Caso Lucas Fernández: los fundamentos y las dudas del fallo

EL TRIBUNAL. Alberto Piedrabuena, Emilio Páez de la Torre y Emilio Gnessi Lippi fueron los jueces del caso. EL TRIBUNAL. Alberto Piedrabuena, Emilio Páez de la Torre y Emilio Gnessi Lippi fueron los jueces del caso.
07 Abril 2020

Habían pasado dos semanas del fallo por el crimen de Lucas Fernández y los integrantes del tribunal dieron a conocer los fundamentos. Allí quedó en claro que Andrés Miguel fue condenado con una sola prueba: el testimonio de los amigos de la víctima, que lo habían identificado como el autor del mortal ataque. “Los testigos fueron exhortados con reiteración y firmeza, tal vez hasta el borde de la extralimitación, a decir la verdad. Sin embargo, se ratificaron con total firmeza, como lo habían hecho en sus declaraciones anteriores a partir del momento en que dicen reconocer el acusado”, argumentaron los magistrados Emilio Páez de la Torre (presidente), Emilio Gnessi Lippi y Alberto Piedrabuena.

“Es lícito pensar que si la idea era acusar a alguien, no habrían elegido precisamente a un policía, hijo de un camarista federal, aparentemente el menos recomendable para ser objeto de una imputación gratuita… Piénsese que señalar a Vergara Altuve, en su caso, habría tenido una sencilla explicación por su supuesta enemistad con la víctima. Pero señalar a Miguel mientras no se proponga una mejor, parece tener una sólida explicación”, razonaron.

Tanto en el juicio, como en los argumentos del fallo de los magistrados, quedaron sin resolverse muchos interrogantes de lado. Para muchos era un dato irrelevante, pero no era algo menor determinar cuántos disparos había recibido la víctima. Rodolfo Concha Ledesma, quien lo atendió en el hospital Padilla, dijo que fue uno. Sus colegas Gerardo Boscarino y Juan Rivadeneira señalaron que fueron dos. “Me llamó la atención la existencia de dos trazos paralelos, lo que significa que fueron dos proyectiles”, dijo Mauricio Costal, quien le hizo la tomografía. “Tiene la misma certeza que una fotografía, lo que se ve, es lo que es”, respondió ante la insistencia de los defensores.

Al haberse confirmado que fueron dos los proyectiles que ingresaron por el parietal derecho de Fernández, resultaba muy poco creíble que el autor del crimen, conduciendo un vehículo a no menos de 100 kilómetros por hora, se hubiese colocado a la par y efectuara, con su mano izquierda, dos disparos con una precisión de eximio tirador. Además, los testigos dijeron que sólo habían escuchado una detonación.

Y si de ruidos se trata, el agente privado Walter Alcaraz y el policía Miguel Barboza, que custodiaban distintas propiedades de avenida Mate de Luna al 1.800, donde supuestamente se dijo que se produjo el ataque, señalaron que no escucharon ningún disparo a esa hora. Jorge Molina, vecino de esa cuadra, reconoció haber escuchado un reventón en la puerta de la casa y otro a 200 metros, pero negó haber visto autos o movimientos anormales.

La versión de la pelea previa al ataque cobró fuerza en el juicio. Jorge Gómez y Sergio Romero, portero del boliche “2044”, recordaron un forcejeo la noche del 20 de marzo entre tres y cuatro chicos que querían entrar sin pagar, aunque no los pudieron identificar. Uno de esos jóvenes golpeó a Romero, pero según ellos todo terminó cuando lograron llevarlos hasta la vereda, con la ayuda de un policía, que habría realizado disparos al aire para sosegarlos.

El personal del Padilla que declaró en el juicio también aportó indicios que abonaron la teoría del incidente. Marcela Romero dijo que los chicos que llevaron a Lucas tenían toda la ropa embarrada y, al igual que la enfermera María Medina, confirmó que los jóvenes despedían olor a alcohol. El enfermero Juan Rubén Soria dijo que la víctima tenía escoriaciones en la frente y en los nudillos, lesiones características de personas que recibieron y propinaron golpes.

El tribunal no tuvo en cuenta estos detalles ni tampoco los reclamos que los defensores, Juan “Chino” Robles y Carlos Caramuti, hicieron sobre el reconocimiento incriminatorio que se le había hecho a su defendido. Tampoco lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, que convalidó en su totalidad el fallo dos años después. Mientras Miguel aguardaba para volver al penal de Villa Urquiza, Julio Vergara Altuve seguía su vida habitual porque nadie había cumplido la orden que se investigue su posible participación en el hecho.

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