06 Enero 2020
Daniel Marcelo Leguizamón sucederá a Washington Navarro Dávila, actual ministro público de la Defensa, en el control de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 5 de la capital tucumana. Con esta designación, Leguizamón perfecciona el hito institucional que había marcado en diciembre, al convertirse en el primer aspirante beneficiado por una reforma legal impulsada por el oficialismo. Ocurre que este abogado de la Municipalidad de Famaillá había terminado en cuarto lugar en el concurso organizado por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para cubrir el cargo que había dejado vacante Navarro Dávila. Hasta el 9 de septiembre, ese desempeño impedía acceder al despacho en forma definitiva puesto que componen la terna los tres primeros finalistas del proceso: Guillermo Taylor, Carlos Sebastián Pais y José Augusto Zapata. Pero la norma que obliga a integrar los tercetos cuando el gobernador Juan Manzur, por cualquier causa, no tenga la posibilidad de elegir entre tres nombres, hizo subir un escalón a Leguizamón, que reemplazó a Zapata, quien antes había sido nombrado fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 10 de San Miguel de Tucumán.
Con anterioridad a la Ley 9.186, el fiscal Zapata podía permanecer en la terna aunque no tuviese interés en el nombramiento: esto ocurrió en numerosas oportunidades para evitar la caída de la propuesta cuando sólo había tres postulantes en condiciones de acceder a ella.
El sistema funcionó así durante una década e implícitamente favoreció a los dos concursantes que aún no ejercían la judicatura. La Ley 9.186, que quedó en condiciones de ser aplicada a las propuestas para cubrir vacantes judiciales en propiedad remitidas a partir de septiembre, incluso prohíbe a los consejeros la posibilidad de elevar “a la vez” ternas que contengan a un mismo postulante.
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