14 Julio 2020
EN SESIÓN. El legislador oficialista Morof impulsa el proyecto. FOTO/ PRENSA LEGISLATURA
Legisladores del bloque oficialista Justicialista de Todos impulsan un proyecto de ley que apunta a establecer una sanción drástica entre quienes violen la cuarentena, y que incluye a quienes alienten a otros ciudadanos a incumplir con las medidas de contención del coronavirus.
La iniciativa prevé una especie de "probation", consistente "en la realización de servicios comunitarios en hospitales y centros de atención de pacientes que padezcan la enfermedad transmitida por el virus covid-19, a aquella persona que por cualquier motivo o medio manifestare, publicare o expusiera de manera verbal o escrita su oposición a las medidas de aislamiento social obligatorio", o que "alentaren a otros" a actuar en contra de esas normativas.
El texto fue impulsado por el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Morof, y cuenta con el apoyo de los también oficialistas Daniel Deiana, Eduardo Cobos, Tulio Caponio, Gonzalo Monteros y Raúl Ferrazzano.
La iniciativa, además, prevé la creación del "registro de personas infractoras" dentro del ámbito del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Los individuos que figuren allí no tendrán prioridad en caso de contagiarse y necesitar un respirador, si es que también lo requiere un paciente no incluido en dicho registro.
Según el proyecto, quienes atenten contra las medidas de aislamiento deberán "realizar las tareas comunitarias en los días, horas y por el tiempo que determine el Siprosa" en la reglamentación, "teniendo en cuenta la gravedad de la falta"
En los fundamentos, los legisladores hicieron énfasis en la gravedad de las cifras que arrojó la pandemia de coronavirus en otros lados del mundo.
"Tucumán se posiciona como una de las provincias con menos casos (del país), totalizando 91 contagios, 45 personas recuperadas y cinco fallecidas", consignaron Morof y sus pares. Recordaron distintas normativas sancionadas a propósito del nuevo virus, como la ley 9.249, que establece el uso obligatorio de barbijos; y la ley 9.263, que fija "sanciones pecunarias contra las personas físicas o jurídicas que manifestaren en contra de profesionales de salud".
"Se advierte sin embargo con mayor fuerza (que se registran) manifestaciones en contra de una de las medidas esenciales que nos permite tener una situación controlada, que es el aislamiento social obligatorio", recordaron los oficialistas.
Además, justificaron la decisión de que, en caso de figurar en el registro de infractores, los pacientes cedan la prioridad a otros enfermos que necesiten eventualmente de un respirador. "La medida no constituye discriminación de manera alguna, ya que las personas que de manera deliberada rompen el aislamiento, están arriesgando su vida", indicaron Morof y sus pares.
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