El defensor de Morelli rechazó la crítica “ignorante”

Los cuestionamientos a los sobreseimientos dictados por el juez Guillermo Acosta “son atrocidades que pecan de ignorancia”, según Pedro Brito, abogado defensor de los beneficiarios de aquella decisión: el ex intendente de Concepción y legislador oficialista, Osvaldo Morelli, y su hijo, el funcionario provincial Franco Morelli. “El juez (Acosta) sólo aplicó la ley (el Código Procesal Penal de 2016) que sancionó el mismo legislador que criticó la sentencia (el radical José María Canelada)”, expresó Brito en un mensaje de texto.

“Este legislador dijo que el sobreseimiento de los Morelli es una cachetada para los tucumanos, lo cual es algo absolutamente politizado pues no todos los tucumanos somos de su partido”, manifestó el abogado. A continuación, repudió la descalificación de quien aplica la norma vigente. “Quien quiera una solución distinta, que cambie la ley”, propuso. Brito agregó que en la audiencia que derivó en la declaración de inocencia fue constatado el vencimiento del plazo de seis meses para desarrollar la investigación penal preparatoria: “no tiene nada que ver lo que invocaron la Fiscalía (a cargo de Mariano Fernández) y la querella (del secretario de Gobierno de Concepción, Julio César Herrera), quienes hablaron de la corrupción y de los pactos internacionales sobre este tema, pues nuestro planteo fue eminentemente procesal”.

El defensor afirmó que lo que importaba era saber qué actividad había habido en la causa. “¿Estuvo activa o no? Eso nada más. Cargaron con su negligencia y el resultado fue el que ordena la ley hecha por nuestros legisladores”, opinó.

El 30 de junio, y mediante una exposición virtual de dos horas y media, Acosta cerró respecto de los Morelli el proceso abierto en 2016 para dilucidar las irregularidades detectadas en la Cooperativa de Trabajo Miguel Lillo. El intendente Roberto Sánchez (UCR) y Herrera habían denunciado anomalías correspondientes a la erogación de alrededor de U$S 7 millones de fondos municipales durante la administración Morelli. Con impugnaciones intensas a la actuación de Herrera y, en particular, del fiscal Fernández, Acosta enfatizó que la investigación había estado parada durante 21 meses.

“El fallo del juez Acosta confirma que en Tucumán existe un sistema aceitado de impunidad para los poderosos. Es vergonzoso que haya quedado en la nada una denuncia tan grave. El sobreseimiento es una cachetada para quienes creemos en la república y en la transparencia”, había dicho Canelada. Alejandro Molinuevo, edil de Concepción (UCR), había expresado por su parte que las causas de corrupción “no debían prescribir”.