Sedición policial, cuarta parte: la trama secreta sobre cómo sembraron el caos

Fueron tres días interminables. Los líderes de la sedición policial, como si se tratara de cultores del mal, se dedicaron durante esas jornadas a sembrar el terror en las calles del Gran San Miguel de Tucumán. A lo largo de semanas -meses, quizás- idearon un plan disfrazado en un supuesto ajuste salarial, pero en realidad pretendieron lograr que se los reincorpore a la fuerza y que se desplace a los funcionarios que los habían cesanteado por actos de indisciplina y porque habrían estado involucrados en algunos delitos. La investigación judicial consideró que nunca les importó el cruento mecanismo que adoptaron para conseguir su objetivo. Agredir a sus compañeros, organizar grupos para secuestrar colegas y hasta pactar la liberación de zonas para que hordas de delincuentes saquearan todo lo que encontrasen a su paso.

Por propia iniciativa, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila se hicieron cargo de la investigación. Mediante la Fiscalía VIII, que era la más amplia, elaboraron un plan de trabajo. Con el apoyo de sectores de la fuerza que respondían a las autoridades, consiguieron concretar las actuaciones planificadas en todas las dependencias policiales.

La división de Delitos Telemáticos se encargó de buscar evidencias en las redes sociales. A partir de los informes periodísticos televisados, los jefes policiales identificaron a los promotores de la huelga. Pero lo más importante fueron las declaraciones testimoniales.

“(Los fiscales) usaron una estrategia que les dio muy buenos resultados. Cada vez que venía una persona a declarar, uno de ellos se ponía en el papel de inflexible y rudo, mientras el otro llevaba adelante el rol de comprensivo y gentil. Así, con la dinámica que en las películas de Hollywood se conoce como ‘policía malo / policía bueno’. fueron desgarrando el manto de silencio con el se cubrían algunos; y fueron consiguiendo los datos que pretendían”, explicó un empleado judicial que estuvo presente en la realización de esos actos procesales. De ese modo fueron reconstruyendo esa trágica historia.

La trama se había comenzado a escribir cerca de las 20 del 8 de diciembre de 2013 en la puerta del estadio de All Boys. El grupo, que se había identificado como “Rebelde Azul”, citó a esa hora a sus compañeros. Al haber reunido a cerca de 200 uniformados, se dirigieron a la Subjefatura de Policía. La elección de ese punto no fue casual. Allí, se encontraba la base de operaciones del servicio 911, el sistema de emergencia de la fuerza que era clave para realizar tareas de prevención y dar respuesta inmediata a las denuncias telefónicas. Después de haber bloqueado la entrada y salida de los móviles, se animaron a mucho más.

“Integrantes identificados del grupo, junto a otro de aproximadamente 30 o más personas, que se tapaban sus rostros con pasamontañas, anteojos y demás, ingresaron intempestivamente al interior del predio y mediante el uso de violencia exigieron que se retirara el personal policial que se encontraba prestando servicios en la recepción de llamadas, radial y computadoras del sistema integrado del 911”, explicaron los fiscales en el pedido de elevación a juicio que oficializaron en julio de 2014.

Según la investigación judicial, Diego Alberto Herrera, Walter García, Federico Castro, Miguel Ángel Chaile (el que dialogó con el subjefe de Policía Pedraza mientras copaban las oficinas, pero cuyo contenido nunca quedó en claro porque no fue documentado) y Sergio Hogas (que actuó con el torso desnudo), con armas de fuego, y a los golpes y los empujones, ordenaron a los efectivos que abandonaran el lugar, cumpliendo exitosamente la segunda fase del plan. Esta etapa consistía, en primer término, en intervenir la frecuencia radial: los móviles que se encontraban prestando servicios no recibían instrucciones, y los sediciosos también la utilizaron para difundir mensajes y lograr más adhesiones al paro. En segundo lugar, apoderarse del sistema de llamadas telefónicas: el servicio de emergencia no podía recibir las denuncias. En tercera instancia, anularon el sistema de monitoreo (desconectaron las cámaras) y las computadoras en las que figuraban la ubicación de los patrulleros. Erainformación clave para determinar qué zona estaba liberada.

Los comisarios Leandro Herrera, Carlos Paz, Joaquín Girvaux y Carlos Acosta, en sede judicial no sólo identificaron a los autores de los ataques, sino que además dieron detalles sobre el nivel de violencia con que actuaron los sediciosos. Explicaron, además, la importancia que tenía dentro de la estructura policial que se haya copado esa dependencia. Coincidieron en que los sediciosos sabían lo que hacían.

