El Senado se prepara para reanudar el debate del proyecto de ley para la reforma del Poder Judicial de la Nación.
Este martes, fiscales, ex jueces y constitucionalistas se expedirán sobre la propuesta enviada a la Cámara Alta por el presidente, Alberto Fernández. Será la última ronda de disertantes convocada ante el plenario de comisiones a cargo de elaborar el dictamen definitivo.
El evento tendrá lugar un día después de la denominada "Caravana por la República", convocada por sectores opositores al Gobierno nacional para rechazar la reforma judicial y otras políticas de la conducción peronista.
Con la mira en el miércoles 26
La audiencia en el Senado para analizar el proyecto de ley comenzará a las 13 del martes, según la convocatoria de la oficialista María de los Ángeles.
Los expertos fueron invitados a solicitud de las bancadas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.
La intención de los bloques que responden a la Casa Rosada es que la propuesta esté en condiciones de ser tratada en el recinto en la sesión prevista para el 26 de agosto.
Una vez cerrada la lista de expositores, los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales volverán a reunirse para definir cambios y correcciones que se introducirán al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Fuentes del oficialismo y de la oposición coincidieron en que no están descartadas algunas modificaciones al texto oficial, en base a las sugerencias escuchadas a lo largo de las audiencias. Una de ellas es la creación de más juzgados federales. De todas maneras, parece difícil que el espíritu de la iniciativa sea alterada en esta instancia.
Entre los expositores convocados para este martes se incluyó a Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, quien ya expresó que reforma "no es anticonstitucional". De todos modos, señaló que hay puntos con los que no concuerda, como la creación de más juzgados que fiscalías.
El presidente del Colegio de Abogados de CABA, Máximo Fonrouge, y el constitucionalista Eduardo Barcesat fueron pedidos también como oradores para la nueva audiencia por senadores de la oposición y el oficialismo, respectivamente.
También fueron invitados Lucila Larrandart, exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín y Miguel Caminos, exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal 3, quien dejó su cargo en febrero último tras el anuncio del proyecto oficial de recorte de jubilaciones de magistrados.
Alejandro Guillé, procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y miembro del Consejo de Procuradores y Fiscales de la Argentina, y Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina son otros de los llamados a exponer.
Emilio Porras Hernández, Procurador General Adjunto de Chubut; Carlos Ceijas, defensor oficial del Ministerio Público de la Defensa; el fiscal Ricardo Peyrano; el juez en lo criminal y profesor de Historia Económica de la UBA, Ricardo Rojas, y Héctor Chayer, coordinador del Programa Justicia 2020 ideado durante el gobierno de Cambiemos, fueron sumados a la audiencia del martes.
A pedido del oficialismo, se invitó además al exjuez de la Cámara Federal Carlos Rozanski, quien ya se expresó a favor de la reforma; a Jorge Auat, exfiscal miembro de la agrupación Justicia Legítima, y a un representante a definir del colectivo Mario Bosch, que reúne a letrados querellantes en causas de crímenes de lesa humanidad.
La lista se completa con un representante a designar de la agrupación "los 12 de la Santa Cruz", entidad que nuclea a familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar.
El presidente de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli, declaró que el objetivo primordial que persigue el Gobierno con su iniciativa "es democratizar" a la Justicia y permitir "el acceso del pueblo a la justicia", algo que calificó como "una deuda de la democracia".
La vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, adelantó el rechazo de la oposición al señalar que "no se trata de nombrar más jueces como propone esta reforma judicial sino aplicarles lo que dispone la Constitución y remover a los jueces malos".
"A la gente le dicen que con esta reforma crearán nuevos cargos para que la Justicia brinde respuestas con mayor celeridad pero no es así porque para conseguirlo deberían modificar los procedimientos, ejecutar el sistema acusatorio y eliminar los expedientes en papel", explicó. Y advirtió que la norma "tiene medidas que atentan contra la calidad institucional".
Principales puntos
Entre sus principales puntos, la reforma unifica el fuero Criminal y Correccional con el Penal Económico y los fueros Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo.
También prevé abrir casi un centenar de juzgados federales en todo el país, crea 85 cargos de fiscales y 23 defensores y modifica el sistema de subrogancias, para cubrir por un año las vacantes que se generen. (Télam)