Historias detrás de la Historia: el caso Lucas Fernández

Los juicios son un proceso clave en el sistema judicial de la provincia, el país y el mundo entero. La oralidad representa un universo de impredecibles probabilidades. Todos saben cuándo comienza, pero nadie puede garantizar cuál ni cómo será el final. Durante su desarrollo, es común escuchar nuevas hipótesis o conocerse detalles y fundamentos que sirven para confirmar o descartar una teoría. Y eso es lo que sucedió en las audiencias que se realizaron por el crimen de Lucas Fernández, el joven que fue herido mortalmente en la madrugada del 30 de marzo de 1996 y que falleció el 5 de abril de ese año en un sanatorio privado.

En este caso en particular, los debates dejaron al descubierto dos irregularidades: los errores cometidos en la investigación policial, que fue dirigida por el fiscal Pedro Gallo, y los supuestos intentos de soborno que se habían registrado para inculpar a Andrés Miguel, que era el único acusado. Todas estas situaciones habrían favorecido a Julio César Vergara Altuve, el otro sospechoso que nunca fue imputado por el crimen del joven durante la etapa de instrucción, pese a que había elementos para, al menos, investigarlo con mayor profundidad.

Alberto Lebbos, que lleva adelante hace ya más de 14 años una lucha para encontrar a los culpables de la desaparición y posterior crimen de su hija Paulina, se transformó en una especie de analista de expedientes. Por ese motivo acuñó una frase de cabecera que no se cansa de repetir: “no hay crímenes perfectos, sino investigaciones mal realizadas”. Y eso fue lo que sucedió en este caso.

La fiscala Adriana Giannoni, que conduce las dos fiscalías especializadas en Homicidios, siempre les repite lo mismo  a su personal, a los policías y hasta a los periodistas: “los primeros pasos que se dan son claves para cualquier pesquisa: por eso es fundamental preservar la escena del hecho; avisar a la autoridad judicial en el acto para que dé instrucciones sobre cómo se debe actuar, e identificar a cada una de las personas que pudieron tener alguna participación o brindar información sobre el hecho”. Y ninguna de esas medidas se hizo después de que Fernández sufriera el mortal ataque.

Error tras error

En las audiencias, las declaraciones del cabo Ángel Albornoz, del sargento Mario Alderete y del oficial José Herrera dejaron perplejos a todos. Los tres estaban de guardia en el destacamento policial del Hospital Padilla en esa fatídica madrugada del 30 de marzo. Fueron los primeros en intervenir en el caso, y los que más errores cometieron, según se desprende de las declaraciones que realizaron durante el juicio.

Entre otras negligencias, no secuestraron la ropa que llevaba puesta Lucas, sino que se la entregaron a su madre, Nelly Giovannello, y nunca fue peritada. Después identificaron a sólo tres de los cinco amigos de la víctima, pero a ninguno le tomaron muestras de sangre ni de orina para los exámenes toxicológicos de rigor. Mucho menos, un examen físico, que podría haber sido fundamental para confirmar o descartar que los jóvenes hayan participado en una pelea.

Tampoco secuestraron el VW Gol en que se trasladaban los chicos y en el que llevaron al joven herido. Por su acción, la Policía tardó más de 10 horas en ubicarlo. Por último, no informaron telefónicamente a la fiscalía que conducía Gallo, sino que recurrieron a un simple memorándum que demoraba horas en llegar hasta Tribunales.

La investigación comenzó mal, pero continuó peor. Eso se desprendió de la declaración del ex comisario César Mario Jiménez, quien era jefe de la división Seguridad Personal, a cargo de la pesquisa. “Hablé con los progenitores en el sanatorio y nunca me dijeron que la pelea con Vergara Altuve podría haber sido el origen de la tragedia”, confirmó el investigador, que reconoció que las primeras medidas se tomaron pasadas las 18, es decir, al menos 13 horas después de que la víctima ingresara al Padilla.

El comisario, acorralado por las preguntas del fiscal Juan Santos Suárez y de los defensores Juan “Chino” Robles y Carlos Caramuti, no pudo explicar cuestiones claves que surgieron del trabajo que realizó en esos días. Terminó reconociendo que en la tarde del mismo 30 de marzo fue a la casa de Vergara Altuve a buscar el Fiat 147, pero no supo explicar qué lo motivó a hacerlo y mucho menos, por qué no lo asentó en las actuaciones que realizó.

