11 Agosto 2020
AUDIENCIAS. El proyecto de reforma de la Justicia, que el presdiente, Alberto Fernández, envió al Senado, viene siendo debatido en comisiones. TÉLAM
El proyecto de Ley de Reforma de la Justicia que el presidente, Alberto Fernández, envió al Senado fue analizado hoy en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde se presentaron -de manera remota- la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.
Además, una decena de invitados expresaron su apoyo o sus reparos a la iniciativa, que continuará siendo debatida en comisión durante los próximos días.
La ministra Gómez Alcorta ponderó el proyecto porque, según defendió, incluye dos artículos en los que se tiene en cuenta el acceso igualitario a la justicia. "Cualquier mecanismo que promueva la participación, como cuotas o la paridad en el equilibrio de los géneros, son acciones muy positivas", afirmó.
La funcionaria mencionó que la iniciativa incluye cuestiones de género centrales; y mencionó el artículo 16°, que establece que el Consejo de la Magistratura procederá a elegir las listas teniendo en cuenta y respetando la diversidad de géneros.
Por su parte, Martínez consideró que la reforma debe hacerse, porque es necesaria y muy urgente. Pero consideró que como está planteado el proyecto tiene algunos problemas, ya que remite a un modelo antiguo.
En la tercera audiencia de debate, Martínez sostuvo ante los senadores que sería conveniente introducir modificaciones. "Se crea una cantidad muy grande de Juzgados (en el fuero federal) 46; y 45 fiscales y sólo 12 Defensorías. Con ese déficit no se puede funcionar", dijo.
El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación y fiscal Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos Rívolo, cuestionó que siga sin aplicarse el sistema acusatorio. "El proyecto ingresado arroja comparativamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la Provincia de Buenos Aires una cantidad desequilibrada de Fiscalías. Para la Ciudad, con 3,8 millones de habitantes, tendríamos 46 Juzgados y 35 Fiscalías. Para la provincia, con sólo 3,5 millones de habitantes en el Conurbano, habría 27 Juzgados y 19 Fiscalías", describió.
A su turno, Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, destacó que el proyecto sigue quedando centrado en una lógica de creación de Juzgados y Fiscalías, que implica una mirada contraria al avance y la implementación del sistema acusatorio. "El proyecto no puede estar basado en la creación de juzgados", indicó.
Por su parte, Alejandro Fargosi, letrado miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 1978 y ex consejero de la Magistratura, destacó que si el fundamento de la reforma es evitar la politización de la justicia, no hay que crear jueces, sino juzgar a los culpables. "El problema no es la cantidad, sino la calidad de los jueces", expresó.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez -miembro de la comisión que asesora al Presidente en este tema- elogió la idea del proyecto de transferir competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). "Fue una política de Estado que arrancó con el gGobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, cuando los jefes de Gobierno de CABA eran Aníbal Ibarra y Mauricio Macri", dijo.
Sin embargo, cuestionó la idea expresada por el senador oficialista Oscar Parrilli, de incluir la facultad para los jueces de denunciar a los medios como "fuentes de presión". "Eso es contrario a los tratados de derechos humanos y a la libertad de expresión", manifestó.
El representante del espacio Gente de Derecho, Jorge Rizzo, por el contrario, cuestionó el traspaso de fueros a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque no mejorará la situación de los justiciables y generará clientelismo. "En la Justicia porteña hay una mesa judicial. Y esa situación debe ser tenida en cuenta a la hora de procederse al traspaso de esas facultades", denunció Rizzo.
La fiscala de los tribunales federales de Comodoro Py Gabriela Baigún, manifestó que está de acuerdo con una reforma del Código de Procedimiento Federal. "Este es el momento. Nunca hay un momento adecuado. Esta justicia federal de la CABA, en contradicción a todo el sistema acusatorio que rige en todo el país, constituye un poder judicial que se comporta de manera feudal, que no es transparente", sentenció.
El presidente del Instituto de Estudios Legislativos, Fernando Díaz Cantón, argumentó que el propósito que este proyecto se impone llevar adelante va en contra de lo que realmente se propone que se sancione. "Se procura recorrer un camino que garantice la real independencia de los jueces del poder político, económicos y de actividad de inteligencia. Pero resulta que cuando uno lee el proyecto se da cuenta de que los jueces que se están designando son jueces investigadores. Estamos llenando la Justicia federal de personas que no pueden cumplir el rol de juez porque son investigadores", explicó.
Finalmente, la titular de la Fiscalía Criminal y Correccional 16, Mónica Cuñarro, calificó a los tribunales federales de Comodoro Py como el único poder fáctico que tiene hoy la Argentina. "Hay que robustecer al Ministerio Público fiscal y no al juez", propuso.
El plenario de las comisiones continuará mañana desde las 10. (télam)
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