No se habla de adhesión sino de una adopción de la “Ley Micaela”. El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó ayer -por unanimidad- su propia norma en materia de capacitación en violencia de género y contra las mujeres. “Respeta los preceptos fundamentales de la ley, su esencia”, aseguró el peronista Marcelo Albaca, impulsor de la iniciativa y único orador del tema en la sesión. Expresó que se trata de una “adopción de la ‘Ley Micaela’”.
El concejal señaló que distintos sectores políticos entendían que hay fracciones de la sociedad que no estaban de acuerdo con algunos puntos de la norma a la cual se adhirió Tucumán hace un mes (N° 9.247), por lo que se buscó “un proyecto que convenza mayoritariamente a todos, aún en las disidencias”.
La ordenanza aprobada, que contaba con el dictamen de las comisiones de Salud Pública y de Peticiones, Poderes y Legales, consta de seis artículos. Se señala que será obligatoria la capacitación “en la temática de género, violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar y derechos humanos, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, abarcando el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), Tribunal de Faltas y Honorable Consejo Deliberante”.
La norma establece también la creación del área de Problemáticas de Género, Familia y DDHH, quedando instituida como autoridad de aplicación. Se indica también que las máximas autoridades de los organismos mencionados serán los responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, que deben ser aprobadas previamente por el área creada.
Se precisa que “el área de Problemáticas de Género, Familia y DDHH, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente norma, y que allí “se publicará una reseña biográfica de Micaela García y su compromiso social, así como las acciones del Estado vinculadas a la causa penal por su femicidio”. También se establece que se debe cumplir con la capacitación para acceder a la percepción de adicionales salariales como extensiones horarias, bonificaciones y/o ascensos.
El 21 de mayo, la Legislatura adhirió -por mayoría- a la Ley Nacional N° 27.499, que establece una capacitación obligatoria para los agentes de los tres poderes en materia de género y violencia contra la mujer.