El momento elegido para iniciar la revuelta tampoco habría sido casual. Tucumán era el centro de las miradas a nivel nacional e internacional. En esta provincia se disputaba una nueva edición de la Liga Mundial de Hockey femenino. Las Leonas y los mejores seleccionados del mundo de ese deporte estuvieron durante más de una semana en estas tierras.

Durante el día que se disputaba la final, las llamas se comenzaban a encender. Las delegaciones, la prensa argentina y la extranjera, y los dirigentes se fueron el 9 de diciembre, lo que evitó que las consecuencias fueran todavía mayores para la imagen de la provincia.

En el estadio se encontraba el jefe de Policía, Jorge Racedo, dirigiendo personalmente el operativo de seguridad que se había montado por la celebración del torno, y al que se había destinado una importante cantidad de recursos, cuando le informaron del inicio de la revuelta.

Los revoltosos dieron un tercer paso para tratar de asegurarse el éxito de la medida. Se dividieron en grupos y salieron a la caza de los efectivos que no se habían plegado. “En numerosas actas, testimoniales y declaraciones de imputados, se destaca cómo grupos de personas (en su mayoría con rostros tapados) que se movilizaban en motos, esgrimiendo armas de fuego y bajo amenazas, interceptaron en los días subsiguientes a móviles policiales del sistema (motos y autos). Los trasladaron por la fuerza, junto con sus ocupantes, hacia el centro de la manifestación. Allí los obligaron a la no prestación de tareas de prevención, auxilio o ayuda de civiles, y retuvieron contra su voluntad a miembros de la fuerza policial que no quisieron plegarse al reclamo”, explicaron los fiscales.

Los funcionarios policiales que declararon en la causa dieron cuenta de la gravedad de la situación. Según consta en el expediente, al estar intervenida la frecuencia radial, no podían advertir a sus subalternos de la persecución que se estaba llevando a cabo. Tampoco podían recibir los pedidos de auxilio de los que sufrían los ataques. “Nos manejábamos a través de celulares y cambiamos los lugares de relevo de personal. Todo sobre la marcha”, explicó un jefe policial que fue protagonista del caos.

Tarde, cuando ya se habían perdido más de nueve patrulleros y más de una decena de motocicletas, sin contar los que estaban bloqueados en la Subjefatura, Racedo ordenó que se utilizara la Escuela de Policía como base del 911.

Girvaux y su segundo, el subcomisario Carlos Ruiz, quedaron al frente de esa improvisada dependencia. Allí se produjo un grave incidente. Nadie pudo explicar por qué no se desató una tragedia. “El jefe arengó a todos los que estaban ahí. Nos dijo que éramos libres de elegir dónde queríamos estar. Pero advirtió que al que se marchara, él iba a hacer lo imposible para expulsarlo de la fuerza. Y agregó que los que se quedasen, tendrían que dar la vida por la sociedad y la institución”, rememoró Martín García “Al poco tiempo vinieron los huelguistas y, con Girvaux a la cabeza, los corrimos. Estábamos todos bien armados. Se fueron y por eso no hubo enfrentamiento”, dijo el ex uniformado, que pasó a retiro por un problema de salud.

“Connivencia dolosa”

En la investigación, los fiscales también despejaron una de las mayores dudas que generaron los saqueos. “Existió cierta connivencia dolosa entre los cabecillas de la huelga y los primeros sujetos que participaron del saqueo generalizado en nuestra provincia. Respondieron posiblemente a una orden común, a un plan, más allá de que con el correr de las horas se hubieren sumado en forma desmedida inescrupulosos oportunistas de la ocasión”, expresaron cuando solicitaron que fueran enjuiciados.

López Ávila y Giannoni, en el mismo documento, dejaron en claro por qué plantearon esa hipótesis. ”Todo esto surge de la verificación en actas y restantes constancias, de que a través de las redes sociales (en especial Facebook y WhatsApp) se anunciaba e invitaba a sumarse al reclamo; y en otras oportunidades se incitaba a saquear, casi en forma simultánea y anticipada, como si conocieran de antemano que empezaría el reclamo policial”, señalaron.

Los fiscales también aportaron otro dato que tuvo un importante contenido emocional. “Resulta detestable la coincidencia en las versiones reunidas de varios testigos. Por ejemplo, la brindada por Fanny Avila, al referir que cuando pasaban grupos indeterminados de personas que presuntamente se dirigían a cometer ilícitos, eran aplaudidos y animados por el grupo acuartelado”, concluyeron.