Nervioso y dubitativo, reconoció que él había firmado la nota donde le dijo al fiscal Gallo que “era necesario el comparendo de un tal ‘Loco’ Miguel, que sería hijo de un camarista federal y agente de policía”, aunque no recordó por qué lo había solicitado o cómo había surgido el indicio para sospechar de él. Tampoco pudo precisar los motivos los cuales la investigación era dirigida desde la Jefatura de Policía.

Pero las novedades que dieron los investigadores no terminaron ahí. Hubo otro ingrediente más que paralizó a todos los presentes. “Lo balearon desde adentro del auto”, afirmó, sin ningún tipo de problemas, el ex comisario Adrián de la Rosa en el juicio, con lo que generó un interminable murmullo en la sala. “Me llamó la atención que la sangre estaba del lado izquierdo del asiento y no al revés, sobre la puerta derecha, por donde fue herido”, agregó a los pocos minutos, causando otro sobresalto en el debate, que cada vez era más polémico.

De la Rosa, que era jefe de la división Robos y Hurtos, dijo que decidió intervenir porque en el caso “nadie hacía nada”. Consideró como interesante el hecho de que a Víctor Nassiff, uno de los amigos de la víctima, le haya dado positivo el test de parafina. También explicó que se presentó en la casa del adolescente para interrogarlo. “El chico estaba muy nervioso, iba de un lado a otro y la madre dijo que no, que iban a ir a la fiscalía”, relató en la audiencia.

Minutos después, Ahumada, representante legal de la familia Fernández, pidió la palabra para desmentir categóricamente la versión del comisario. “La madre de Nassiff dijo que nunca lo había visto a ese señor, y mucho menos en su casa”, aseveró.

Hubo un detalle que ningún policía que pasó a brindar su testimonio pudo aclarar: por qué la pesquisa fue llevada adelante por dos diferentes secciones de la ex Brigada de Investigaciones, repartición en donde prestaba servicios Miguel, quien fue señalado por sus propios compañeros como el principal sospechoso del mortal ataque.

Graves denuncias

En el debate se produjeron otras tres insólitas situaciones. Ángel Miguel Alderete, quien era ex integrante de la Policía Federal, mientras se desarrollaba la audiencia, había aparecido en varios medios de comunicación afirmando que días después del crimen le entregaron la pistola calibre 22 del principal acusado para que la limpiara. “Lo hice tan bien que si le hubieran hecho pericias para saber si había sido disparada le hubiera dado negativo”, señaló en el juicio. También contó que fue a Bolivia a llevarle dinero a Miguel mientras permaneció oculto en ese país. Lo definió como un hombre violento.

La declaración generó una discusión muy fuerte. Robles, uno de los defensores de Miguel, dijo a los gritos: “¡Hubo 10.000 razones para que él dijera eso!” y acusó a la querella de haber ideado esa estrategia. Ahumada se enojó y calificó esa acusación de “infamia”. Los jueces del tribunal tuvieron que intervenir para que las cosas no pasaran a mayores.

Pero esa no fue la única denuncia de tentativa de soborno que se escuchó en la audiencia. El secretario del tribunal, Carlos Sale (actual fiscal de cámara que fue uno de los acusadores en el juicio por la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos), leyó la declaración Luis Bascary, un ex portero del boliche 2044 que estaba cumpliendo cadena perpetua por haber matado a su esposa. En una declaración había afirmado que “un tal Gómez” lo había ido a visitar a la cárcel para ofrecerle, en nombre del padre de Fernández, una condena menor y dinero para que él dijera que había visto a Miguel en la disco.

Por último, Selva Delfina Molina, abuela de la hija no reconocida de Miguel, también planteó haber vivido una situación insólita. “Un día se presentó la madre de Lucas en mi casa y me preguntó por mi situación económica. Me dio la impresión que ofrecía darme una mano por decir algo fuera de lugar sobre Andrés. Me dijo que podríamos ser buenas amigas. Me sentí ofendida porque estas cosas no se compran con dinero”, declaró.

Las denuncias que se escucharon en el juicio nunca fueron investigadas. Tampoco se supo si fue una estrategia defensiva de Miguel para sostener su teoría de que lo habían acusado gratuitamente o si realmente quisieron perjudicarlo a toda costa para beneficiar a otra persona.

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