Por Martín Soto
13 Julio 2020
CEVIL POZO. Monteros ponderó la necesidad de que se pueda visitar a todos los fallecidos en un mismo lugar. LA GACETA / JORGE OLMOS SGROSSO
Desde que se decretó la cuarentena para combatir la propagación del coronavirus en el país, la Legislatura de Tucumán aprobó dos leyes mediante las cuales autoriza expropiaciones de terrenos, en Banda del Río Salí y en Aguilares, para la ampliación de los cementerios municipales. Además, aún en comisiones, se encuentra una iniciativa similar para Famaillá.
Tucumán se encuentra actualmente con una situación epidemiológica controlada, según informaron las autoridades sanitarias. La ministra de Salud Rossana Chahla y su equipo remarcaron que no hay circulación viral en la provincia, sólo casos por contactos estrechos que se encuentran controlados. Pero a mediados de marzo, con los primeros casos, la Provincia también había hecho previsiones de un escenario adverso para prepararse de manera preventiva.
En los municipios mencionados, los inconvenientes por el desborde de los camposantos datan de años y décadas atrás. Pero la pandemia aceleró la decisión política de solucionar estos problemas. Eso se reconoció durante la última sesión de la Cámara, cuando se autorizó la expropiación de seis hectáreas lindantes al cementerio de Cevil Pozo, en Cruz Alta, donde actualmente hay plantaciones de limón. La iniciativa, impulsada por el oficialista Gonzalo Monteros, fue respaldada por la mayoría, excepto por los legisladores de Fuerza Republicana.
Los bussistas, en la voz de Nadima Pecci, cuestionaron que se expropie tierra productiva, con plantaciones jóvenes de limones (hoy propiedad de Argenti Lemon SA), lo que -dijo- representará una fuerte erogación de las arcas ya que se cotizaría en dólares. El planteo provocó cruces con el oficialismo, que respaldó los estudios del equipo técnico que recomendó la expropiación de esas tierras por ser lindantes.
“No es casual”
El presidente del bloque Justicialista de Todos, Roque Álvarez, remarcó que era la segunda vez que el tema llegaba al Recinto (primero se pedía expropiar unas 11 hectáreas) y que es necesaria la ampliación. Además, repasó que en la comisión de Legislación General se estudia un proyecto de ampliación del cementerio de Famaillá (impulsado por Sandra Mendoza). Y recordó que en abril se aprobó una iniciativa similar -por 2.500 metros cuadrados- para descomprimir el camposanto de Aguilares (Ley 9.246, promulgada en mayo).
“Uno no quería producir una psicosis, pero no es casual que en esta Legislatura y en época de pandemia tengamos tres proyectos de ampliación de cementerios”, explicó Álvarez. El taficeño remarcó que “felizmente no explotó la pandemia” y que espera que eso no pase. “Más vale abrir el paraguas que tenerlo cerrado”, reflexionó.
Federico Masso (Libres del Sur), en tanto, advirtió que “nadie tiene la brújula respecto a la pandemia”, y consideró oportuno plantear un escenario de máxima y de mínima. “Creo que con estas expropiaciones se han tenido en cuenta en función de un posible peligro que tenemos por la pandemia; debemos estar preparados para dar respuestas”, señaló.
Desesperación
El intendente de Famaillá, José Orellana, planteó que el cementerio local quedó en una zona muy urbanizada de la ciudad y que casi no cuenta con espacios disponibles, por lo que es necesario reubicarlo. “Estamos en un estado de desesperación”, le dijo el jefe municipal a este diario.
Ante este marco, Mendoza, esposa de Orellana, reflotó una vieja iniciativa. Explicó que se había propuesto un terreno, pero que se dieron con las napas elevadas por lo que están buscando otro. “Ojalá que Dios nos dé la bendición y no haya una catástrofe, sino no tenemos dónde sepultar (los cuerpos). Pero es una necesidad, no es porque sí”, remarcó. Dijo, además, que en la propuesta se contempla una expropiación de unas 10 hectáreas.
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