En Diputados, el oficialismo busca acuerdo con opositores para sancionar la Ley de Moratoria

La intención del bloque que conduce Máximo Kirchner es que el proyecto del plan de pagos diseñado por el Gobierno llegue el jueves al recinto.

DEBATE. Desde la bancada oficialista de la Cámara de Diputados buscan que el jueves se apruebe la Ley de Moratoria. DEBATE. Desde la bancada oficialista de la Cámara de Diputados buscan que el jueves se apruebe la Ley de Moratoria. TÉLAM
19 Julio 2020

El Frente de Todos buscará alcanzar acuerdos con los bloques opositores en Diputados, con el objetivo de sancionar esta semana la Ley de Moratoria Impositiva y Previsional, que contempla la posibilidad de regularizar deudas fiscales acumuladas hasta el martes 30 del mes pasado.

La intención de la bancada oficialista -que conduce Máximo Kirchner- es que el proyecto del plan de pagos diseñado por el Gobierno llegue el jueves al recinto, luego de que la Comisión de Presupuesto y Finanzas emita el dictamen, en la reunión convocada para las 11 del martes.

De ser posible, el oficialismo también pretende avanzar en el aval para la extensión y para la ampliación del Presupuesto 2019, que continúa vigente, para reforzar las partidas del PAMI, de la Tarjeta Alimentar y para el apoyo al sector productivo.

El envío de este último proyecto fue confirmado durante las últimas jornadas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para aumentar los recursos para las políticas de cuidado de la salud y de ayuda como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y para los créditos blandos y moratorias para las empresas, que se están implementando.

Más allá de la intención del oficialismo, lo concreto es que las autoridades de los bloques parlamentarios serán quienes definan la fecha de la sesión, luego de que de que la comisión de Presupuesto y Hacienda -de manera virtual- emita el dictamen.

El presidente de esta comisión, Carlos Heller, dijo que buscarán dar dictamen al proyecto de moratoria, que tiene un carácter generalizado debido a que amplía el número de beneficiarios comprendidos en la norma sancionada en diciembre pasado, que tuvo como eje a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).

El monto aproximado de la deuda comprendida en la moratoria ronda los $ 500.000 millones de pesos, según había precisado el jueves pasado la titular de la Administración Federal de Ingresos Púlicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Si bien la moratoria cuenta con el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios, desde Juntos por el Cambio (JxC) dijeron que insistirán con su propuesta de que las empresas deudoras de combustibles y de juegos de azar, o que están en proceso de quiebra de manera previa, no puedan acceder a este plan de pagos.

Esto había sido planteado en la reunión de comisión del jueves pasado por el macrista Luciano Laspina y por el radical Luis Pastori.

Desde ese bloque también insistirán con la necesidad de dotar de un "premio" a los contribuyentes que pagaron sus impuestos en término, mediante un crédito fiscal.

Desde el oficialismo la intención es emitir dictamen sin cambios y sólo dejar una facultad al Gobierno para que pueda ampliar la fecha tope de inscripción y para el pago de la primera cuota.

JxC definirá mañana o el mismo martes si firma el despacho con disidencia parcial o si termina presentando un dictamen propio.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo amplía la cantidad de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria aprobada en la ley de Solidaridad Social, que sólo alcanzaba a PYME, para moras acumuladas al martes 30 del mes pasado.

La iniciativa fija que habrá plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse y que la primera cuota vencerá el 16 de noviembre.

El proyecto establece que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas, mientras las obligaciones tributarias se podrán abonar en 96 o en 120 mensualidades.

La tasa de interés del plan de pago en cuotas será de un 2% mensual hasta enero de 2021. A partir de ese momento, regirá una tasa variable, en pesos.

Además, determina que las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas. (Télam)

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