La Corte posterga la decisión de suspender la “cláusula gatillo” para los judiciales

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán decidió dejar en suspenso la adhesión al decreto del gobernador Juan Manzur, en acuerdo con sus ministros, que el pasado lunes 6 congeló la aplicación del último tramo de la “cláusula gatillo” para la revisión de los sueldos de diciembre de los empleados estatales que dependen del Poder Ejecutivo.

El decreto acuerdo 1/1 pauta, por un lado, que la indexación del último sueldo del año pasado de los empleados públicos, que debía aumentar el 10,5% por el acumulado de la inflación de octubre, noviembre y diciembre, queda suspendida. Por otro lado, reduce al 50% los adicionales salariales, como las horas extras y la extensión horaria. Además, dispone una serie de medidas de recorte al gasto de la Casa de Gobierno: frena por 180 días la compra de vehículos, congela el sueldos de ministros, secretarios y subsecretarios, merma al 50% los viáticos y restringe el otorgamiento de teléfonos oficiales. La norma, además, invita a los otros poderes del Estado a tomar idénticas resoluciones.

Precisamente, como adelantó LA GACETA, los miembros de la Corte habían acordado hace 10 días que tomarían una medida similar, mediante una acordada. La adhesión al decreto en todos sus términos no era posible porque hay gastos de equipamiento y amoblamiento que no pueden postergarse, dado que en la primera mitad de este año debe aplicarse en toda la provincia el nuevo Código Procesal Penal y, consecuentemente, la oralidad para ese fuero. Sin embargo, había consenso para suspender la cláusula gatillo en los sueldos de los empleados judiciales y para congelar los salarios de los magistrados y los funcionarios judiciales, todo ello mediante una acordada.

La fecha decisiva para que la Corte tomara una determinación era hoy, porque ya iban a estar reintegrados tres de los cinco vocales (volvieron la presidenta, Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos; y salieron Antonio Estofán y Daniel Leiva), es decir la mitad más uno del cuerpo. Según pudo confirmar LA GACETA, los jueces supremos habrían resuelto finalmente aplicar un ajuste sobre los gastos del Poder Judicial, pero no sobre sobre los salarios de los empleados ni de los magistrados y funcionarios.

Al respecto, altas fuentes tribunalicias confirmaron a este diario que uno de los principales argumentos de los vocales para frenar la adhesión al decreto acuerdo 1/1 consiste son los planteos judiciales efectuados por sindicalistas estatales.

Como ha informado este diario, en la última semana, ha habido dos presentaciones judiciales. Una fue promovida directamente ante la Corte Suprema por el secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Ángel Marcelo Sánchez. El miércoles pasado, el sindicalista interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad contra los artículos del decreto que disponen ajustes en el salario de los empleados públicos. A la par, pidió que se dicte una cautelar de no innovar para que el Ejecutivo no varíe el acuerdo de paritarias celebrado en marzo de 2019. El sábado, Gustavo Salas Correa, de una línea disidente de ATE, planteó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo un recurso de amparo para declarar nulo todo el decreto acuerdo 1/1, y a la vez solicitó que se dicte una cautelar para que la Casa de Gobierno no aplique el ajuste.

La Corte entiende, según trascendió, que esos planteos judiciales en los que puede tener que entender en algún momento provocaron un cambio de situación que amerita no avanzar por ahora con el congelamiento de la “cláusula gatillo” en el ámbito de Tribunales.