09 Junio 2020
ARCHIVO LA GACETA
La ONG Andhes, que representa a la familia de "Lucía" en el caso por abuso sexual en su contra, denunció que el Estado provincial está en mora con el cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas por el Poder Judicial en favor de la víctima. Además, la organización de letrados expresó que no recibió ninguna comunicación oficial por la decisión de la defensa de no avanzar con el pedido de arresto domiciliario para el condenado por el caso.
"No fuimos notificados de una posible reprogramación ni de los motivos de la suspensión", indicó el organismo, que reúne a abogados y abogadas del norte argentino abocados a causas relacionadas con los derechos humanos.
En ese sentido, la ONG recordó que "Lucía" -como se la identificó, para resguardar su verdadera identidad- tenía 11 años cuando fue víctima de abuso sexual por parte de la pareja de su abuela. "Producto de esa violación quedó embarazada. Durante casi un mes y medio, el Estado obstaculizó el acceso a la interrupción legal del embarazo, tal cual lo había solicitado la niña", señaló Andhes hoy.
Destacó que en febrero de este año, el acusado fue condenado en un juicio abreviado a 18 años de prisión por el delito de “abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia”.
"Durante el juicio, solicitamos al tribunal (penal) el seguimiento de la condena, con la premisa de cuidar a 'Lucía', y que la pena sea de cumplimiento efectivo. Además, la sentencia incorporó medidas para garantizar la no repetición de este delito", sostuvo el organismo, a través de un comunicado que difundió en sus redes.
Reiteró que, en ese contexto, la Justicia provincial dictó medidas de reparación en favor de la víctima. "Solicitó al Poder Ejecutivo asistencia psicológica gratuita para 'Lucia', una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia. Todavía no se cumplió con la beca ni la asistencia social. Tampoco el Poder Ejecutivo tucumano cumplió con lo que la jueza de Familia, Valeria Brand, le había ordenado: un trabajo y una casa a la mamá de la niña", insistió el organismo.
Pedido y marcha atrás
El condenado por el caso "Lucía" había solicitado el acceso a la prisión domiciliaria, afligido por un posible contagio de coronavirus covid-19 en la cárcel. Sin embargo, la defensa dio marcha atrás y declinó de ese trámite.
El abogado José Luis Robles explicó que el propio defendido había renunciado a la idea de solicitar el cambio de modalidad de detención, teniendo en cuenta que ello implicaría salir de la provincia y reubicarse en Córdoba. En la presentación inicial, figuraba como lugar de alojamiento una vivienda familiar de la localidad Salsipuedes, situada en las Sierras mediterráneas.
“Teníamos prevista una audiencia mañana (por hoy) para debatir nuestro planteo. Pero el servicio penitenciario nos envió un informe expresando que mi defendido, ante un equipo interdisciplinario, había manifestado que no accedía a irse a la provincia de Córdoba. Prefería quedarse en el penal (Villa Urquiza)”, remarcó el letrado.
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