Por Martín Soto
12 Agosto 2020
LUIS ESPINOZA. Hay casi una decena de policías investigados por el caso. la gaceta / foto de osvaldo ripoll
El Poder Ejecutivo (PE) vetó una ley que había aprobado la Legislatura en la sesión del 23 de julio para que se cree en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (MPF) una línea telefónica de número corto para recepcionar denuncias de hechos delictivos en los que se encuentre involucrado personal de la Policía o del Servicio Penitenciario. Se argumentó que la norma cuenta con “contradicciones de técnica legislativa y de lógica jurídica”, según se precisó en el Decreto N° 1.389/7 del Ministerio de Seguridad, que lleva las firmas del gobernador Juan Manzur y de Claudio Maley.
La iniciativa, que había sido impulsada por el radical José Ricardo Ascárate, obtuvo dictamen unánime luego de ser debatida y mejorada en la comisión de Seguridad y Justicia, que preside el manzurista Gerónimo Vargas Aignasse. En los argumentos se planteaba que actualmente no hay dónde denunciar el accionar policial vinculado a la corrupción, mal desempeño, violencia y malos tratos entre otros. En su segundo artículo precisaba que “no será obligatorio que el denunciante que utilice la línea gratuita creada por la presente ley se identifique con sus datos personales”.
Justamente en ese punto hizo hincapié la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad, que planteó que el nuevo Código Procesal Penal (Ley n° 9.243), en su artículo 146, prohíbe en forma expresa las denuncias anónimas. “El proyecto debió declarar expresamente la excepción a la normativa específica del nuevo Código Procesal Penal o directamente reformar el artículo 146 del cuerpo legal citado. Por tales motivos, aconseja oponer el veto total al proyecto de ley en cuestión”, expresó el organismo.
En el decreto, en el que se incluyó diversas citas jurídicas, se indicó también que el secretario de Seguridad (Luis Ibáñez) consideró que el proyecto “estigmatiza el accionar policial y viola los principios de inocencia (...) dado que introduce la denuncia anónima en el proceso penal”.
“Tucumán atrasa”
Ascárate cuestionó que la ley aprobada no haya sido analizada por el MPF, que debía ser el organismo de aplicación, sino por el Ministerio de Seguridad. En ese sentido, marcó que esta cartera está bajo cuestionamientos por el accionar policial en casos como los de Walter Nadal, Luis Espinoza, Ismael Lucena, Facundo Ferreyra y Miguel Reyes Pérez. A su vez, marcó que una ley se modifica con otra, y que la metodología de denuncias anónimas no es inconstitucional dado que ya fue implementada por el Estado nacional, para hechos de corrupción, y en provincias como Santa Fe y Córdoba para denuncias de corrupción policial. “La Argentina adelanta, Tucumán atrasa”, resumió.
El radical embistió también contra la cartera de Maley. “Mientras exista un Ministerio que no quiera que se investigue a la Policía corrupta, la Policía de Tucumán no va a poder mejorar; o (existan) los comisarios que tiran muertos en otras provincias luego de una carrera cuadrera, la Policía no se va a depurar. Lamentablemente estamos minados por la mala política y la mala Policía”, lanzó.
Vargas Aignasse, en tanto, consideró que “es razonable el veto desde el punto de vista procesal” dado que el nuevo Código -que entrará en vigencia en Capital el 1 de septiembre- no admite denuncias anónimas. Sin embargo, se mostró abierto a trabajar en la comisión para volver a debatir en proyecto en la Cámara.
El también vicepresidente subrogante de la Legislatura, no obstante, manifestó que actualmente se pueden denunciar ante la Justicia los casos de uniformados vinculados en hechos delictivos. “Sabíamos que rozábamos con ese artículo (el 146 del nuevo Código Procesal Penal), pero nuestra apuesta fue tratar de que se entienda que era una ley especial”, le dijo a este diario.
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