Benjamín Nieva, secretario de Transporte de la Provincia y presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, explicó que fue necesario contar con esta ley porque los cuatriciclos quedaban en un limbo dentro de la Ley Nacional de Tránsito (24.449), ya que al momento de su sanción eran considerados vehículos de uso rural.
El funcionario explicó además que la Provincia realiza controles en las rutas nacionales y provinciales, pero que escapan a su jurisdicción los caminos internos de los municipios o comunas. Es por eso que la ley provincial invita a los ejecutivos municipales a adherirse a la iniciativa.
Consideramos que esa mera invitación es insuficiente y que la tarea del Ejecutivo provincial ha quedado inconclusa. Consultado por este diario, el propio Nieva admitió que no contaba con un relevamiento acerca de cuántos municipios están adheridos a la ley 8.694, con lo que se podrían reforzar los controles y las sanciones a infractores por parte de Transporte de la Provincia. Sería importante contar con ese dato para, a partir de allí, comenzar un trabajo sistemático.
“Nos hacen la contra cuando prevenimos o hacemos controles, que los hicimos muchas veces”, dice con resignación Carlos Bonnano, comisionado comunal de El Cadillal, respecto de la actitud de los conductores -mayores y menores- que utilizan estos vehículos. Lo mismo había señalado esta semana Benjamín Nieva a LA GACETA: “es normal vivir situaciones lamentables, como padres de menores que se oponen a los operativos de control y que tratan de evitar por todos los medios que secuestremos los vehículos en infracción”.
Está claro que, al menos por ahora, ni la concientización ni el ejemplo vendrán de parte de los padres que les dan cuatriciclos a sus hijos como si se tratara de juguetes. Entonces, es indispensable que el Estado, en todos sus niveles, se haga cargo activa, enérgica y sostenidamente de esta problemática, con controles permanentes y no esporádicos, con todo el rigor de la ley y con la firme visión de prevenir tragedias que puedan afectar no solo a conductores y acompañantes, sino también a terceros que nada tienen que ver con estas actitudes irresponsables.
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