El Gobierno descartó como juez subrogante al concursante que había mentido en su currículum

Comenzó el año para las designaciones judiciales. El gobernador Juan Manzur resolvió seis de las ocho propuestas que le había remitido el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). En virtud de este lote de nombramientos, Fanny Siriani ocupará la vocalía interina de la Sala I de la Cámara Penal de esta capital, decisión que lleva implícita el veto a Walter Ojeda Ávila, candidato que adulteró su curriculum vitae y que estaba incluido en el listado para ese cargo porque no había recibido sanciones de parte de ninguna de las instituciones encargadas de evaluar su conducta, incluido el propio CAM.

Los dirigentes opositores José María Canelada (UCR) y Alberto Colombres Garmendia (PRO) habían solicitado a Manzur que descartara a Ojeda Ávila, lo mismo que el Colegio de Abogados de la Capital.

Por primera vez desde la creación del Consejo (2009), el jefe de Estado escogió al aspirante que había terminado cuarto en el concurso organizado para cubrir en forma definitiva la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 5 de esta ciudad. Manzur pudo colocar en esa unidad a Daniel Marcelo Leguizamón, abogado de la Municipalidad de Famaillá, gracias a la ley sancionada a instancias del oficialismo que le permite integrar las ternas cuando en ellas aparecen nombres repetidos (leer Será fiscal...).

La elección de Leguizamón implicó un nuevo veto para los ternados Guillermo Taylor y Carlos Sebastián Pais. Este último recibió su quinto rechazo de parte del Poder Ejecutivo: los dos últimos en la misma tanda de designaciones del 2 de enero.

Las fiscalías ante la Cámara Penal Nº 1 y de Instrucción en lo Penal Nº 2 de Concepción quedaron respectivamente en manos de Fernando Nicolás Blanno y de Carlos Picón. El primero encabezaba el terceto que integraban Picón y Mariano Delgado. La designación como fiscal Nº 2 de Picón, que cerraba la terna, dejó afuera de la carrera a Pais, que la lideraba, y a Blanno. Manzur optó, por último, por el concursante que encabezaba la propuesta para el juzgado del Trabajo de la capital, Miguel Enrique Fernández Corona (fueron descartados María Alejandra Moyano y Rubén Darío Aquino).

Cuatro interinatos

La definición de los nombramientos subrogantes o precarios benefició a dos mujeres que venían concursando desde hacía tiempo en el CAM, Siriani y Patricia del Valle Carugatti. Siriani se integrará provisoriamente al tribunal que componen Pedro Roldán Vázquez y Diego Lammoglia: con 71 puntos, esta candidata ocupaba el séptimo lugar de la nómina elaborada por los consejeros, atrás de Juan Carlos Nacul (85 puntos); Carlos Felipe Díaz Lannes (78,5); Ojeda Ávila (77); Carolina Epelbaum (74,85); Patricio Prado (73,5) y Agustín Puppio (71,7). Carugatti se sumará de manera interina al Colegio de Jueces correspondiente al nuevo Código Procesal Penal en vigor en Concepción (se supone que ese régimen funcionará en toda la provincia a partir de mayo): con 70,75 puntos, esa concursante estaba en el quinto puesto de la nómina remitida por el CAM, en la retaguardia de Nacul (76); Javier Elías Arce (71,8); Epelbaum (71,76) y María Valeria Mibelli (71,05).

Las incorporaciones de Siriani y de Carugatti elevan a cuatro el número de despachos de la Justicia local cubiertos transitoriamente: nunca había habido tantos desde la sanción de la Ley 9.011, en 2017. Esta norma adoptada durante la primera gestión de Manzur establece que la cobertura precaria termina cuando cesa la causa de la vacancia o dura dos años como máximo, prorrogables por 12 meses más. Aunque carecen de la estabilidad que, según la Constitución, es una de las garantías de la independencia, los jueces subrogantes perciben la misma remuneración que la de un magistrado en propiedad. El gobernador aún dispone de la posibilidad de llenar con esta modalidad el Juzgado en lo Civil y Comercial Común N° 2 de la capital. Miguel de Tucumán.

Las designaciones concretadas en la primera semana del año entrañan un récord de celeridad para Manzur, que definió ternas que no llevaban ni un mes en el ámbito del Poder Ejecutivo, como las de Picón y Fernández Corona. El orden jurídico no establece plazos al Gobierno para cumplir con su obligación constitucional de nombrar magistrados y las demoras registradas en años anteriores habían llevado al Colegio de Abogados a judicializar esta potestad (el litigio aún carece de sentencia de fondo). Todos los nombramientos, tanto los definitivos como los temporarios, han de pasar por el trámite del acuerdo del Poder Legislativo.