Acusarán a unas 90 personas por no cumplir con el aislamiento

“Inflexibles”. Esa es la palabra que no para de escucharse en los tribunales de Avenida Sarmiento. Serían unas 90 personas las que deberán responder ante la Justicia por haber violado la cuarentena. El 90% de esos imputados son tucumanos que no cumplieron con el aislamiento que se ordenó para aquellos que regresaron de cualquier país del extranjero. “Esto se va definiendo minuto a minuto. El trabajo del Ministerio Público Fiscal es incesante. Van en serio, como corresponde”, afirmó el juez Facundo Maggio.

Los fiscales Mariana Rivadeneira y Carlos Picón están al frente del equipo que se formó especialmente para atender estas cuestiones. Trabajan codo a codo con el personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal (Ecif), la Policía y las distintas fuerzas federales que brindan tarea de apoyo. Empezaron muy temprano realizando controles en todo el Gran San Miguel de Tucumán y, al cierre de esta edición, iniciaban otro al que bautizaron “Nadie en la calle”. Uno de sus equipos no la pasó bien ayer al mediodía. Tuvieron que retirarse de un supermercado ubicado al sureste de la capital porque una turba, enardecida, no aceptaba indicaciones sobre las medidas de protección que debían tomar. Hablaron con los responsables del establecimiento y coincidieron en señalar que no era viable cerrar las puertas. “El clima era muy hostil y si se tomaba una medida así, hubiera sido mucho peor”, explicó Tomás Robert, funcionario del MPF.

Procedimientos

En los Tribunales la actividad también era igual de intensa. Muy temprano comenzaron a desfilar las 10 personas que fueron aprehendidas por haber violado la prohibición de abandonar sus casas. La Policía, como rutina solicitó las planillas de antecedentes y descubrieron que uno de ellos tenía pedido de captura en Rosario. “Se presenta otro problema porque será muy difícil trasladarlo en este momento”, reconoció Maggio.

Luego, los fiscales recibieron el informe de las denuncias que recibieron a través del número de la línea telefónica (3812380307) y de la casilla del correo electrónico ([email protected]). En total, según se informó fueron más de 400. De ese número, el 40% corresponden a casos de personas que violaron el aislamiento ordenado por los decretos presidenciales. Una cifra similar fueron demandas por reuniones privadas o lugares donde la gente practicaba deportes. El resto eran consultas sobre cómo debían actuar ante determinadas situaciones de salud.

Pesquisa en marcha

El fiscal Picón confirmó que cada una de las denuncias que se recibieron está siendo investigada. Informó además que hasta mañana fueron agendadas unas 50 declaraciones como imputados por teleconferencia y aclaró que ya cuentan con otras 40 para realizar. “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, pero también debemos continuar con los operativos”, explicó el investigador antes de salir a la calle con unos 200 efectivos para controlar el cumplimiento de la cuarentena general.

“Se ha informado correctamente a la sociedad sobre lo que estaba ocurriendo y lo que se debería hacer. Después se los identificó uno por uno y se les advirtió que estaban cometiendo un delito contra la salud pública. Y si lo mismo no cumplen, no queda otra que caerles con todo el peso de la Ley”, agregó Picón.

El jefe de Policía Manuel Bernachi anticipó que seguirán trabajando a la par del MPF. “La gente no tiene en cuenta los problemas que les puede ocasionar no cumplir con las medidas establecidas. Cuando se le abre una causa judicial, de manera inmediata se asienta en los antecedentes del sospechoso. Con eso, por ejemplo, no podrán solicitar el certificado de buena conducta que es requerido actualmente para realizar cualquier tipo de trámite”, explicó.

Por su parte, Maggio explicó que en las próximas horas comenzará a recibir los pedidos de detención. “No se dudará en aceptarlas si corresponde, porque debe entenderse como un delito grave porque atenta contra toda la sociedad -enfatizó-. Si bien es cierto que se les dará arresto domiciliario porque no se puede introducir al sistema carcelario a personas que pueden contagiar, las consecuencias legales serán importantes”.