10 Septiembre 2020
EN EL ESTRADO. Gerónimo Vargas Aignasse (al centro) coordinó una parte del debate en de la sesión de ayer. Foto: Prensa HLT
El vicepresidente primero del Poder Legislativo, el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, consideró "insuficiente" la respuesta que había enviado en julio pasado la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Claudia Sbdar, ante un pedido de informes girado desde el cuerpo legislativo para consultar sobre los presos liberados durante la cuarenta por orden judicial.
La controversia está relacionada con una resolución sancionada en junio por la Legislatura, en la que se apuntaba a constatar la veracidad de las versiones sobre los ceses de detención de imputados y condenados por delitos.
En principio, Vargas Aignasse había dicho que los vocales de la Corte "ignoraron" el requerimiento parlamentario, pese a que habían resuelto "pedir la información por unanimidad".
En su edición de hoy, LA GACETA publicó la respuesta que había enviado Sbdar al Poder Legislativo el 14 de julio, indicando que la Justicia provincial había dispuesto la libertad de 235 presos entre marzo y julio.
En la nota dirigida a Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura, la titular de la Corte añadió que las causas de las liberaciones, según surgía de los magistrados consultados, respondían, entre otras, al cumplimiento de condenas; el vencimiento de la prisión preventiva; el cese de la prisión por falta del pedido de prórroga por parte del Ministerio Público Fiscal; el cese de la prisión preventiva por pedido de las fiscalías; el cese de condena mediante juicio abreviado; la libertad asistida; la libertad condicional.
Vargas Aignasse se refirió hoy otra vez a este informe. "En una carilla, con una respuesta insuficiente, consigna la liberación de 235 presos entre marzo y julio. Pero no indica el nombre de las causas ni los juzgados intervinientes", sostuvo el legislador, que además preside la comisión de Seguridad y Justicia de la Cámara legislativa.
E insistió en que la resolución sancionada por unanimidad en junio pasado pedía "nombre y antecedentes de los presos libreados, la causa (por la cual estaban imputados o condenados) y el juez interviniente" en el proceso. "Esa información jamás llegó a la Legislatura", ratificó Vargas Aignasse.
La polémica sobre la liberación de detenidos resurgió a partir de la denuncia del juez del Tribunal de Impugnación, Enrique Pedicone, en contra del vocal de la CSJT, Daniel Leiva, por presunto tráfico de influencias y otros delitos. En su réplica, el integrante del máximo tribunal afirmó que Pedicone buscaba desviar la atención porque había liberado a más de un centenar de detenidos imputados por delitos graves.
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