04 Agosto 2020
MANDATARIO PORTEÑO. Rodríguez Larreta, en un recorrido reciente por un centro médico. Foto: Twitter @HoracioLarreta
El jefe de Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta (PRO-Juntos por el Cambio), confirmó la adhesión al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE). De manera paralela, el mandatario porteño anunció medias que incluyen un plan de prevención del embarazo no deseado, de asistencia a la mujer gestante y de agilización de las adopciones.
El referente del PRO, a través de un comunicado, recordó que la medida fue adoptada el 16 de julio por la Legislatura de esa jurisdicción. "Se sancionó con amplia mayoría (50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) la ley de adhesión al protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo (ILE) por causas justificadas", indicó Rodríguez Larreta.
El dirigente opositor a la Casa Rosada además adoptó una serie de directivas vinculadas con el tema. "Respetando esa decisión (del cuerpo legislativo), el Poder Ejecutivo de la Ciudad impulsará un conjunto de medidas para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y brindar información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección que enfrenta una embarazada", agregó el mandatario porteño.
De esta manera, el jefe de Gobierno determinó no avanzar en el veto de la ley, como lo reclamaron organizaciones "pro vida" en las últimas semanas, ya que esta medianoche vencía el plazo legal para hacerlo.
De todas maneras, Rodríguez Larreta anticipó también que trabajará en iniciativas como "esclarecer los períodos gestacionales" para la práctica y "los métodos más adecuados" que brinde el sistema de salud.
Además, impulsará la creación de un "programa de derivación de prácticas de ILE que ofrezca una alternativa a las instituciones con un ideario fundacional distinto al promovido en la ley".
Vigente desde 1921
El protocolo nacional establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal Argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo proviene de una violación o representa riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante. Se trata de una normativa vigente a nivel nacional, a diferencia de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE, o aborto legal y gratuito, cuya sanción fue rechazda la última vez que fue tratado en el Congreso de la Nación).
Entre otros cuestiones, el protocolo establece que las personas gestantes que quieran acceder a una ILE solo deberán dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que afirme que su situación está entre los casos comprendidos por la ley para la intervención.
Agrega que "la decisión de la persona es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas", al tiempo que indica que "no deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la prestación de una ILE, ya que ponen en riesgo la salud de quien requiere la práctica".
En los casos de niñas y adolescentes víctimas de violación, indica que "la Justicia sólo debe intervenir para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para la sanción del victimario. No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE, ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente".
Además, plantea que el "profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio".
Tensiones en suelo porteño
Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo; y como consecuencia regía una guía de procedimiento recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La medida fue votada por la Legislatura y, tal como lo establece la Constitución porteña, el Ejecutivo contaba con diez días hábiles, desde la recepción del documento enviado por el Parlamento, para promulgar la ley o vetarla, plazo que se cumplía esta noche a las 24, según lo indicado por fuentes del Ejecutivo.
Desde su sanción, agrupaciones denominadas "celestes", que se oponen a la ILE y a la legalización del aborto, realizaron campañas en redes sociales y confluyeron en la Legislatura para pedir por la anulación de la ley.
Un día después de la votación en la Legislatura, el Arzobispado de Buenos Aires advirtió que la medida "contradice las garantías constitucionales a favor de la vida más desprotegida: la de un ser humano por nacer".
Bárbara Diez, la esposa del jefe de Gobierno porteño también fijó su postura contraria a lo aprobado por los diputados con una publicación en su cuenta de Instagram. “La Ciudad se paralizó para salvar vidas durante esta pandemia. ¿No es cuánto menos incongruente que a la misma vez se haya votado un protocolo de muerte para bebés de hasta 7 meses de gestación? Estamos haciendo todo lo posible como sociedad para salvar vidas. ¿De qué estamos hablando?”, había expresado Diez. (Télam)
Lo más popular
