Los transportes rurales, o la ilegalidad consentida

Los pobladores del sur de la provincia que deben movilizarse para sus actividades cotidianas han quedado atrapados entre la crisis del transporte y la emergencia derivada de la pandemia. Están obligados a movilizarse en autos rurales o “piratas”, los cuales han duplicado el costo de los pasajes, ya que, debido al protocolo sanitario vigente, no pueden llevar a más de dos personas, con lo cual los viajeros deben abonar el costo de los asientos vacíos.

Esta situación, revelada en nuestra producción del lunes pasado, que abarcó la realidad del transporte en zonas como Concepción, Huacra y Simoca, es una muestra del abandono que hay en el sistema que usa la población para trasladarse en el interior y que se repite, con variantes, en los cuatro puntos cardinales, más allá del Gran San Miguel de Tucumán. Muchas localidades carecían de líneas de colectivos y ya utilizaban los autos rurales que surgieron a comienzos de los 90 como una solución precaria aportada por las autoridades provinciales. Otras poblaciones, que tenían servicio de ómnibus, también comenzaron a utilizar los vehículos rurales debido a que estos ofrecían, por la misma tarifa del colectivo, una cierta comodidad y más frecuencias de viajes.

Todo esto, que allá por los años 90 tuvo un cierto control del Estado en cuanto a las exigencias de seguros para transporte de pasajeros y mediano control vehicular, se fue desvirtuando. Las cooperativas de transportistas rurales dejaron de existir y ahora proliferan los llamados ”piratas”, que circulan sin control. “Se trabaja para el día y eso desde el Gobierno lo saben. Si no hiciéramos esto nos tendrían que contener con planes laborales. Y eso representa una carga más para el Estado”, dijo un chofer. Carecen de representatividad gremial y de control de las condiciones en que desempeñan su labor.

El panorama actual es que los pasajeros, sin opciones para movilizarse, tienen que pagar el doble o bien recurrir al uso de motocicletas –vehículos que han entrado definitivamente en la vida de las familias- o, como ocurre en Simoca, a la generalización de transportes de tracción a sangre, como los sulkis. En esta localidad se dio la circunstancia especial de que ya la tarifa de los autos rurales era más cara, a causa del mal estado que tuvo durante años la ruta 157. Ahora que esa carretera ha sido reparada y que se encuentra en buen estado, las tarifas siguen siendo elevadas, y sobre eso se aplica el aumento por las exigencias de la pandemia.

“El problema se hace mucho mayor cuando los tabacaleros u otros gremios salen a cortar la ruta por diferentes reclamos. Entonces debemos hacer trasbordo y pagar aún más por el viaje. Esto sucede casi todas las semanas” añadió un trabajador que se desempeña en un comercio agrícola de La Cocha.

Si ya era cuestionable que en los últimos años se haya dejado al vaivén de la oferta y la demanda a la población, más lo es que en medio de la emergencia nadie asuma responsabilidades tanto en el cobro de tarifas abusivas como en las condiciones mínimas de seguridad en la prestaciones de servicios de transporte. Hay autoridades políticas, tanto ejecutivas como legislativas, en las diferentes circunscripciones, y también una secretaría de Transporte provincial que tiene responsabilidades en el funcionamiento del sistema. Deberían estar discutiendo los problemas que está agravando la emergencia y buscar opciones que ayuden a morigerar el impacto de esta crisis sobre los pasajeros.