Sedición policial: una tragedia que transita por el camino de la impunidad

En la Justicia lograron identificar a 11 hombres que organizaron la revuelta policial. También acusaron a 34 personas de haber prestado alguna colaboración con los sediciosos o haber participado en la sedición. Pero los fiscales Adriana Giannoni y a Diego López Ávila también decidieron acusar al ex jefe de Policía Jorge Racedo. Fue el único funcionario de peso que quedó implicado en la causa que se abrió por la huelga policial que generaron los saqueos producidos entre el 8 y el 11 de diciembre de 2013.

A diferencia de los otros acusados, Racedo no se cubría el rostro ni estaba vestido con jeans y zapatillas, sino que durante esos días siempre lució de saco y corbata. Y ese look le provocó problemas. Varios de los protagonistas recuerdan lo que sucedió el 9 de diciembre en la Escuela de Policía. Los funcionarios del área de Seguridad y varios comisarios se encontraban evaluando la situación. Los efectivos estaban vestidos de fajina y con armas en sus manos. Los civiles, de jeans y camisa, con sus celulares que no paraban de sonar. El titular de la fuerza llegó impecable, con una agenda en la mano, y con al menos dos secretarios por detrás. “Ahí todos se dieron cuenta de que ese hombre estaba en otra, que no entendía lo que estaba sucediendo”, explicó un ex comisario.

A la misma conclusión llegaron los fiscales. “Su indiferencia fue absoluta, limitándose a dejar que los acontecimientos siguieran su curso, circunstancia que autoriza a concluir razonablemente que aun cuando no puede endilgársele acciones tendientes a provocar el autoacuartelamiento y los saqueos generalizados, no caben dudas de que conocía y sabía que con su no hacer, con su omisión, colaboraría o cooperaría con el reclamo sostenido por los sediciosos”, sostuvieron en el requerimiento a elevación a juicio.

Para llegar a semejante conclusión, Giannoni y López Ávila sumaron varios testimonios. Por ejemplo, los de los comisarios Carlos Ismael Acosta, jefe del servicio 911, y Marcos Villafañe, titular de la seccional 6ª. Dijeron que el ex jefe de Policía no les dio ninguna orden ni instrucciones de cómo debían actuar. Los fiscales también le recriminaron no haber tomado las medidas necesarias para evitar el conflicto que terminó incendiando la provincia. Primero, no haber ordenado la aprehensión de los revoltosos; después, no haber desalojado la Subjefatura y también no haber dado órdenes precisas sobre cómo actuar.

“Hubiera dispuesto medidas preventivas y acciones concretas dentro del marco legal, siguiendo el procedimiento establecido tanto por las leyes en materia penal como las acciones administrativas existente en nuestro propio reglamento interno. En este sentido, como jefe, tenemos la potestad de emitir órdenes directas”, explicó el ex jefe de Policía Dante Bustamante cuando los fiscales le preguntaron qué acciones hubiera tomado. ”Racedo poseía un abanico de posibilidades y se encontraba facultado de disponer, inmediatamente, el cese de los reclamos apenas tuvo conocimiento de la reunión establecida antes de dirigirse a la Subjefatura. Nada se hizo; se limitó a observar cómo los hechos tomaban paulatinamente mayor envergadura”, agregaron los investigadores.

Retén policial es un término operativo de la fuerza. Se lo utiliza para definir una situación particular: la potestad que tiene el jefe de Policía para, ante una situación de emergencia, suspender los francos de todos los hombres para llamarlos a que cumplan con su deber. “Mientras la ciudadanía, entre los días 9 y 10 de diciembre, se encontraba abandonada a su suerte, numeroso personal policial se encontraba cumpliendo servicios adicionales o descansando y su comando superior, analizando la situación -tal como alude Bustamante-, consideraba que no era necesario afectar recursos que se encuentran en franco de servicio”, explicaron los fiscales.

“Las situaciones de peligro y el saqueo generalizado y colectivo de personas encapuchadas reteniendo móviles y personal policial, constituían una situación extraordinaria y catastrófica; sin embargo el ex jefe de Policía nada hizo, teniendo al alcance de su mano todas las posibilidades de disponerlo”, concluyeron, destacando que sólo se ordenó el retén una vez que finalizó el conflicto, el 11 de diciembre, después de que se levantara la huelga.

Puntos oscuros

Los fiscales ya habían identificado a los cabecillas de la revuelta, a algunas de las personas que se sumaron a la huelga y acusaron a Racedo de no haber tomado las medidas necesarias para sofocarla. También elaboraron otra teoría clave: fueron los sediciosos que, al parecer, acordaron con determinados grupos para que iniciaran los saqueos en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán. Pero quedaron otras cuestiones que no pudieron resolverse. Por ejemplo, en principio investigaron a más de 70 personas, pero sólo pudieron comprobar la actuación de unos 46 revoltosos

Otra fue una posible conexión judicial. La investigación se inició porque el juez Víctor Manuel Pérez (ya jubilado) se negó a otorgar una orden de allanamiento a la Subjefatura de Policía para ingresar a la fuerza y observar qué era lo que estaba sucediendo allí, tal como había solicitado la fiscala Adriana Reinoso Cuello. Sus pares Giannoni y López Ávila insistieron, pero cuando lo consiguieron, era tarde. Los revoltosos habían desocupado las instalaciones de la dependencia. “Además de que la medida salió tarde, los huelguistas parecían haber estado al tanto de todo”, comentó una fuente de Tribunales.

