El pasado sigue presente

El mismo lugar, tal vez a la misma hora y en el mismo lugar. Juan Manzur tendrá que abrir este domingo el 115° período ordinario de sesiones de la Legislatura, pero el escenario no será el mismo que el del 1 de marzo de 2020. No sólo porque, en el medio, hubo una renovación parcial de la composición parlamentaria, sino también porque cambió el signo político gobernante en la Argentina. Pero, más allá de la afinidad con la administración tucumana, la situación financiera y económica se mantuvo.

La expectativa social fue que Mauricio Macri no debía seguir gobernando el país porque no pudo sacar de la recesión a la economía. La lectura política fue el castigo en las urnas para Juntos por el Cambio y el retorno del Justicialismo y sus aliados electorales a la Casa Rosada. Desde el 10 de diciembre pasado hasta estos días, el presidente Alberto Fernández está tratando de buscarle la vuelta a una economía que aún no encuentra rumbo. El endeudamiento del país sigue siendo el condicionante para el despegue, sumado a una inflación que no ha dado respiro a los argentinos. Han transcurrido menos de tres meses del cambio de conductor del país, pero lo que se ha vivido este verano ha sido como un eterno calvario, con el FMI tocando constantemente las puertas del despacho presidencial para saber hacia dónde va la Argentina.

Manzur tiene la misma táctica que la del Fondo. Viaja constantemente a Buenos Aires para gestionar las ayudas que le permitan respirar fiscalmente. Desde el primer día en que Fernández se convirtió en jefe de Estado, el gobernador tucumano no ha cesado en solicitarle ayudas financieras. Hace casi un año, el mandatario cosechaba aplausos en el recinto legislativo por el manejo de las finanzas públicas. En aquel mensaje, Manzur había resaltado que la provincia no posee deudas en moneda extranjera, ni se había endeudado a lo largo de su gestión, que arrancó en octubre de 2015. Hoy la deuda pública tucumana ha subido a cerca de los $ 19.000 millones, tomando en cuenta el crédito otorgado por el Banco Macro, en su rol de agente financiero de la Provincia, para que el Gobierno pueda atender urgencias financieras. Ahora bien, ¿ese endeudamiento compromete el rumbo financiero tucumano? La respuesta, a simple vista, sería negativa si se tiene en cuenta que esos compromisos representan poco más del 10% del presupuesto anual. Sin embargo, al Poder Ejecutivo le falta efectivo, liquidez de corto plazo para pagar sus obligaciones, particularmente las salariales, que representan el 60% del total de gastos de la provincia. La elasticidad que ha tenido esa erogación en Personal ha sido mayor que la que registraron los ingresos -tributarios provinciales y transferencias coparticipables- que, por efecto de la caída de la economía, han desacelerado su crecimiento, muy por debajo del porcentaje de la inflación.

La “cláusula gatillo” es una ecuación que no cierra ni a nivel nacional ni a nivel local. El gobierno tucumano ofrecerá varias compensaciones a los gremios estatales, pero ninguna de ellas contempla la indexación de los salarios con el ritmo inflacionario. Las negociaciones serán contrarreloj, porque es objetivo oficial iniciar el ciclo lectivo el próximo lunes. Sin embargo, los sindicatos docentes -que marcarán la marcha de las negociaciones salariales provinciales- se han mostrado firmes respecto de los reclamos del pago de la cláusula gatillo adeudada de 2019 y de la vigencia de ese sistema para este período. De todas maneras, las paritarias federales educativas, convocadas para hoy, pueden abrir ciertos márgenes de negociación, con parámetros reales sobre cómo será el esquema salarial y los aumentos previstos para este 2020.

Marzo arrancará con nuevas pautas para la gestión provincial. Manzur ya no tendrá el argumento de que navega en soledad respecto de la política nacional. La acompaña. También tendrá que acordar con el resto de los sindicatos estatales el aumento en las remuneraciones, sin dejar de mirar un indicador que también golpea a la gestión nacional: el de pobreza e indigencia. Alberto Fernández y Juan Manzur tendrán que diseñar programas que tiendan a reducir un cuadro socioeconómico agudo que, en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, golpea al 40% de su población. El 31 de marzo se sabrá si ese flagelo social se profundizó en la Argentina.