Piden el “staff” y los criterios de ascenso a Navarro Dávila

El Ministerio Público de la Defensa de la provincia recibió la oportunidad de demostrar cuán “público” es: el legislador radical José María Canelada pidió al titular de esa institución, Washington Navarro Dávila, que se atenga a la Constitución y a los tratados internacionales, y suministre una serie de datos relativos a designaciones y promociones del personal. Canelada hizo la presentación ayer luego de que trascendiera que en menos de ocho meses Navarro Dávila había firmado dos ascensos interinos para su hija, la abogada Magdalena Navarro Vitar. La petición está dirigida a obtener el staff y los criterios de promoción aplicados en la Defensa en virtud de que ese órgano no brinda acceso libre a las resoluciones administrativas.

La nota remitida al jefe de los defensores oficiales de Tucumán requiere información sobre la planta recibida y la creada a partir del 31 de octubre de 2018, cuando comenzó la gestión de aquel. Navarro Dávila es el primer titular de la Defensa: fue nombrado discrecionalmente por el gobernador Juan Manzur luego de que la Legislatura dividiera el Ministerio Público en una institución para defender, y otra para acusar y fiscalizar la legalidad, y emancipara a los órganos resultantes de los controles que desempeñaba la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Con el ánimo de conocer “el antes y el después” de la incorporación de Navarro Dávila desde el punto de vista del manejo del staff, Canelada le solicitó la cantidad de empleados que prestaban servicios a octubre de 2018 y la cantidad actual. Además, el opositor solicitó una nómina “total y pormenorizada” con nombres y apellidos; números de documento; fechas de ingreso (día, mes y año); categorías; tipos de vínculo laboral (planta permanente, transitoria, locación de servicios, etcétera); funciones y tareas, y modalidades de ingreso.

“Le requiero, además, los criterios, los fundamentos y la metodología institucional de selección de empleados y funcionarios de cualquier carácter; los parámetros para aumentar el número de personal, y los factores considerados para determinar los ascensos y adscripciones”, escribió Canelada a Navarro Dávila. Y añadió que la concesión de la información concernía al cumplimiento de la exigencia republicana de la publicidad de los actos de gobierno. “Solicito esta respuesta con base en el ejercicio democrático de la libertad de todo ciudadano a peticionar a las autoridades”, dijo.

“No son datos secretos”

Canelada recordó que el derecho al acceso a la información pública sobre las actividades de la administración estatal constituye una exigencia elemental de la democracia: “como ha dicho el Poder Judicial, se trata de un derecho humano fundamental, un instrumento para la participación ciudadana y para garantizar otros derechos, y, por último, resulta indispensable para el control de la cosa pública. Es obligación del Estado no sólo abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente el acceso a la información, sino adoptar medidas concretas para afianzarlo”.

Después de citar la jurisprudencia y la normativa que avalaba su petición, el legislador advirtió que la información que requería no podía ser considerada secreta: “no afecta de manera alguna al funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa ni requiere producción ni existe impedimento para otorgarla en un plazo razonable”.

El debate sobre el impacto del nepotismo en la Justicia empezó a finales del mes pasado, con la revelación de que los hijos de tres vocales (Claudia Sbdar, el Antonio Daniel Estofán y Daniel Posse) trabajaban en la Corte Suprema. La situación laboral de estos descendientes surge de las acordadas que el alto tribunal publica desde hace ya casi una década en el portal institucional. En Tucumán no existen leyes de ética ni de acceso a la información públicas: por ello no hay una regulación para los casos de nepotismo y tanto el órgano de Navarro Dávila como el Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez se resisten a difundir sus decisiones internas. En la faz nacional, los reglamentos de los ministerios públicos fiscal y de la Defensa vedan con matices la posibilidad de nombrar familiares en las defensorías y fiscalías federales (se informa por separado).

No es la primera vez que Canelada invoca su derecho a acceder a la información pública para “abrir” los planteles de las instituciones. En 2018, el legislador llegó a iniciar un juicio en la Cámara en lo Contencioso Administrativo con el fin de obtener los datos de la Junta Electoral Provincial, instituto que, por una reforma de aquel año, integran Navarro Dávila, Jiménez y Sbdar. En virtud de esa judicialización, el órgano encargado de fiscalizar los comicios entregó datos que expusieron que, con base en designaciones discrecionales, la planta había crecido el 45% en los últimos tres años.

Los foristas opinan: ¿Cómo frenar el nepotismo?

Avalancha de comentarios.- La serie de noticias que LA GACETA ha publicado en sus distintas plataforma sobre el nepotismo judicial ha generado una participación activa de los foristas, quienes opinaron y exigieron respuestas a las autoridades. La reacción y el interés llevó a que LAGACETA.com.ar abriera ayer una convocatoria de ideas para frenar la tendencia a otorgar los cargos públicos con criterios familiares o de amistad. A continuación presentamos una selección de las propuestas que dejaron los comentaristas. A ellos, ¡muchas gracias por contribuir al debate!

Leonardo Sebastián Roda.- “Renunciar y dar marcha atrás con el regalo para su hija (Magdalena Navarro Vitar) es lo único que tiene que hacer este hombre (Washington Navarro Dávila)”.

María Robin.- “En Tucumán hay que terminar con las monarquías... Y ninguna persona debería postularse más de dos veces para un cargo. No puede seguir esa rotación de cargos públicos de por vida”.

Gustavo Cravero.- “Hubo muchos intentos de legislar reglas anti-nepotismo en Tucumán, pero lamentablemente siempre fracasaron en la Legislatura: el porqué me parece más que obvio. La corrección de estas actitudes, casi naturalizadas en todos los estamentos de la administración pública provincial, solo se logrará a través de un profundo cambio cultural que la sociedad tucumana debe darse y que, por su historia, merece. Sólo la construcción, o mejor dicho, la reconstrucción de una plena ciudadanía logrará este objetivo”.

Reinaldo Herrera.- “Para evitar el nepotismo, una ley debería otorgar un cupo prudente de poder para designar a familiares, pero en un sector distinto y previo concurso. La ley debería establecer que, en el caso de transgresión, habrá medidas correctivas”.

Luisa del Tránsito Muse.- “El remedio es la rebelión. Debemos rebelarnos contra el nepotismo; alzar la voz sin miedo a las represalias, y dejar la indiferencia ante las conductas repudiables de gente que se cree superior y sumerge a la provincia en la pobreza. Tenemos tres homicidios en un fin de semana y ellos se siguen ascendiendo a sí mismos. Vergonzoso”.

Juan Marcos Rougés.- “Todavía, señores, no han conocido del todo al nepotismo. Es la antitransparencia. Todos están expuestos a las intrigas del poder. Se supone que, si son parientes o allegados se llevan bien, que todos se entienden, que nadie conspira porque son ‘amigos’. Pero, señores, en ese terreno, en el terreno de lo oculto, no sufre solo quien es complaciente, sufre Juan Pueblo que no tiene nada que ver (salvo, quizá, que eligió a sus gobernantes) porque no sabe cómo funcionan los hilos del poder. Ese es el verdadero peligro”.