Otra de las cuestiones planteadas es que varios de los efectivos que estuvieron involucrados presentaron documentaciones falsas para tratar de despegarse de la causa. Era evidente que algunos de los sospechosos tuvieron algún tipo de contacto que intentó amparar a algunos de los sospechosos.

La lentitud de la Justicia también jugó a favor de los revoltosos. La gran mayoría de los acusdados fueron puestos en disponibilidad después de que los fiscales confirmaran su procesamiento y que se quejaran ante el Ministerio de Seguridad porque entendían que no podían seguir prestando servicios en la fuerza. Esa sanción implicaba no tener funciones específicas y cobrar el 50% del sueldo. La Ley Orgánica de la Policía establece que si en el transcurso de los dos años no son condenados o absueltos, deben volver a la fuerza, salvo que el jefe de Policía disponga lo contrario. No se pudo confirmar cuántos de estos efectivos volvieron a la actividad, aunque el referente Víctor Nacusse confió que son varios los que regresaron a vestir el uniforme azul y que esperan ser enjuiciados con la convicción de poder demostrar inocencia.

Demora tras demora

Los tucumanos, con el correr de las semanas, clamaban por Justicia. Les habían quedado grabadas a fuego esas salvajes escenas de los saqueos, de los vecinos y comerciantes armados hasta los dientes detrás de barricadas. También quedó grabada la sospecha de que se habrían producido más de una decena de muertes -oficialmente se informó de ocho- y pérdidas por más de U$S 6,5 millones, de acuerdo a los cálculos de la Federación Económica de Tucumán (FET). Y esa indignación contra las autoridades de la Provincia se alimentó considerablemente con la represión de la Policía contra los manifestantes que llenaron la plaza Independencia para pedirles la renuncia al gobernador José Alperovich y a sus funcionarios.

Después de siete meses de arduo trabajo, en julio de 2014 los fiscales Giannoni y López Ávila pidieron que se enjuiciara a todos los cabecillas (Diego Herrera, Pablo Pérez, Federico Castro, Eugenio Mamaní, Ángel Chaile, Walter García, Miguel Toledo, Flavia Bedmar, Sergio Hogas, Néstor Salinas, Diego Urquiza y Luis Herrera), al ex jefe Racedo y a los otros 35 miembros de la fuerza por sedición agravada por ser miembros de la fuerza de seguridad y por ostentación de armas de fuego; incitación a la violencia colectiva contra la Policía; impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra; privación ilegítima de la libertad y coacción agravada con el fin de obtener concesiones del PE; hurto calamitoso agravado y robo calamitoso agravado. A varios de ellos se les sumó además la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El expediente quedó en manos del juez Pérez, el mismo que había sido cuestionado por los fiscales por no haber permitido el allanamiento de la Subjefatura. Sin que se conocieran los motivos del cambio de magistrado, fue la jueza Mirta Lenis de Vera la que aceptó en noviembre de 2015 el planteo de los fiscales. Los jueces de la Cámara de Apelaciones, Enrique Pedicone y Eudoro Albo, en febrero de 2018, resolvieron todos los planteos y confirmaron la elevación a juicio. Pero Tucumán es Tucumán y apareció otro escollo.

Más problemas

Por sorteo, se definió que los jueces de la Sala III debían desarrollar el debate. Pero era el tribunal que acaba de iniciar el juicio por la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos, audiencias que se extendieron hasta febrero de 2019. Los magistrados Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti tuvieron un importante retraso en su agenda, lo que complicó aún más el comienzo del debate.

Fuentes de la sala confirmaron que se siguen los trámites legales, pero no está ni cerca de empezar. No sólo porque se deben cumplimentar con varios pasos procesales, sino que además la Corte Suprema de Justicia de la provincia, tal como lo habían solicitado los magistrados, no establecieron el lugar donde se realizará el juicio, puesto que por la cantidad de imputados no hay una sala con tanta capacidad. “Se ha pensado en un teatro o en un estadio cerrado, pero hay que ver”, comentó una fuente.

Hasta ahora la fecha tope es el 1 de septiembre. Si el debate no se inicia hasta ese día -que es lo más probable que ocurra-, por la reforma judicial de la provincia, la causa ingresará a lo que se denomina régimen residual, porque forma parte de un expediente instruido con el actual código y que no podrá ser tratado con el nuevo digesto.

Tres situaciones

En otras palabras, el expediente quedará en una verdadera caja de Pandora, donde se pueden generar tres situaciones. Posibilidad 1: que se designe un nuevo tribunal para que desarrolle el juicio, lo que demoraría otros dos años. Posibilidad 2: que los imputados decidan acogerse a un juicio abreviado para recibir una pena menor, aunque es poco probable porque todos tendrían que declararse culpables. Posibilidad 3: que el caso quede impune, situación que se repite a lo largo de la historia de nuestra provincia con los episodios más trágicos.